¿Está la Corte Constitucional haciendo el trabajo del Congreso?

Las sentencias de la Corte Constitucional en temas como el aborto, la eutanasia, la dosis personal, entre otros, son vistas por algunos como una intromisión de los jueces en las funciones del Congreso. Para otros, se trata de una reacción ante la indiferencia del legislativo en asuntos de vital importancia para el país. ¿Cuáles son los argumentos en juego?

Este miércoles la Corte Constitucional le cortó las alas a la aspersión aérea con glifosato, una estrategia que el Gobierno de Iván Duque ha defendido como fundamental en la lucha contra las drogas. El alto tribunal, atendiendo una acción de tutela, aseguró que las comunidades afectadas por la fumigación tienen derecho a la consulta previa.

Además de la discusión por los alcances del fallo, el pronunciamiento de la Corte revivió un debate por el choque de posiciones entre el tribunal y el Congreso de la República en este tipo de temas. Para muchos, es el Congreso el que debe encargarse, a través de la expedición de normas y leyes, mas no la Corte por medio de sentencias judiciales.

Se trata de una disputa que no es nueva, pues tan solo en los últimos meses ambos poderes se han enfrentado por la suerte de varios asuntos de trascendencia nacional. Probablemente el caso más sonado sea el de la despenalización del aborto, medida que actualmente está en manos de la Corte.

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Mientras el Congreso se ha negado en varias oportunidades a retirar del Código Penal el artículo 122, que tipifica el delito del aborto, la Corte ha avanzado en el debate y podría adoptar la medida en los próximos meses. De ser así, según varios abogados constitucionalistas, la Corte entraría en terrenos vedados para el poder judicial.

Sin embargo, se trata de una situación que ya se ha dado, pues el alto tribunal tiene un amplio historial de sentencias que han terminado convirtiéndose en leyes. Algunos ejemplos son el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la doble instancia, la eutanasia, la dosis personal y hasta las corridas de toros.

Los argumentos del debate

Para José Gregorio Hernández Galindo, abogado y exmagistrado de la Corte Constitucional, la ley colombiana es clara al establecer que los jueces no pueden legislar. “Asuntos como la política criminal del Estado le corresponden, de acuerdo con nuestra Constitución, al Congreso, no al presidente ni a la Corte Constitucional. Es el Congreso el que tiene a su cargo decir qué es delito y qué no”, dijo Hernández a Diario Criterio.

Según este jurista, el Congreso debe cumplir a cabalidad su función legislativa, respaldada por el voto de representación que le ha otorgado el pueblo colombiano. “La Corte estableció en 2006 las tres causales del aborto, algo que para mí es incorrecto porque eso debe ser objeto de una ley y no de una sentencia”, agregó Hernández.

Alfredo Pertuz, profesor y abogado constitucionalista, asegura que la Corte ha tratado estos temas a partir de una interpretación extensiva de la Constitución, lo que termina avalando las sentencias como leyes. “La Corte es consciente de esto y por eso en varias ocasiones se le ha adelantado al legislativo”, le dijo el abogado a Diario Criterio.

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Pertuz señala que el debate ha sido polémico porque, una vez la Corte expide una sentencia sobre determinado tema, el Congreso no tiene posibilidad de sacar una norma que contradiga al alto tribunal, lo que para algunas afecta el sistema de pesos y contrapesos.

No obstante, ambos juristas también coinciden en que no se puede desconocer que el Congreso tiene una deuda pendiente en varios temas. “El Congreso no está cumpliendo la función que le corresponde dentro del Estado colombiano y entonces le toca actuar a la Corte. Eso no debería pasar en un Estado social de derecho”, dijo Hernández Galindo.

Por otra parte, Pertuz asegura que el alto tribunal tiene la capacidad de tomar cartas en determinado asunto al argumentar que las fallas del Congreso conducen a la violación sistemática de derechos. “Que eso sea legal o no depende de la interpretación que haga cada cual de la Constitución”, agregó.

A todo esto se suma que la Corte Constitucional le ha pedido al Congreso, en varias ocasiones, que legisle sobre algunos temas. Uno de los casos más sonados tiene que ver con el derecho laboral, pues en 1991 el tribunal le pidió al Legislativo que creara el Estatuto del Trabajo, algo que, después de 30 años no ha sucedido.

“Lo mismo está pasando con el Acuerdo de Escazú, una importante herramienta en materia de protección ambiental. Eso está desde 2018 en manos del Congreso, pero como no resuelve nada es posible que la Corte quiera entrar en la discusión”, dijo Hernández.

Según un informe de la propia Corte Constitucional, en sus más de 30 años de historia ha tenido que pedirle al Congreso en 92 oportunidades que legisle sobre cierto tema.

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Corte Constitucional versus Congreso de la República, una pelea de nunca acabar

Cabe resaltar que entre la Corte Constitucional y el Congreso también hay una larga lista de choques por cuenta de las normas o leyes que el tribunal ha decidido tumbar. Uno de los casos más recientes fue el acto legislativo que buscaba reglamentar la cadena perpetua en Colombia, declarado inconstitucional por la Corte debido a que violaba el principio de la dignidad humana.

Este caso levantó ampolla en varios sectores y algunas voces en el Congreso aseguraron que la Corte estaba desconociendo el poder del órgano legislativo. “Mientras el ejecutivo y el legislativo están sometidos a todo tipo de límites, nadie controla a la Corte, la cual, a través del control de constitucionalidad por vicios de competencia, se atribuyó facultades absolutas que impiden llevar a cabo los cambios estructurales que necesita el país”, aseguró al respecto el senador del Centro Democrático Nicolás Pérez.

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Sin embargo, expertos en la materia han dicho que se trató simplemente del ejercicio de una función asignada a la Corte. “Permitir esta pena en Colombia sería tanto como sustituir nuestra Carta Política. En conclusión, la Corte Constitucional hizo su trabajo y el Congreso se excedió en sus poderes”, dijo Camilo Carmona, monitor del Centro de investigación en Política Criminal de la Universidad Externado.

Varios analistas apuntan a que la desconexión entre ambas instituciones no tiene que ver con temas ideológicos, como se suele señalar. Es común escuchar diagnósticos que apelan a calificar al tribunal como una institución progresista y al Congreso como conservador, algo errado a juicio de los especialistas.

En el fondo del problema estarían los intereses electorales de los congresistas. Por ejemplo, en pleno año electoral muchos prefieren abstenerse de participar en debates sensibles y que plantean dilemas morales como el aborto, la eutanasia y el consumo recreativo de marihuana.

Para varios juristas, el sistema colombiano tiene un buen diseño y lo que hace falta es que cada actor desempeñe su papel correctamente. “Ante los nuevos derechos que nos ofrece una sociedad globalizada, corresponde a los jueces constitucionales su reconocimiento y a las leyes su regulación”, aseguró al respecto el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, en su columna de Razón Pública.

Por ahora, ambos entes seguirán chocando en temas intrincados pues, además de temas como la despenalización del aborto, la Corte podría atravesarse en el camino del Congreso con la modificación a la Ley de garantías, pues varios expertos señalan que esa decisión legislativa terminará tumbada por la Corte Constitucional.

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