En la tierra que paramilitares, guerrillas y agentes del Estado despojaron, Bogotá se podría fundar 50 veces

Durante los casi 60 años de conflicto en Colombia, la tierra se convirtió en un botín de guerra para grupos armados, políticos, empresarios, ganaderos y otros actores. Aunque se trata de uno de los crímenes con mayor índice de impunidad, la Comisión de la Verdad acaba de presentar un informe detallado sobre las causas y los responsables del despojo.

Perdimos las tierras, perdimos todo, debido a eso mi papá y mi mamá se entristecieron, se vinieron para Aguachica y a una persona campesina en el pueblo le va mal, se entristece porque la vida de uno es el campo”. Con este tipo de relatos, el informe final de la Comisión de la Verdad presenta una realidad esquiva para muchos sectores de la sociedad.

Si bien es cierto que el fenómeno del despojo de tierras ha sido ampliamente estudiado y denunciado, el trabajo de la Comisión ha arrojado nuevos datos y experiencias que permiten dimensionar los efectos que tuvo en la vida de las víctimas y en la sociedad, más allá de la pérdida de las casas o fincas.

Así mismo, el informe confirma la existencia de un entramado criminal entre actores civiles, políticos y empresariales que usaron la guerra para ganar control territorial y apalancar proyectos productivos en las tierras de campesinos, indígenas y afrodescendientes que terminaban desplazados y engrosando cinturones de miseria en las grandes ciudades.

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Según las cifras que tiene la Comisión de la Verdad, en el marco del conflicto armado se han despojado ocho millones de hectáreas. La Unidad de Víctimas, por su parte, habla de 32.812 personas que han denunciado ser despojadas violentamente, una cifra que se suma a las 132.743 que perdieron bienes muebles o inmuebles en la guerra.

Desde 2011, cuando se sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se han radicado 30.331 solicitudes de restitución. Forjando Futuros, organización que hace veeduría del tema, dice que a la fecha solo se han restituido 532.498 hectáreas. De esta cifra 276.000 corresponden a despojos de paramilitares, 106.000 de grupos guerrilleros y las otras 149.000 a tierras abandonadas por combates y amenazas.

Comisión de la Verdad, despojo y desplazamiento forzado
Comisión de la Verdad, despojo y desplazamiento forzado

Aunque se cree que las extintas Farc fueron actores menores en esta dinámica, la Comisión de la Verdad asegura que este grupo también desplazó y despojó por “razones de control territorial y de captación de rentas”. El mayor impacto se sintió en subregiones como el Urabá antioqueño, el Darién chocoano y el suroccidente del país.

Uno de los hallazgos de la Comisión en este tema tiene que ver con los impactos económicos y sociales del despojo. Por ejemplo, el informe argumenta que esta práctica incrementó la brecha de inequidad sobre la propiedad de la tierra. Los investigadores encontraron que el despojo coincide con la concentración de la propiedad en pocas manos.

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Entre 1984 y 2003, las propiedades de más de 500 hectáreas pasaron de representar el 32,7 por ciento (1984) al 62,6 por ciento (2003), mientras que la superficie de los predios de menos de veinte hectáreas se redujo del 14,6 por ciento al 8,8 por ciento”, dice el informe final.

Por otra parte, la Comisión resalta que el despojo, tan estrechamente relacionado con el desplazamiento forzado, causó la “pérdida de modos de vida, procesos organizativos y producción agraria tradicional”. Esto también implica que el golpe del despojo no sea exclusivo para el campo, sino también para los barrios de cabeceras municipales, centros poblados y ciudades.

En este punto el informe resalta que en muchas zonas del país se vive en simultáneo el fenómeno de recepción y expulsión de ciudadanos víctimas del conflicto. Algunos ejemplos son ciudades principales como Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cartagena y Quibdó, así como otras más periféricas como Buenaventura, Tumaco y Soacha.

“El despojo conlleva múltiples despojos y rupturas en las vidas campesinas y étnicas. La esfera individual, emocional, la subjetividad, los sueños, el cuerpo, los proyectos vitales, la familia, los vínculos, las relaciones, el paisanaje, los compadrazgos, las redes, los procesos organizativos, lo comunitario, los arraigos, el sentido de pertenencia, los saberes y las prácticas son afectados”, concluye la Comisión.

Comisión de la Verdad
Entrega del informe de la Comisión de la Verdad
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Parapolítica, empresarios y despojo

A lo largo de su informe final la Comisión de la Verdad repasa el contubernio entre paramilitares, clase política y empresarial para explicar diferentes dinámicas de violencia que provenían de esta orilla. En el caso del despojo, el informe habla de una “coalición violenta para acumular poder y dinero” conformada por estos actores.

Con este objetivo, los victimarios crearon un engranaje en el que, con la intimidación de las armas y el apoyo ilegal de agentes del Estado -como notarios y fiscales- se legalizó el despojo. Cada hectárea de tierra usurpada terminaba muchas veces a nombres de empresas o fundaciones que cambiaban el uso del suelo para explotación agrícola, minera o ganadera a gran escala.

Para la Comisión, esto hace parte de una visión de los paramilitares como punta de lanza del control territorial y estatal que querían alcanzar sectores políticos y económicos. Es aquí cuando surgen los términos de ‘parapolítica’ y ‘paraeconomía’, que captaron gran atención mediática y no eran más que una relación de varías vías entre paras y congresistas, gobernantes y empresarios.

El propio Vicente Castaño, uno de los comandantes y fundadores de las AUC, reconoció esta relación. “Se forman alianzas innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías (…) Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos”, dijo Castaño en 2005 en una entrevista con Semana.

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Una de las motivaciones de esta alianza era el despojo. Detrás de esta práctica, según dice la Comisión de la Verdad, estaba “la concentración masiva de terrenos para la explotación ganadera, la acumulación de capital o el blanqueo de dinero del narcotráfico”. Todo esto también con un impacto insospechado al medio ambiente.

En las entrevistas hechas por la Comisión uno de los exparamilitares, que perteneció al Bloque Centauros, da más detalles sobre el entramado. “Los palmicultores casi que replican el tema de las fincas bananeras. Toman ese mismo modelo, que es el desplazamiento de los pequeños propietarios para así lograr la expansión de esas fincas. Eso solo se lograba bajo una presión violenta (…) Los grupos de autodefensas han sido un instrumento armado de la clase empresarial”, asegura.

Los datos y cifras del informe final de la Comisión de la Verdad
La Comisión de la Verdad argumenta que el despojo aumentó la brecha de inequidad sobre la propiedad de la tierra.

Además de las armas, los victimarios usaban estrategias como el engaño para comprar los predios a precios insignificantes. Así mismo, aplicaba el discurso contrainsurgente, pues hay varios casos documentados en los que señalaban a los pobladores como guerrilleros o colaboradores de estos grupos para presionarlos ante la fuerza pública. Esta modalidad fue común en Urabá, el Magdalena Medio y Cesar.

En este punto el Estado también tuvo participación directa en el proceso. Una vez los predios despojados eran destinados a actividades económicas, la fuerza pública era la encargada de proteger “proyectos de empresas extractivas del sector privado”. En muchos casos ese pie de fuerza se fue en contra de las autoridades tradicionales de territorios étnicos

En ocasiones, la fuerza pública violentó a las poblaciones y actuó en alianza con estructuras criminales locales que generaron violaciones a derechos humanos, despojo, desplazamiento de las comunidades”, agrega la Comisión.

El informe cierra este tema proponiendo una hoja de ruta para reparar a las víctimas de este crimen. Las recomendaciones se resumen en cinco puntos.

  1. Retomar la discusión sobre el proceso de descentralización y la autonomía territorial.
  2. Garantizar un acceso equitativo a las tierras.
  3. Lograr un uso sostenible de tierras y territorios, y la prevención y gestión de conflictos socioambientales.
  4. Promover un desarrollo con enfoque territorial con énfasis en la provisión de bienes y servicios públicos para la ruralidad.
  5. Prevenir y revertir el despojo de tierras y territorios, y reparar de manera efectiva a las víctimas.

Sobre este último punto la Comisión de la Verdad le pide al Estado parar, en el corto plazo, los nuevos ciclos de despojo, revisar los procesos de restitución, poner en marcha un sistema de información y garantizar los recursos de programas y estrategias relacionadas con el tema.

Foto de portada: Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
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