El Cauca arde: la violencia desatada contra los líderes indígenas no para

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, en noviembre de 2016, 215 líderes sociales o defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en el Cauca. Un poco más de la mitad (50,9 por ciento) de esos casos corresponden a indígenas.

Las investigaciones no avanzan y las comunidades denuncian que este fenómeno no se puede explicar solo a través del narcotráfico.

La última líder en ser asesinada y sumarse a esta terrible lista fue Sandra Peña, gobernadora del resguardo La Laguna Siberia, quien recibió cinco tiros el pasado 20 de abril en zona rural del municipio de Caldono. En el hecho también resultó gravemente herido Avelino Ui. Con este crimen, ya son 18 los líderes indígenas asesinados en lo corrido de 2021.

Algunos integrantes del cabildo aseguran que las amenazas y los problemas para Peña aparecieron en el momento en el que aceptó portar el bastón de guardia y oponerse abiertamente al cultivo de coca en su territorio. Además, denuncian que, aunque pidieron medidas de protección al Gobierno, la gobernadora debía realizar sus actividades sola y a pie.

El Cauca arde: la violencia desatada contra los líderes indígenas no para. Foto: CRIC
El Cauca arde: la violencia desatada contra los líderes indígenas no para. La última víctima fue la gobernadora Sandra Peña | Foto: CRIC

Este suceso se produce a menos de un mes de la muerte de la líder del pueblo Kamentsá, María Bernarda Juajibioy, a la que sicarios asesinaron junto con su nieta de un año y cinco meses.

¿Qué pasa en el Cauca?

El miércoles 21 de abril, cuando la noticia del asesinato de Sandra Peña recorría los medios y redes sociales, el ministro de Defensa, Diego Molano, llegó a Caldono para adelantar un Consejo de Seguridad extraordinario, tratar de encontrar a los responsables del crimen y controlar la situación de los líderes indígenas asesinados en Cauca. El funcionario ofreció 200 millones de pesos de recompensa y aseguró que los principales sospechosos eran integrantes de la disidencia de las Farc Dagoberto Ramos.

“Ni los medios masivos de comunicación ni los representantes del Gobierno Nacional nos pueden decir que por culpa del narcotráfico se asesina a la dirigencia social, a la dirigencia indígena”.

Pese a la reacción del Gobierno, algunos líderes sociales e indígenas rechazaron el manejo que desde Bogotá se le está dando a la situación de la región. “Ni los medios masivos de comunicación ni los representantes del Gobierno Nacional nos pueden decir que por culpa del narcotráfico se asesina a la dirigencia social, a la dirigencia indígena”, fue la respuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

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Armando Valvuena, expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que es difícil creer que, en un departamento con más de 8.000 hombres de las Fuerzas Militares, los grupos armados maten y trafiquen sin ser perseguidos.

A su vez, Walter Aldana, investigador y líder social, cree que el problema no se ciñe a los cultivos ilícitos o al narcotráfico, sino al uso y tenencia de la tierra, situación que se suma a la deuda histórica de inversión social y pobreza que hay en el departamento del Cauca.

Para el Gobierno, todos los males vienen del narcotráfico, pero acá no tenemos infraestructura institucional. Después de una masacre se escucha siempre lo mismo, que habrá Consejo de Seguridad y recompensa, esa es una actitud pasiva de la Fuerza Pública”, dice el investigador.

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Por otra parte, Aldana asegura que nadie niega la existencia de cultivos ilícitos, pero agrega que no se tiene en cuenta que el 64 por ciento de la población se encuentra en la pobreza, y que por años se ha privilegiado el desarrollo de grandes compañías, especialmente dedicadas a la ganadería y la transformación de la caña.

Las comunidades dicen que las explicaciones a la violencia en la que está sumida la región, y que se deberían a una guerra entre grupos armados (ELN, disidencias de las Farc, Clan del Golfo…) son decepcionantes y no permiten ver todas las aristas de lo que está ocurriendo. A su vez, el senador indígena Feliciano Valencia asegura que este año se han realizado 12 consejos de seguridad, todos sin impacto sustancial.

En un intento por eliminar de sus territorios y cabildos la sospecha de complicidad con el narcotráfico, varias comunidades indígenas de Caldono se declararon el 21 de abril en minga interna, e iniciaron un proceso de armonización y limpieza. Sin embargo, mientras desarrollaban esta actividad fueron atacados con disparos y más de 30 comuneros resultaron heridos. Así mismo, en medio del sepelio de Sandra Peña, ese mismo día, empezaron a circular panfletos con nuevas amenazas a la comunidad.

Panfleto amenazas FARC. Foto: Twitter
Panfleto con amenazas de las Farc. | Foto: Twitter

¿Quiénes son los responsables?

Grupos armados ilegales

Se cree que en esta región del país delinquen las disidencias de la Farc Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y la llamada Segunda Marquetalia, así como varias compañías del ELN, EPL y el grupo paramilitar Clan del Golfo. Todos estos grupos se disputan el control del territorio, las rutas del narcotráfico y muchas veces crean alianzas. Son estas las bandas que estarían detrás de la mayoría de casos de líderes indígenas asesinados en Cauca.

El Narcotráfico

No se descarta que la causa de la muerte de Sandra Peña haya sido una retaliación a su lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos, de los que dijo: “La cultura occidental nos está llevando a que optemos por cultivar eso de los cultivos ilícitos, entonces como territorios debemos replantearnos cómo recuperar nuestras formas de vida”. Esta tesis parece encontrar sustento, además, en las declaraciones del senador Valencia quien dijo: “hace tres semanas, la autoridad indígena (Sandra Peña) se enfrentó valientemente a cultivadores de coca provenientes de otras regiones, les dijo que estaba prohibido y una semana después la amenazaron de muerte”.

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Lucha por la tierra

Por otra parte, no se puede dejar de lado el problema de las tierras, como lo señala el expresidente de la ONIC, Armando Valbuena. “En Colombia hay 3.272 personas jurídicas propietarias de más de 40 millones de hectáreas, el 34 por ciento de las tierras de la República, ellos son los que hacen la expansión agrícola, minera y ambiental. Esa es la causa real del asesinato de los líderes indígenas, lo que está conllevando a un genocidio que hoy tiene un matiz de feminicidio”, dice.

En síntesis, el panorama de las comunidades indígenas en el Cauca es desolador. Al abandono del Estado se suma la emergencia sanitaria de la pandemia y el despliegue de más actores armados, responsables materiales del creciente número de líderes indígenas asesinados en el Cauca.

Por ahora, los pueblos indígenas del Cauca aseguran que seguirán caminando en defensa de la vida y la paz. La líder Sandra Peña, quien fue sembrada en la tierra como reza la tradición ancestral, deja dos niñas huérfanas, una de cinco y otra de 14 años.

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