El ganado tiene acorralada a la Amazonía

Desde 2016, la población vacuna que circunda los parques nacionales colombianos La Macarena, Cordillera Los Picachos, Tinigua y Serranía del Chiribiquete se ha más que duplicado. Los ganaderos quebrantan así la ecología de reserva que protege la selva más importante del planeta. ¿Cómo se han apropiado los particulares de tierras públicas reservadas?

El número de vacas que pastan en los bordes —y a veces al interior— de varios parques nacionales naturales en Meta y Caquetá y que protegen la ecología de la Amazonía colombiana está aumentando año año, desde 2016, cuando las guerrillas de las FARC firmaron un acuerdo de paz y dejaron de ser el poder armado de la región. 

El número de vacas sin permiso para pastar pasó de 80.719 en 2016 a 194.808 en 2020 –un crecimiento de 141 por ciento– en veredas colindantes con zonas de reserva forestal y parques nacionales naturales y regionales, o que incluso tienen territorios dentro de estas áreas protegidas. Así lo revelan ciclos de vacunación comparables en registros oficiales de los últimos cinco años.

Este hallazgo se hizo tomando el registro que hacen los vacunadores que se encargan de inmunizar a toda la población vacuna y bufalina contra la fiebre aftosa, en el que se consignan los predios y se proporciona su ubicación en las veredas. Ellos inmunizan dos veces al año y cada ciclo, por supuesto, suele reflejar distintas poblaciones porque el ganado está en constante movimiento (de la finca al lugar de matadero, de una finca a otra). Por eso para calcular el cambio de un año a otro, comparamos el primer ciclo de cada año.

Es decir, frente a 2016, en 2020, había 114.089 vacas nuevas. En la Amazonía, según cálculos de los mismos ganaderos, cada vaca necesita en promedio una hectárea de pastizal, y cada potrero de pasto se traza tumbando selva. Entre 2016 y 2020, en la Amazonía se destruyeron 560.000 hectáreas de bosques, según el IDEAM, la entidad del sector ambiental que monitorea la deforestación en todo el país. Los departamentos de Caquetá y Meta fueron los dos más afectados con un área deforestada en este período de 364.893 hectáreas (o el 65 por ciento del total nacional).

El aumento de ganado en proximidades de los parques nacionales fue especialmente importante entre 2016 y 2017, aunque la expansión ha sido constante año a año.

Esta investigación periodística del medio digital colombiano 360-grados.co y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo técnico de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales (RIN) del Pulitzer Center for Crisis Reporting, consiguió y analizó las bases de datos de vacunación contra la fiebre aftosa del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de esa región en el sur del país. Además, este equipo, contrastó los hallazgos que sugieren los datos con reportería en terreno.

El análisis de los datos, obtenidos a través de un derecho de petición de 360-grados.co al ICA, muestra que el mayor incremento en el número de vacas vacunadas se ha dado en los alrededores de cuatro parques: La Macarena, con 43.553 vacas más vacunadas en 2020 en comparación con 2016; Cordillera Los Picachos, con 23.194; Tinigua, con 22.068; y Chibiriquete con 15.345. Los tres primeros están en la transición entre la Amazonía y la cordillera andina, mientras el último está en la selva amazónica.

La mayor presión la sufrió el parque Tinigua en donde la ganadería aumentó en un 470 por ciento. En este parque, según cálculos de IDEAM, se deforestaron 22.700 hectáreas entre 2018 y 2019.

Le sigue el parque Chiribiquete, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2018 por su riqueza ecológica, histórica, arqueológica y cultural, con un crecimiento en el hato ganadero vacunado allí de 244 por ciento. En veredas colindantes al Parque Nacional Sierra de La Macarena se vacunaron 121 por ciento más vacas y en las del parque regional Cordillera Los Picachos —creado en 2018 como primera área protegida regional en la Amazonía colombiana— un poco más del doble. En este último parque se había establecido un hato ganadero considerable desde hacía años. Por eso, aunque tiene una gran población vacuna, no se ve un aumento de la deforestación entre 2016 y 2020, pues ya se había deforestado desde antes.

En algunos de estos parques, la deforestación coincide con el incremento de la actividad ganadera, que se ha acentuado en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano, La Macarena, Belén de los Andaquíes y San José del Fragua, todos colindantes o que hacen parte de los parques nacionales naturales de Tinigua, Chiribiquete o Sierra de La Macarena. 

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La irrupción reciente de colonos en zonas selvática o de amortiguación a la Amazonía para desarrollar fincas ganaderas y agroindustria está interrumpiendo la continuidad de ecosistemas entre los parques de Chiribiquete y Tinigua, con consecuencias que pueden ser negativas para la supervivencia de las especies que albergan. 

El biólogo Nicola Clerici de la Universidad del Rosario, quien ha estudiado el impacto de la deforestación en estos ecosistemas, asegura que hay una gran variedad de daños, pero cree que lo peor está pasando en la pérdida de servicios ecosistémicos y de biodiversidad: “Están alterando los flujos génicos. En este caso no es solo es la pérdida del hábitat, sino de sus conexiones con otros ecosistemas. También es importante la presión sobre eventuales poblaciones indígenas presentes en esos territorios”, dijo Clerici.

La expansión de la ganadería hacia la Amazónica selvática no es la única causa de la deforestación, pero si una fuerza crecientemente destructiva de esta ecología vital. Según el IDEAM, al ritmo que va la deforestación, para el 2020 a la Amazonía colombiana le quedaban 40 millones de hectáreas de selva, que son el 68 por ciento de todos los bosques del país. 

La expansión de las actividades económicas, como la ganadería, los cultivos de uso ilícito, el tráfico de madera ilegalmente extraída, la minería ilegal, y la apropiación ilegal —y a veces violenta— de tierras de la Nación o de comunidades indígenas ponen en riesgo este pulmón del planeta. 

Parque La Macarena

Llama la atención lo que ocurre al sur del Parque Nacional de La Macarena, en donde la deforestación se ha incrementado en cinco veredas y también la vacunación, que miden 45.000 hectáreas (casi del tamaño del área urbana de Bogotá). Entre ellas están Caño Indio, Tres Chorros (no tenía ganado en 2016 y en 2020 registró 1.636cabezas), El Diamante (pasó de 319 a 1.116), La Catalina (de 646 a 2.355) y Las Esmeraldas (de 721 a 2.441). 

Es de resaltar que la vereda Nueva Colombia, que tenía 130 vacas en 2016 y pasó a 1.258, para un aumento de 867 por ciento. Y veredas como Tres Chorros, La Borrascosa, Caño San José y La Esmeralda que no reportaron vacas vacunadas en 2016, a partir de 2017 empezaron a registrarlas. Estas tres veredas, en donde se tumbaron árboles para hacer potreros, suman 10.954 hectáreas, un área de tamaño similar a la que ocupa la ciudad de Sincelejo, la capital del departamento de Sucre al norte del país. 

“Con la salida de las FARC, nativos y ‘caqueteños’ han tumbado monte y hoy hay hatos de 1.000 cabezas”, dijo a este equipo periodístico una fuente que trabaja con las comunidades de esa región, añadiendo que hay miedo a hablar del tema porque “en diciembre pasado fue asesinado Francisco Javier Parra, funcionario de Cormacarena, por denunciar a los deforestadores”. Cormacarena es la Corporación Autónoma Regional de La Macarena, encargada de vigilar el medio ambiente en esa región.   

Según un reportaje de Mongabay Latam, antes de matarlo, actores armados no identificados vetaron la presencia de funcionarios de las autoridades ambientales en diferentes zonas del parque La Macarena. Estos funcionarios estaban vigilando incendios controlados provocados por personas que buscan tumbar el bosque para hacer potreros. Parra había sido amenazado cuando quiso detener una de estas quemas, que puso en peligro la selva aledaña a Caño Cristales, el famoso río de cinco colores —por sus poblaciones de la endémica planta acuática Macarenia clavigera— que atraviesa la Serranía de La Macarena.

Un corredor entre los parques de Cordillera y Tinigua

Entre los parques nacionales de Cordillera Los Picachos y Tinigua, en territorio del municipio de La Uribe, en Meta, famoso porque fue epicentro del poder de las guerrillas FARC que firmaron la paz en noviembre de 2016, ha aparecido en los últimos años un corredor de deforestación. Tiene 70 mil hectáreas, un área más grande que la que ocupa hoy Cali, la tercera ciudad del país y cubre cuatro veredas en las que fueron registradas 10.467 vacas vacunadas en 2020: La Espalda, La Belleza, La Primavera y Tierra Adentro.

Allí la deforestación se ha extendido al mismo ritmo de los pasos gigantes de la expansión ganadera. En esta última vereda el hato ganadero registrado creció poco más que un 2.000 por ciento.    

Ese corredor, explica el funcionario, empezó con la construcción de una carretera que hicieron las guerrillas en tiempos de conflicto armado, pues abrió un frente de colonización. “Ahora, con la paz muchos han retornado, desplazados y han llegado compradores, con la ventaja que una hectárea de tierra puede costar 10 o 20 millones de pesos”, dijo. 

“Son tierras muy buenas, que están sobre la falda de la cordillera, bañadas por los ríos Duda y Guayabero, con una calidad de producción altísima”, dijo a esta alianza el alcalde de La Uribe, Marcelino Chacón, y añade la buena noticia de que tras la firma del acuerdo de paz y sin el “control” a la deforestación, los campesinos dejaron de sembrar coca para pasarse a la ganadería y la agricultura y lo que ha traído prosperidad económica en la zona. 

Aún así, es, sin embargo, escéptico del cuadro que pintan las cifras de vacunación y dice que pueden estar sobredimensionadas. Está convencido de que la ganadería podría ser más rentable y eficiente, pero que desafortunadamente hay una cultura de “una vaca por hectárea”. Eso la convierte en una ganadería extensiva, a diferencia de un modelo de producción intensivo en donde las vacas convivan —en un modelo silvopastoril— con árboles, como recomiendan los estudios científicos, para mitigar las emisiones de gases de metano de las vacas que aceleran el cambio climático.

La mala noticia que da el alcalde Chacón es que desde que las guerrillas salieron ya nadie ‘controla’ que no se tumben árboles. Su gobierno municipal quiere contribuir a desarrollar una ganadería más sostenible y de ahí que en 2020 presentó un proyecto por 16.000 millones de pesos para 150 familias campesinas ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión regional (OCAD), los encargados de tramitar las iniciativas financiadas por el sistema de regalías en las regiones. Chacón asegura que esta iniciativa solo está pendiente del visto bueno del ministerio de Agricultura para ser aprobada. 

La deforestación en el Tinigua 

En el parque Tinigua, en nueve veredas contiguas, que ocupan una extensión de 52 mil hectáreas (un poco más que toda el área urbana de Bogotá que es de 45.000 hectáreas, la capital colombiana), el IDEAM ha medido una gran deforestación: entre 2018 y 2019 calculó que se talaron 17.000 hectáreas de bosques. Allí mismo, la cifra de vacunación, muestran un crecimiento vertiginoso del hato ganadero. 

Allí la vereda que muestra el mayor crecimiento de vacunación es El Paraíso, que pasó de 124 vacas vacunadas a más de 2.600. Y en veredas que no habían registrado vacunación de vacas en 2016, como La Dorada, Aires del Meta, Atlántida y Aires del Perdido, se reportaron en 2020 más de mil y hasta más de dos mil vacas vacunadas. 

El Chiribiquete, patrimonio natural de la humanidad

En el majestuoso Parque Nacional Sierra de Chiribiquete, prácticamente virgen hasta 2016, hoy tres veredas, todas ubicadas en el municipio de San Vicente del Caguán –donde se llevo a cabo el fracasado diálogo de paz entre las Farc y el gobierno hace más de veinte años– más que cuadruplicaron su ganado. Las veredas con presencia de ganado y evidencias de deforestación, suman 150 mil hectáreas, un área mayor que la superficie de Ciudad de México. 

Así, por ejemplo, Ciudad Yarí pasó de vacunar 2.388 a 8.352 vacas entre los años 2016 y 2020. Explica el asesor de la Gobernación del Caquetá, César Quimbay, que esta es una sabana de transición entre llanos y selva amazónica, y allí terratenientes y campesinos han ido reemplazando los pastos naturales por pastizales sembrados para alimentar el ganado. “Hay fincas como en otras veredas, pero también hatos de mil hectáreas”, cuenta.  

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Quimbay, al igual que el alcalde de La Uribe, coincide que fue la salida de las FARC de la región lo que ha llevado a que habitantes nativos y colonos forasteros hayan empezado a tumbar selva para hacerse a fincas ganaderas. 

En este parque los datos de vacunación revelan que en otra vereda colindante al parque llamada Camuya, vacunaron en 2020 seis veces el ganado que habían inoculado en 2016, registrando 6.587 vacunaciones el año pasado. 

La explicación de este crecimiento súbito está en que, en 2018, la Alcaldía de San Vicente del Caguán reconoció esta zona selvática como vereda. Esto les permitió a colonos registrar fincas y con ello desarrollar hatos ganaderos, explica Quimbay. “El fenómeno es muy grave, la deforestación que se ha tenido es grande”, dijo a esta alianza periodística.

La vereda Yaguará II, donde vacunaron 406 vacas, cuando antes no se registró ninguna actividad ganadera, es en parte territorio del resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II de 136.000 hectáreas, que es habitado por familias de las etnias originarias pijao, piratapuyo y tucano. En los últimos años han llegado colonos a hacerse a tierras y a tumbar árboles, afectando así también los derechos de estas etnias, según explica Quimbay. 

El 20 de septiembre pasado (2021), 53 indígenas de estas comunidades se desplazaron al pueblo de San Vicente del Caguán, y a las ciudades de Neiva y Bogotá. De acuerdo a reportes periodísticos del proyecto Tierra de Resistentes, en el que participa CLIP, sus habitantes denunciaron que personas armadas que quieren controlar sus territorios les habían “exigido conocer el censo de las personas que están dentro del territorio y de los que quisieran ingresar”. Contaron además que han destruido ya 2.538 hectáreas de bosque virgen que colinda con el parque de Chiribiquete y que sus comunidades indígenas han querido proteger. 

Hace 12 años, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos y ordenó a las autoridades implementar un plan para protegerla de la deforestación. Desde entonces, las autoridades municipales han suspendido la expedición de cartas que les permitían a los colonos registrar fincas ante las autoridades sanitarias. También están intentando poner el freno a negocios ganaderos. 

Carlos Olaya, investigador de Dejusticia y parte del equipo que vigila el cumplimiento del fallo, confiesa que no sabe qué “tan eficaz ha sido la implementación de la sentencia“, porque no cuentan con datos para analizar “el efecto que ha tenido en la tasa de deforestación”. 

“Por los retrasos creemos que no se está cumpliendo (la sentencia)”, explica. “Cuatro órdenes son elaborar planes (ministerio, corporaciones autónomas y municipios) y están retrasados o no han sido aprobados, y la quinta ordena al gobierno ciertas acciones, la más importante es la operación militar Artemisa”. Dijo que, aunque esta última sí se está implementando, pero les preocupa que han capturado sobre todos a campesinos y trabajadores, y, en cambio, “no han tocado a los responsables, a los capitales”.

La información que surge de la vacunación del ganado en esta región revela que la expansión del hato ganadero en los territorios de cuatro parques nacionales, o en sus alrededores, es una causa cierta de la deforestación de la Amazonía colombiana. No sólo hay vacas en territorios protegidos por su valor ecológico, sino que ya se identifican anchos corredores de deforestación, donde hay más ganando que nunca antes, quebrando así la comunicación indispensable para la supervivencia de las especies que habitan en los parques nacionales. 

Si la deforestación de la Amazonía y sus motores continúa avanzando tan rápido como lo ha hecho en los últimos cinco años y, por el contrario, las instituciones encargadas de contener el fenómeno siguen actuando a paso lento, el daño puede ser irreparable. Urge identificar a los responsables tras la expansión ganadera, y establecer a qué frigoríficos proveen de carne. La gente podría así tener la certeza de que el cerne que compra en las ciudades no proviene de destruir el bosque amazónico. 

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