El informe que narra cómo empresas se habrían beneficiado del despojo de tierras en Urabá, Cesar y Magdalena

El documento, realizado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), narra cómo empresarios bananeros y de la agroindustria de la palma se habrían beneficiado del despojo de tierras en Colombia de manera indirecta o directa. También evidencia impunidad en los procesos de restitución de tierras, recogiendo las experiencias de la organización tras ocho años de litigio. 

El informe se concentra en los casos de Las Franciscas, Diana María y Chimborazo, en el Magdalena; La Guatinaja y La Marimonda, en Urabá, y la hacienda Bellacruz y Villa Margarita, en el Cesar. “Relatamos la impunidad que hay frente a hechos como el desplazamiento forzado, los homicidios selectivos y las masacres que antecedieron al abandono y despojo de tierras”, dijo a Diario Criterio Paula Villa, directora de litigio de la CCJ.

Un punto central del documento es la presunta impunidad frente a la participación de empresarios del sector bananero y palmero en hechos que habrían provocado el desplazamiento forzado y el despojo de tierras de 1.552 campesinos. 

El informe tendrá una versión pública que se lanzará el próximo 8 de junio, titulada Los silencios e impunidades del despojo en Colombia.  Villa explica que el propósito es evidenciar que, pese a las pruebas existentes respecto a la participación de elites de terratenientes locales, consorcios empresariales nacionales y multinacionales en los hechos narrados en el informe, no hay una investigación y sanción penal contra actores económicos por su presunta participación en la comisión de las graves violaciones al derecho internacional humanitario.

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“En seis de los siete casos, empresarios bananeros y palmicultores se quedaron con los predios después de los desplazamientos masivos causados por grupos paramilitares. Por ejemplo, en las Franciscas, La Guatinaja y La Marimonda, los predios quedaron en manos de bananeros. En los casos de Diana María, Chimborazo y la hacienda Bellacruz, los predios quedaron en manos de palmicultores, y en Villa Margarita se evidenció una práctica similar, pero en el marco de la industria extractiva”, explica la directora. 

El informe señala un beneficio producto del despojo y se soporta en las declaraciones de paramilitares sometidos al proceso de Justicia y Paz, que incluso indican que tenían un propósito específico para beneficiar empresarios.

Villa asegura que el proceso de restitución de tierras no les da respuesta a estas denuncias: “El proceso está enmarcado dentro de una acción de carácter civil que tiene como principal propósito que las personas puedan retornar, pero existe la posibilidad de compulsar copias; aun así, en ninguno de estos casos hay procesos de investigación alrededor de los terceros con avances significativos”.  

El informe de la CCJ pretende ser un puente con la justicia transicional para señalar la necesidad de una investigación. Asimismo, agrega Villa, busca identificar los macrocontextos de los casos que tiene abierta la JEP y que apuntan a la macrocriminalidad que ha habido en el país alrededor de los intereses por la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Aunque la presentación de los terceros ante la JEP debe ser voluntaria, los investigadores quieren promover acercamientos. “Y si no llegasen a hacerlo, que la JEP compulse copias al ente investigador, pues hablamos de desplazamiento forzado, masacres, homicidios selectivos. En Chimborazo, por ejemplo, la violencia sexual fue generalizada como una estrategia de guerra y después generó desplazamiento masivo”, destaca Villa.

La compra de predios a bajo costo, despojos materiales, participación en despojo jurídico y administrativo son algunos de los hechos con los que el informe relaciona a los empresarios. Villa adelantó que en el libro se mencionan empresas como Franciscas S.A.S., que figuraba como propietaria de los predios en el caso de Las Franciscas, en Magdalena, así como Agrícola Eufemia LTDA y Técnicas Baltime de Colombia S.A., que fungieron como opositoras del proceso y vendían banano con el sello de la Dole, dice el informe. En el caso Bellacruz, se encuentra el grupo agroindustrial Hacienda La Gloria.

“En resumen, el informe nos dice que ha habido una contrarreforma a través del despojo. Es decir, los campesinos fueron desplazados y en estas zonas quedaron actores económicos, principalmente, empresas bananeras y de agroindustrias relacionadas con la palma de aceite”, expresó la directora.

La Comisión Colombiana de Juristas dice que es fundamental que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición “reconozca la gravedad, la magnitud y la naturaleza del desplazamiento forzado y despojo de tierras en Colombia” y que la JEP considere los dos crímenes “como un tema central de su quehacer”.