Director de la Dian, en la cuerda floja por escándalo de ‘Pandora Papers’

Lisandro Junco Riveira, el joven director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), tendrá una semana de pasión y su permanencia en el cargo estará en la cuerda floja, por cuenta de la investigación periodística conocida como ‘Pandora Papers’, que reveló los secretos financieros de personalidades públicas en todo el mundo.

El trabajo periodístico, que en Colombia fue liderado por la plataforma de investigación Connectas y El Espectador, también salpicó a los expresidentes Andrés Pastrana Arango y César Gaviria Trujillo.

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En el caso concreto de Junco, el escándalo se viralizó en redes sociales por la paradoja que plantea que justamente el funcionario colombiano al frente de la Dian, cuya misión, entre otras, es la de combatir la evasión de impuestos y promover prácticas financieras transparentes, resulte vinculado con cuentas y sociedades en países cuyos controles fiscales y tributarios son muy flexibles.

La investigación reveló que Junco, presuntamente, tiene a su nombre una sociedad constituida en Delaware (Estados Unidos), una cuenta bancaria en Chipre y una oficina virtual en Londres, gestionada a través de proveedores en Dubái, es decir, los mismos gestores de servicios en paraísos fiscales.

Junco se defiende asegurando que esas cuentas y sociedades no estaban operando y que las constituyó pensando en pagar sus estudios en Estados Unidos. Según le aseguró a Caracol Radio, su objetivo era tener vida crediticia en el país norteamericano. También afirmó que su objetivo no era evadir impuestos.

Sin embargo, resulta curioso que las mantuviera abiertas y con costos fiscales para su bolsillo.

También llama la atención que Junco haya constituido una sociedad en Delaware, un estado que, si bien oficialmente no es considerado un paraíso fiscal, es reconocido en el mundo por ser el único que tiene más empresas registradas que habitantes.

La otra coincidencia es que a una cuenta de Delaware fueron a parar parte de los 70.000 millones de pesos del anticipo que el Ministerio de las TIC le entregó a Centros Poblados, dentro del penoso escándalo que le costó la cabeza a la ministra Karen Abudinen y que tiene tras las rejas a tres contratistas, entre ellos el polémico Emilio Tapia.

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