Educación ambiental para los propietarios de predios rurales

Pedro Luis Barco DíazPedro Luis Barco Díaz

Es hora de que la educación ambiental se haga directamente a los propietarios de los predios rurales, que son quienes poseen las hachas y las motosierras.

Cuando los reyes de España, en épocas de bárbaras naciones, enviaban una célula real absurda, acá, en Latinoamérica, el virrey o el gobernador convocaba a cabildo abierto y este se pronunciaba: “se acata, pero no se cumple”. Es decir, se reconocía la autoridad, pero no se aplicaba por inadecuada o arbitraria.

Hoy en día, algunas normas, sobre todo si son virtuosas, progresistas y justas, tampoco son observadas por poderosos predadores que simplemente terminan arguyendo que esa norma no pegó por acá. Eso les ha ocurrido a muchas normas ambientales que, en la práctica, son letra muerta.

A ese aspecto le deberá poner mucha atención el nuevo gobierno de Gustavo Petro, sobre todo a la doctora Susana Muhamad, ministra de Ambiente; y a la doctora Cecilia López, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.

Son muchos los instrumentos jurídicos importantes cuya inobservancia inveterada continúa siendo perjudicial para el desarrollo sostenible del país. 

En este sentido, la irreversible ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso será un instrumento esencial para reparar los daños ambientales ocasionados por la desidia oficial, dado que el objetivo principal de este acuerdo es precisamente “garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.

Puede leer, de este autor: Nuestra verdadera riqueza son las selvas y los ríos

Nosotros, en materia ambiental, siempre hemos tenido normas con alto contenido poético y práctica nula. Como ocurrió en 1974, cuando se expidió, por parte del presidente Alfonso López Michelsen, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medioambiente. El gobierno le eliminó al borrador el título de las sanciones y lo convirtió en una sublime y hermosa norma sin dientes. Aunque, de todas maneras, con sus limitaciones prácticas, es preciso reconocer que esta norma, el primer código ambiental del planeta, constituye la piedra angular que marca el inicio de la legislación colombiana en el tema.

Tres años después de la expedición del código, López promulgó el Decreto 1449 de 1977, norma crucial para proteger los recursos naturales y el medioambiente, pues trata exclusivamente sobre las obligaciones de los dueños de los predios rurales de proteger y conservar, en sus propiedades, los bosques, las aguas, la fauna y los suelos.

Son ocho artículos cargados de sabiduría y lírica en los cuales se obliga a los propietarios, entre otros temas, a no alterar el flujo natural de las aguas o su lecho; a no utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión, a construir pozos sépticos para colectar las aguas negras, a mantener en cobertura boscosa las áreas forestales protectoras, es decir, los nacimientos de agua en 100 metros a la redonda y a no menos de 30 metros de los causes de ríos, quebradas, arroyos y lagos; a no cultivar en pendientes de más de 45 grados y a que los propietarios de predios de más de 50 hectáreas mantengan, en cobertura boscosa, por lo menos, el 10 por ciento de su extensión, o el 20 por ciento, si son terrenos baldíos adjudicados.

También, a no instalar chinchorros o trasmallos que impidan el paso de los peces; o a pescar con dinamita o barbasco.

Los artículos, además, obligaban a proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos, a mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a la ganadería y a proteger y mantener la vegetación protectora de los taludes de las vías de comunicación. 

Las disposiciones de este decreto fueron desconocidas e inaplicada desde 1977 hasta el 2015. Es decir, durante 37 años, la citada norma no pegó pese a que era obligatoria para los dueños de los predios y debía ser acatada por las autoridades ambientales. Incluso, desde algunas oficinas públicas se pregonó que dicho decreto no hacía parte del ordenamiento. 

Lo cierto es que el gobierno de Juan Manuel Santos, por medio del Decreto 1076 de 2015, recogió, en un solo cuerpo normativo, las disposiciones reglamentarias de todas las leyes en materia ambiental, y ahí volvió a aparecer este decreto que se reputaba como inexistente.

También, de Pedro Luis Barco: La espeluznante ineficacia de las medidas agrarias en Colombia

Para que un ciudadano compruebe que esta norma se dejó de lado no requiere hacer un doctorado en Harvard o en Oxford, le basta con salir a hacer un recorrido, con los ojos bien abiertos, por la zona rural de su municipio, en cualquier región del país. 

En el departamento del Valle, por ejemplo, se puede advertir, mediante un vistazo en Google Maps, del recorrido del río Cauca, que en más del 90 por ciento desapareció el Área Forestal Protectora —que constituye un bien público—, pues los contratistas de los ingenios se la apropiaron y la sembraron con caña. 

Igual acontece con la obligación de los propietarios de predios de más de 50 hectáreas, de tener al menos el 10 por ciento de sus propiedades en cobertura arbórea. Esto le proporcionaría al valle geográfico del río Cauca casi 30.000 hectáreas de bosque seco tropical, la mitad de las 60.000 hectáreas que existían en 1930, pero sustantivamente superiores a las pinches y vergonzosas 1.800 que tenemos en la actualidad.

Y es mejor que no hablemos, para no caer en depresión, de las obras de desecamiento de madreviejas, lagunas y ciénagas realizadas por la empresa de fomento CVC —hoy, autoridad ambiental— que convirtieron esos bienes reconocidos como públicos desde el Código Civil de 1887, en propiedad privada. 

Pero eso no es todo. Las obligaciones del decreto tampoco son tenidas en cuenta en los planes de ordenamiento territorial (POT) por parte de los municipios. Por lo tanto, dichos instrumentos de planificación son muy débiles en la parte rural y no existe la menor posibilidad de obtener un desarrollo sostenible si no se cumplen dichas obligaciones. 

Igual acontece con la elaboración de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas (Pomcas) y con los planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) por parte de las autoridades ambientales en todo el país, en los cuales se pasan de agache las obligaciones de los propietarios de los predios rurales.

Aunque debo reconocer que, en el Valle del Cauca, los catedráticos Gustavo Eduardo Moreno Angulo y Alberto Ramos Garbiras continúan haciendo pedagogía para que se observen las disposiciones del decreto que no pegó.

Por eso, ya es hora de que la educación ambiental se haga directamente a los propietarios de los predios rurales, que son quienes poseen las hachas y las motosierras. Como señala el maestro Antonio Donato Nobre:

”Es la universalización y facilitación del acceso a los descubrimientos científicos que pueden reducir la presión de la principal causa de la deforestación: la ignorancia”.

Lea más de Pedro Luis Barco aquí