Estado y ELN, a conversar se dijo

Casi cuatro años después y luego de un número indeterminado de muertos, este lunes, el Estado colombiano reinstaló, formalmente, la mesa de conversaciones entre una delegación que lo representa y la del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Excepto un sector del partido Centro Democrático, el país entero espera anuncios positivos sobre la marcha de estas conversaciones y avances reales en el desescalamiento del conflicto armado.

Ese sector, dicho sea de paso, es como los grupos terroristas: pequeño, pero ruidoso. Su voz es amplificada, sin la menor crítica, por una compleja trama de medios, periodistas y comentaristas.

Adversarios con semejanzas

Las delegaciones que empiezan la conversación son numerosas y cuentan, cada una, con un grupo de asesoría. La gubernamental está encabezada por Otty Patiño Hormaza y la de la insurgencia, por Pablo Beltrán. Ambos son hombres, blanco-mestizos, de clase media, con estudios superiores, nacidos en ciudades intermedias de departamentos de la periferia (Valle del Cauca y Santander, respectivamente) y con experiencia de mando político y militar. 

También tienen otros rasgos en común: son calmados, de buenas maneras, hablan suavemente y en voz baja. Según quienes los conocen, ambos son férreos, tranquilos y tozudos negociadores. A diferencia de Beltrán, Patiño ha sido un empresario exitoso que hoy representa al sector productivo en el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional.

En ambas delegaciones, la participación de las mujeres y de las personas de los grupos étnicos es minoritaria.

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Del lado del Gobierno

La gente que integra la delegación estatal tiene una larga y reconocida trayectoria en movimientos sociales o es de partidos políticos, gremios empresariales y de las Fuerzas Armadas. Parece que ninguna de las personas de ese grupo se eligió mediante votos en la institución, sector social, gremio o partido de los que provienen. A todas las seleccionó el presidente de la República que es, al mismo tiempo, jefe del Estado.

Llama mucho la atención que, al menos, la mitad de esta delegación hace parte de la sociedad civil. Esto se puede interpretar como un claro mensaje de fuerza en el sentido de que, si bien ha sido el ELN el que más ha insistido en el protagonismo de la sociedad civil en estas conversaciones, es el Estado el que se siente representado por personas que provienen de ella.

Esas personas, por lo dicho antes, no pueden actuar como voceras autorizadas de los sectores sociales de los que son originarias. Pueden hacerlo como conocedoras de dichos sectores y facilitar la articulación entre estos y la mesa de diálogo, o entre ella y grupos con los que tienen una relación fluida. Serían, entonces, facilitadoras y promotoras de la participación de la sociedad civil.

La composición de la delegación gubernamental, tan diversa y con tantos lazos con la sociedad civil, es un punto a favor del Estado. Sobre todo, a favor del proceso de conversaciones. Sin embargo, la misma fortaleza plantea dos retos que exigen resolverse rápida y cuidadosamente.

En primer lugar, el Estado debe aparecer en la mesa de dialogo con un solo punto de vista que será elaborado entre personas que tienen profundos desacuerdos y un largo historial de enfrentamientos entre sí, por asuntos tan graves como la legitimidad del paramilitarismo y los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas militares.

El otro reto que el Gobierno debe enfrentar con esta delegación es que algunas de las personas que hacen parte de ella pueden representar, en realidad, más a un gremio u organización en particular (por ejemplo, José Félix Lafaurie a la Federación de Ganaderos; o Carlos Rosero al Proceso de Comunidades Negras), que, al propio presidente, a su Gobierno y al Estado. Habrá que encontrar el modo para hacer que cada cual asuma que es delegatario o delegataria de una política de Estado.

Como alguien dijo: quizá la primera ronda de diálogo que el Gobierno enfrentará se dé entre quienes conforman su delegación.

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Del lado del ELN

La representación del ELN, por su parte, contiene a dieciséis personas que, según analistas y conocedores de esa guerrilla, representan a todas sus estructuras. Los dirigentes más visibles y, al parecer, con mayor grado de responsabilidad, son Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell. Ellos ya han participado en otras rondas de diálogo y negociación.

Como es esperable de una organización con jerarquías, pero asamblearia, como lo es el ELN, estos dos dirigentes no tomarán decisiones sin consultar con toda la delegación –que, como ya se dijo, representa a todas las estructuras de esa insurgencia–, con el primer comandante, Antonio García, y con el asesor, Nicolás Rodríguez Bautista.

Adicionalmente, según lo afirmó Pablo Beltrán y lo han corroborado analistas de vertientes ideológicas diferentes entre sí, como Víctor de Currea-Lugo y Rafael Pardo Loaiza, toda la gente que hace parte del ELN ha cumplido rigurosamente cada pacto que hecho en los últimos 31 años en las mesas de negociación.

Esto ayuda a creer que pueden responderse con un sí las dos eternas preguntas acerca de las delegaciones elenas: ¿el ELN en conjunto se siente representado en la presente delegación? ¿Todas las estructuras (frentes, compañías, columnas, milicias, etc.) asumirán lo que ella pacte?

La representatividad de la delegación, el cumplimiento que han mostrado las anteriores en lo que se ha pactado con ellas y la costumbre que tiene el ELN de tomar las decisiones en consultas y asambleas internas son buenos generadores de confianza en la opinión pública nacional e internacional.

Pero ese mecanismo de toma de decisiones, que le permite a la organización guerrillera actuar como un todo, cumplir los compromisos y ganar credibilidad, también desemboca en un par de dificultades que merecen atenderse. 

La primera es que, como ya se vio con lo acordado entre el Estado y las Farc y entre aquel y el propio ELN en años anteriores, algún gobernante distinto al actual puede desconocer lo que no quede claramente pactado y dotado de todas las salvaguardas jurídicas y políticas.

Lo ideal sería que el ELN hallara la manera de agilizar, sin arriesgar la unidad interna, sus procesos de toma de decisiones. Así, se podrían ir haciendo acuerdos sobre los puntos de la agenda y sobre los instrumentos y mecanismos que garanticen su cumplimiento. De esa forma, nada quedaría dependiendo de un próximo gobierno.

La segunda dificultad es que, entre más tiempo dure la negociación, más tiempo tendrán las y los enemigos de este diálogo para encontrarle, como se dice coloquialmente, la caída al ELN y hacerle la guerra jurídica y cultural, es decir, para perseguirlo y desprestigiarlo aún más.

Lo que no podemos esperar es que esa insurgencia se conforme con hacer acuerdos que no sirvan para transformar la realidad de este país. Puede optar por ir más rápido, pero no hacia cualquier lado.

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¿Realidad mata conversa?

Mientras se adelantan conversaciones entre las dos delegaciones, nos vamos enterando de otras crueldades de la guerra.

En Puerto Guzmán, Putumayo, hay enfrentamientos armados entre dos grupos que se disputan el territorio. Hasta el momento, está confirmada la muerte de 18 personas y el desplazamiento de 30 familias que debieron huir porque quedaron atrapadas en medio de los combates.

El lunes mismo, entre Sardinata y Ocaña, región del Catatumbo, Norte de Santander, gente armada quemó seis tractomulas. Notificaron a los conductores que eso se hacía porque la empresa que los contrata (que, además, no es dueña de todos los camiones) no ha pagado la vacuna a su grupo.

Las imágenes y las frases usadas para presentar los hechos fueron desgarradoras. Algunas parecían sacadas de los campos de concentración que se ven en las películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Podría pensarse que lo hicieron a propósito para que la gente se indignara con una pregunta: ¿mientras hablan de paz, siguen cometiendo estos crímenes?

Pero hay que hacer algunas precisiones al respecto: hasta donde se sabe, en ninguna de esas acciones están involucradas ni las Fuerzas Armadas, ni el ELN, lo que no quiere decir que con este grupo se haya pactado una tregua o un cese al fuego. En Puerto Guzmán y en el Catatumbo, como en casi todos los casos de la guerra, las víctimas, en su mayoría, son civiles.

Es, precisamente, para evitar que la guerra continúe y que a los civiles nos sigan asesinando que necesitamos estos y otros diálogos.

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