¿De presos de la Primera Línea a gestores de paz?

Estas son las dudas que deja el anuncio del presidente Petro, de excarcelar a los jóvenes de la Primera Línea condenados por delitos durante la protesta social.

”Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz, antes de noche buena en Colombia”. Esas palabras fueron pronunciadas por el propio presidente Gustavo Petro, el pasado sábado 3 de diciembre en Pasto (Nariño), durante sus habituales “diálogos” con presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC).

Antes del anuncio, el presidente Petro aprovechó para cuestionar las embestidas judiciales contra los jóvenes manifestantes que protagonizaron la protesta social en 2021, durante el gobierno de Iván Duque.

“El derecho a la protesta es un derecho democrático. El derecho a expresarse, a movilizarse es un derecho democrático. Los gobiernos que ordenan a su policía matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos”, dijo.

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Petro y su promesa a la Primera Línea

Si bien no es la primera vez que el presidente Petro se manifiesta en torno a la excarcelación de los jóvenes de la Primera Línea, detenidos y condenados por diversos delitos cometidos durante la protesta social, solo hasta ahora se atreve a ponerle fecha perentoria a una idea que hizo parte de su propuesta de campaña.

Aunque el ministro del Interior, Alfonso Prada, ya aclaró que no se trata de un indulto ni una amnistía, la propuesta genera más dudas que certezas y tiene con los pelos de punta a voceros de la derecha colombiana, quienes ven con malos ojos esas gabelas judiciales, porque, según ellos, es una forma de promover la impunidad de las acciones criminales que surgen en medio de las protestas.

Pero, desde la otra orilla, está la versión de reconocidos penalistas, quienes defendieron gratuitamente a los jóvenes y denunciaron que, en muchos de los casos, se trató de “falsos positivos judiciales”, tal como lo aseguró el abogado y activista caleño Élmer Montaña.

Más allá de los vericuetos políticos que contiene la propuesta, en el fondo lo que llama la atención es el instrumento legal que el Gobierno usará para excarcelar a los cerca de 234 jóvenes de la Primera Línea capturados, imputados y con medida de aseguramiento vigente.

El tema no es de poca monta, si recordamos que los delitos que les endilgaron judicialmente van desde concierto para delinquir agravado, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; violencia contra servidor público, perturbación en servicio de transporte público, hasta instigación para delinquir con fines terroristas, hurto calificado y agravado; secuestro simple y tortura agravada.

Al respecto, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde —y uno de los promotores de la Ley 2272, recientemente aprobada y que fija la Política de Paz en torno al Servicio Social—, defendió, con cuatro argumentos, la idea del presidente Petro.

Primero, que la propuesta solo beneficia a 234 jóvenes de la Primera Línea que aún están en prisión. El senador explicó que más de 300 jóvenes fueron judicializados, pero algunos de ellos ya están libres, incluso por vencimiento de términos.

Segundo, que los procesos y las condenan que recaen sobre los jóvenes de la Primera Línea no cesarán, es decir, siguen vigentes, pero suspendidas temporalmente mientras cumplen sus labores como gestores de paz. Al igual que el ministro Prada, el congresista Ávila reiteró que la propuesta no se trata de indultos o amnistías.

Tercero, que muchos de esos jóvenes presos cometieron delitos como romper vidrios o bloquear vías y, como tales, merecen una segunda oportunidad y no una condena de décadas, en virtud de su juventud.

Cuarto, que la figura de gestores de paz es normal, no es nueva y, por el contrario, ha sido usada en su momento por los entonces presidentes Duque, Uribe y Santos.

Lo curioso es que en la ley 2272 sobre Política de Paz que promovieron y aprobaron recientemente en el Congreso, no aparece por ningún lado la palabra gestores de paz.

Primera Línea: ni amnistía, ni indulto

Al respecto, el ministro Prada afirmó que “el Gobierno revisa alternativas en la Ley 418 que acabamos de reformar, a través de la Ley 2272, para convertir a muchas de las personas que trabajan dentro de organizaciones sociales humanitarias y que tienen trabajo con las comunidades, para que nos ayuden a construir la paz total y la seguridad humana”.

De igual forma, el ministro manifestó que, “cada caso se estudiará de conformidad con el contexto de los hechos y reitero, los jueces y la Fiscalía tendrán la última palabra”.

Prada recalcó que este no es un proceso que pretenda sustituir instancias judiciales: “Quiero dejar muy en claro que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta continuarán en manos de los jueces hasta su terminación”.

Prada aclaró que “se trata es de utilizar una figura transitoria que nos permita contar con líderes juveniles que son reconocidos en sus comunidades y que tienen la posibilidad de contribuir a la generación de la Paz Total y de la seguridad humana”.

Finalmente, el funcionario ministerial recalcó que este anuncio va en concordancia con lo señalado por el presidente Petro al momento de su posesión.

“Desde el 19 de junio, fecha en que fue elegido Gustavo Petro y Francia Márquez —en el Movistar Arena—, esa noche, cuando hizo el reconocimiento del triunfo y el agradecimiento a los colombianos, señaló que comenzaríamos a estudiar la posibilidad, en el marco del respeto al derecho a la protesta, de lograr que muchos de esos jóvenes que fueron capturados en la mitad de un ejercicio legítimo de protesta ciudadana pudieran recuperar su libertad”, puntualizó.

Hoy nadie duda de que el presidente Gustavo Petro está siendo coherente con sus anuncios de campaña.

La inquietud que embarga a los colombianos es a qué figura jurídica le echará mano para excarcelar a los 234 jóvenes de la Primera Línea, imputados y condenados por diversos delitos cometidos durante la protesta social que él mismo apoyó.

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