La propuesta de cambiar el Esmad por una unidad de diálogo policial

Un proyecto de ley radicado por el senador Iván Cepeda plantea la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), argumentando la protección del derecho a la protesta social. La iniciativa choca de frente con los intereses del Gobierno que ya presentó otros dos proyectos para reformar la Policía. 

Tras más de 22 años de funcionamiento, el Esmad enfrenta su peor crisis de imagen. El papel de esta unidad policial en las protestas presentadas desde 2019, le ha generado múltiples críticas y señalamientos. Organizaciones sociales, entes de control y hasta actores internacionales hacen parte de las voces que piden cambios o, incluso, su desmonte. 

Esta propuesta ya tiene un antecedente en el Legislativo. Se trata de un proyecto del senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, quien a finales de 2019 anunció su intención de promover el desmonte del escuadrón. 

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“Si el DAS fue desmontando tras el escándalo de las chuzadas y las acusaciones en contra de varios de sus investigadores, es urgente que desmontemos este escuadrón móvil antidisturbios que ya suman 34 homicidios, en sus 20 años de creación”, dijo Sanguino en su momento. 

Sin embargo, el proyecto nunca tuvo los efectos deseados y durante el 2020 no sonó en el Congreso. En esta ocasión, con la coyuntura del paro nacional, la propuesta de Iván Cepeda, que cuenta con el respaldo de 28 senadores y representantes de la oposición, promete un debate más amplio y polémico. 

Aun así, se trata de un proyecto que no tendrá un camino fácil en esta última legislatura, teniendo en cuenta la agenda del gobierno y su postura al respecto. Figuras como Marta Lucía Ramírez, vicepresidente y canciller, han defendido la existencia de este órgano y sus facultades para intervenir en las protestas. 

¿Quién reemplazará al Esmad?

Aunque mucho se habla de su desmonte, quienes proponen esta medida muchas veces no explican qué pasará con las funciones e integrantes del escuadrón. Con este proyecto, la oposición propone crear una “Unidad especial de diálogo y mediación policial”, que asumirá el manejo de las movilizaciones sociales con un enfoque de comunicación estratégica. 

Las funciones más específicas del Esmad pasarían a las demás fuerzas disponibles de la Policía Nacional. Asimismo, los integrantes de este cuerpo serían trasladados a otras dependencias de la institución, sin afectar sus condiciones laborales. 

En cuanto a la nueva unidad, esta haría parte de la dirección de Seguridad Ciudadana. La propuesta plantea que se maneje con varios principios orientadores adicionales a los que originalmente establece la Policía, como el respeto, dignidad humana, comunicación estratégica y mediación policial. 

Además, se incluye el enfoque diferencial, la escucha activa y la flexibilidad y simplicidad. Según aclara el proyecto, la unidad deberá: “ponerse en contacto, en coordinación con las autoridades civiles, con los manifestantes con anterioridad a la protesta social, en su transcurso y posteriormente, y servir de enlace entre los organizadores de los actos y los mandos policiales”. 

La tarea de los mediadores policiales también será informar a los manifestantes de la actuación policial, facilitar acuerdos, proponer posibles soluciones a los conflictos, evaluar los resultados de la intervención policial y sugerir cambios para eventos futuros. 

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“Los agentes de la Unidad Especial de Diálogo y Mediación Policial recibirán capacitación en comunicación estratégica, regulación emocional, capacidad de negociación y derechos humanos”, concluye el proyecto que, de ser aprobado, entraría en vigor seis meses después de su aprobación. 

Por último, se establece que los agentes de Policía con investigaciones penales o disciplinarias por presuntas violaciones a los derechos humanos no podrán participar en la intervención de manifestaciones sociales.

La defensa del proyecto

La propuesta de la oposición se basa en varias investigaciones de organizaciones sociales que denuncian los presuntos abusos de fuerza por parte del Esmad. En el texto se citan informes como el del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que documentó 43 casos de homicidios en lo que se han visto involucrados agentes del Esmad.

“De los 43 casos, 26 ocurrieron en medio de una movilización social. Sin embargo, también se presentaron durante desalojos (2), en concentraciones campesinas (4), en rituales indígenas de liberación de la madre tierra (5), en la antesala de una asamblea comunal (2) y hasta a la salida de un partido de fútbol (4)”, reza el informe. 

Las cifras son contrastadas con reportes como el de la Campaña Defender la Libertad, que registró 18 presuntos homicidios de la unidad, desde el 21 de noviembre de 2019 al 13 de julio de 2021. Asimismo, se citan algunos datos del Ministerio de Defensa que hablan 54 procesos por acciones del Esmad, que le representan al país $9’052.911.240 en demandas. 

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Se habla de pronunciamientos como el de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que señaló como “un problema recurrente y serio motivo de preocupación”, las intervenciones del Esmad.

“El desmonte del ESMAD debe implicar, a su vez, una transformación en el modelo de contención de la protesta social. En Colombia ha existido el modelo intensivo en fuerza, en el cual, según estudios académicos, no hay comunicación entre los manifestantes y la fuerza pública, por ende la violencia es algo habitual”, dicen los promotores de la medida.

Lo que dice el Gobierno

Voces como la del ministro de Defensa, Diego Molano, y la del propio presidente, han respaldado en todo momento la figura del Esmad. “Todo el apoyo a nuestros policías, también toda la exigencia en su actuar. Ante las denuncias de acciones irregulares por parte del Esmad, he pedido medidas inmediatas para verificar e investigar los hechos”, aseguró Molano.

El Ejecutivo presentó dos proyectos relacionados al tema para este periodo legislativo. Se trata de la expedición del Estatuto Disciplinario Policial y la regulación del régimen especial de carrera. Con estas iniciativas el gobierno planea responder a las demandas de una reforma en la Policía. 

La primera propuesta plantea como principio fundamental el reconocimiento de la dignidad humana. Entre las faltas graves en el ejercicio como agente de Policía, se establecen algunas como impedir la grabación de procedimientos, ocultar la identificación, coaccionar al público para que no presente quejas o denuncias, entre otros. 

Los proyectos cuentan con un apoyo casi total de las bancadas del gobierno y, a diferencia de la iniciativa de Cepeda, esta tiene un camino allanado en el Congreso. Sin embargo, desde la oposición aseguran que se trata de reformas cosméticas. La discusión, junto a la de la reforma tributaria, promete robarse el protagonismo en el último año de gobierno, así como en la campaña con miras a 2022.    

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Foto portada: Joaquín Sarmiento / AFP