El hijo de Jorge 40 y la inmobiliaria familiar que recibió millonario contrato de la Unidad de Víctimas

La sociedad San Martín, de propiedad de la madre y la abuela de Jorge Tovar Jr., recibió un contrato por 260 millones de pesos por el arrendamiento de la sede principal de la Unidad de Víctimas en Valledupar. ¿Una desafortunada coincidencia?

El nombre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez no le dice mucho a la mayoría de los colombianos. Pero si se precisa que se trata del hijo del temido jefe paramilitar Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, de inmediato se disparan las alertas.

Tovar Vélez confirmó que será candidato a la Cámara de Representantes y que aspirará a ocupar una de las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, creadas mediante el acto legislativo 02 de 2021 como una manera de resarcir a las víctimas del conflicto armado.

Hay que aclarar que la circunscripción electoral por la que aspirará a la Cámara abarca 13 municipios de tres departamentos: Cesar (06), Magdalena (04) y La Guajira (03).

En carta blanca, eso quiere decir que el hijo de uno de los jefes paramilitares más sanguinarios buscará llegar al Congreso en representación de las víctimas que dejó su papá. Y lo hará a través de una lista doble por la Asociación Paz es Vida con sede en Valledupar (Cesar). Su fórmula será Katerine Simanca, otra víctima de la violencia en Aracataca (Magdalena).

Tovar empezó a ser un personaje relativamente público cuando fue nombrado en el Ministerio del Interior como asesor coordinador de la Unidad de Víctimas, algo que generó fuertes críticas, además de señalamientos sobre el presunto uso de la entidad pública para catapultarlo en la escena política.

A ello se agrega que la Unidad de Víctimas firmó un millonario contrato de arrendamiento de su sede en Cesar a través de una sociedad cuyas accionistas son de la mamá y la abuela de Jorge Rodrigo.

Además, Diario Criterio descubrió que si bien el joven Jorge Rodrigo no aparece como accionista de la afortunada sociedad, al menos ha fungido como secretario en una de sus juntas.

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¿Jorge, el malvado?

Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, fue el temido jefe paramilitar que comandó el Bloque Norte de las AUC, que delinquió y sembró una estela de muerte en La Guajira, Magdalena, Cesar y Norte de Santander.

En los registros públicos sobre el conflicto armado en Colombia y la guerra paramilitar de las AUC, se habla que Tovar Pupo confesó 558 asesinatos, entre selectivos y masacres.

A Jorge 40 se le atribuye la masacre de 40 pescadores en la Ciénaga Grande, el exterminio de indígenas kancuamos, el asesinato de Jorge Gnneco y el secuestro de seis integrantes de esa familia. También lo señalan como el autor de la masacre de Bahía Portete en La Guajira.

Pese a todas las cuentas pendientes con la justicia y las víctimas en Colombia, el entonces presidente Álvaro Uribe lo extraditó hacia Estados Unidos el 13 de mayo de 2008. Allí purgó una condena de 12 años en la cárcel del distrito de Columbia (Estados Unidos).

Jorge 40 fue deportado a Colombia el pasado 28 de septiembre, pero fue aprehendido por las autoridades para que responda por 35 órdenes de captura vigentes en su contra y cerca de 1.000 procesos abiertos.

En el nombre del padre…

Semanas antes de su deportación a Colombia, su hijo Jorge Rodrigo Tovar Vélez renunció al cargo como coordinador de la Unidad de Víctimas en el Ministerio del Interior.

Desde varios sectores interpretaron la renuncia como una forma de minimizar el escándalo ante la llegada de su padre, porque ese nombramiento ya había causado revuelo político debido a que algunos colectivos lo catalogaron como una ofensa para las víctimas de los paramilitares.

La verdad es que Jorge hijo ha sido ejemplo de reconciliación y desde hace varios años viene dando señales en ese sentido. De hecho, una de las frases que más acuñó en sus discursos motivacionales que dio en varias regiones fue: “Somos hijos de la guerra y seremos padres de la paz”.

El primer acto público de perdón lo protagonizó en 2019 cuando se abrazó con Jaime Palmera, hermano de Ricardo Palmera, más conocido como alias Simón Trinidad, exjefe de las Farc extraditado a Estados Unidos.

De hecho, Palmera fue uno de los acompañantes al acto de inscripción de su candidatura en la Registraduría de Valledupar. Luego vino el saludo y abrazo con Rodrigo Londoño Jiménez, alias Timochenko, y su hijo recién nacido.

Jorge Rodrigo Tovar y Jaime Palmera
Jorge Rodrigo Tovar (izquierda) y Jaime Palmera (centro)

Inmobiliaria familiar

A las críticas y suspicacias generadas por su gestión en la Unidad de Víctimas en la territorial de Cesar y La Guajira, donde el encargado era su amigo y excandidato al Congreso por el Centro Democrático Víctor Hugo Mosquera, se agregan nuevos hallazgos.

Esta vez corren por cuenta del arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la sede principal de la Unidad de Víctimas en Valledupar (Cesar), entre 2019 y 2021. Se trata de un contrato por 260 millones de pesos que se firmó con la inmobiliaria Grupo Majusa SAS, que actuó como intermediario administrador en ese negocio.

Jorge Rodrigo Tovar Vélez
Contrato de arrendamiento Unidad – Majura SAS

Lo llamativo de ese contrato es que en realidad el inmueble arrendado le pertenece a la sociedad San Martín, cuyos accionistas son Ana Carolina Vélez Salgado, madre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, y su abuela Rosario Salgado de Vélez.

Se trata de una sociedad cuya actividad principal es la inmobiliaria, con bienes propios o arrendados, así como la cría de ganado bovino y bufalino. La madre de Jorge Rodrigo aparece como representante legal.

En una de las juntas de la sociedad celebrada en 2017, Jorge Rodrigo Tovar Vélez actuó como secretario. No obstante, él nunca ha figurado como accionista de la mencionada sociedad.

Jorge Rodrigo Tovar Vélez.
Jorge Rodrigo Tovar Vélez.

Diario Criterio intentó por varios medios conocer la versión del candidato Tovar Vélez, pero hasta su publicación no había devuelto las llamadas o respondido los mensajes dejados en su wasap.

Es claro que el joven Jorge Rodrigo Tovar Vélez no está inmerso en inhabilidades por cuenta de ese contrato de arrendamiento. No obstante, genera mucho ruido y suspicacias que su familia se lucre con los dineros públicos de las víctimas que él pretende representar en el Congreso.

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