El aborto en las zonas rurales: entre barreras, demoras y estigma

En la ruralidad, las mujeres no tienen garantizado este derecho en las tres causales permitidas. Hay desconocimiento y una serie de barreras tanto sociales como dentro del mismo sistema de salud.

En Buenaventura, una adolescente de 14 años fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro. Al acudir al hospital, los médicos notaron que estaba embarazada. Sin embargo, a pesar de ser una institución médica de tercer nivel, la joven fue remitida a Médicos Sin Fronteras para que le practicaran un aborto seguro, según contó la organización humanitaria internacional. Después del procedimiento, los médicos generales no la revisaron, porque era deber del ginecólogo de turno, quien nunca la atendió. 

Por una situación similar tuvo que pasar una niña de 12 años. Su familia no sabía qué hacer. No podían hablar del aborto. Parecía que estaba prohibido hacerlo. Buscaron métodos alternativos para terminar con el embarazo, pues en su municipio no había centros de salud en los que pudiera acceder al procedimiento legalmente.  

Su caso es el de muchas mujeres que se encuentran con obstáculos a la hora de acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), pues el Estado no garantiza el acceso a las mujeres para llevar a cabo el procedimiento por alguna de las tres causales en las que actualmente se encuentra despenalizado. Situación que es aún más compleja en las zonas rurales. 

Médicos sin Fronteras recolectó, en 2019, datos de 428 mujeres que buscaron ayuda para abortar en diferentes regiones. El 88 por ciento de ellas afirmó tener al menos un obstáculo para acceder al procedimiento. Así mismo, el 53 por ciento aseguró haberse enfrentado al estigma social. 

Los datos demuestran que el aborto no seguro sigue siendo un problema de salud pública, repleto de trabas, vacíos informativos y procedimientos que siguen poniendo en peligro la vida de las mujeres de la Colombia rural.

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Abortar en la ruralidad

Médicos sin Fronteras pudo determinar que en las zonas rurales las mujeres se enfrentan a inconvenientes relacionados con factores económicos, geográficos y la falta de acceso a la información sobre el marco legal del aborto. Igualmente, estableció que se enfrentan al estigma, al maltrato y trabas para la ejecución del procedimiento, por parte de los centros de salud.

Alejandra Vera, abogada y directora de la corporación Mujer, Denuncia y Muévete, ha sido testigo de estas realidades, a través de su organización, que tiene incidencia en Norte de Santander. 

De acuerdo con Vera, abortar se convierte en un largo camino para las mujeres que viven en algunos municipios de Colombia, pues muchos no cuentan con centros médicos que lleven a cabo el procedimiento de manera legal. Situación que además implica que muchas de ellas deban rebuscarse la manera de movilizarse. 

“La mayoría de mujeres que desean acceder a la IVE son mujeres campesinas que están lejos, que no cuentan con recursos para hacer el traslado. Y que tampoco tienen a alguien que las apoye en el cuidado de sus hijos, mientras van al procedimiento”, explicó a Diario Criterio. 

A esto se le suma que, aquellas que logran desplazarse de una región a otra, se encuentran con situaciones incómodas en las que son revictimizadas. “Cuando una mujer ha tomado la decisión, cumple con las causales y llega al centro médico que debe garantizar el procedimiento, le dicen que no le van a dar información. Las torturan: les ponen videos y las llaman asesinas”, contó Vera. 

Vera expuso el caso de un hospital de primer nivel en Tibú, en el que a las mujeres que llegan con la intención de abortar les dicen que están cometiendo un pecado. Y si manifiestan continuar con el procedimiento, desde el centro de salud, se comunican con la Policía. 

Otra barrera común es la falta de información sobre el aborto, pues muchas mujeres no están informadas sobre su derecho y siguen creyendo que están cometiendo un delito. “Los centros de salud no están dando información, no las están capacitando, quienes más recalcan que no se puede hablar de los derechos sexuales son los mismos funcionarios de la salud”, agregó. 

Por esto, muchas veces ellas terminan tomando medicamentos que no son los adecuados para el procedimiento o acudiendo a métodos clandestinos.

De hecho, según los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que corresponde a 2015, el porcentaje de mujeres rurales entre los 13 y 49 años que conoce que el aborto es legal en algunos casos es del 40 por ciento. En las zonas urbanas, la cifra es de 60,4 por ciento. 

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La ausencia de cifras y una problemática que crece

Encontrar datos actualizados sobre el aborto en la ruralidad es complejo. El Instituto Guttmacher, organización sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, presentó un estudio al respecto en 2011; documento que se constituye como el más reciente en esta materia. 

En ese momento, la organización determinó que las mujeres que viven en áreas rurales tienen una mayor probabilidad de autoinducirse el aborto o de acudir a parteras, en lugar de usar misoprostol, medicamento autorizado por la OMS para interrumpir el embarazo. 

Otro de los datos dados a conocer por la organización es que el costo de terminar un embarazo no deseado no es bajo en las zonas rurales, aun cuando sea realizado por una persona no capacitada. Para ese año, el precio que una mujer pagaba a una partera tradicional era de unos 68.000 pesos. 

“Considerando que el salario mínimo legal mensual en 2009 era de 496.900 pesos, esta carga financiera –además de la posible estigmatización y complicaciones para la salud– es en realidad muy pesada”, determinó la organización. 

Desde que se publicó este informe, no se han compartido más cifras que den cuenta de la dimensión de esta problemática en las zonas rurales. Situación que incluso pudo haber empeorado por la pandemia y las medidas que se emprendieron para hacerle frente. 

Lucía Hernández, abogada de Women ‘s Link Worldwide, dijo a Diario Criterio que todo parece indicar que precisamente las mujeres más vulnerables se encuentran cada vez más lejos de los servicios de salud para llevar a cabo el procedimiento. 

“Hoy hemos constatado que incluso esos mínimos que se lograron con la sentencia en 2006, que despenalizó el aborto en tres causales, se han tornado bastante insuficientes porque lamentablemente no han salvado la vida y la integridad de las mujeres. La implementación de esta sentencia ha ido consolidando barreras estructurales. El delito de aborto y el aborto como derecho no son buenos compañeros, porque lo que ha hecho es alejar a muchas mujeres, sobre todo a las más vulnerables, de servicios de salud seguros y oportunos”, aseguró.

Para ella, la solución estructural para esta situación es que se elimine el delito de aborto del derecho penal. “Cualquiera que sea el debate que hagamos sobre el aborto, queremos tenerlo por fuera del derecho penal”, manifestó. 

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¿En qué va el debate de la despenalización?

Esta semana, el magistrado Alejandro Linares se declaró impedido para votar en la decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto, por las declaraciones públicas que dio a medios de comunicación. Aunque en ellas, el magistrado no manifestó de manera certera su posición, es bien sabido que tiene una opinión favorable sobre la despenalización del aborto.

Su voto, que está en veremos, es crucial para la despenalización del procedimiento, pues para tomar una decisión en el alto tribunal, se necesita el voto positivo de al menos cinco de los nueve magistrados. Con él, se contaban cuatro votos a favor. Si la Corte acepta el impedimento, estos se reducirían a tres. Los mismos de quienes se oponen. Por lo que la decisión estaría en las dos magistradas que, por el momento, no han manifestado una posición determinante. 

La Corte tenía hasta este viernes 19 de noviembre para tomar una decisión sobre la posible despenalización del aborto, pero, con lo sucedido, las colombianas tendrán que esperar unos días o semanas más.