El limbo de los muertos de Hidroituango

En una inusual audiencia, los representantes de la comunidad indígena nutabe le pedirán a la JEP que les devuelva los 178 restos de sus muertos que reposan en el laboratorio de la Universidad de Antioquia hace tres años, sacados de sus cementerios. Esto porque ninguno hace parte del conflicto ni son desaparecidos.

Además de las denuncias e investigaciones que se adelantan en torno a la contratación y ejecución de las obras de Hidroituango, hay un capítulo que parece ser tan complejo como los secretos de ingeniería que quedaron inundados en los túneles de este complejo: el de los muertos.

Mientras que algunas organizaciones como Ríos Vivos plantean que debajo de las aguas de la presa quedaron sepultados los cuerpos de cientos o miles de personas asesinadas y desaparecidas por los grupos ilegales que operaron en esta zona de Antioquia, especialmente a manos del Bloque Mineros de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o de las Farc, otros han advertido que no hay suficientes pruebas ni argumentos para demostrar estas denuncias.

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En medio de esta batalla está la comunidad nutabe que habitaba las tierras hoy inundadas, y en cuyo proceso fueron trasladados de forma administrativa, por Empresas Públicas de Antioquia (EPM) con la asesoría de la Universidad de Antioquia, de los tres cementerios que tenían en Orobajo, La Fortuna y Barbacoas (Antioquia), de los cuales, 178 restos permanecen en los laboratorios de esa alma máter.

Este martes, tres representantes de los nutabe asistirán a la JEP para decirles que esos restos no son de personas asesinadas por el conflicto armado ni son los cuerpos hallados por barequeros durante años en el río Cauca, sino que son sus ancestros, por lo que piden les sean devueltos para darles su sepultura final.

La JEP escuchará hoy a varios expertos y peritos solicitados por la defensa de EPM, que buscan demostrar que el traslado que se hizo de los tres cementerios cumplió con todos los trámites de un proceso administrativo, más no cumpliendo órdenes ni procedimientos judiciales. En otras palabras, que en este proceso no se ha tratado de borrar ni ocultar ningún posible caso de desaparición.

Una larga historia

EPM suscribió el convenio (PC2017 001 472) con la Universidad de Antioquia para el apoyo del traslado administrativo de los cementerios de los nutabes de Orobajo y Barbacoas, que iban a quedar debajo de las aguas de Hidroituango.

Comunidad nutabe de Orobajo en 2011. Foto: kavilando.org

Para adelantar este proceso, EPM le preguntó a la Fiscalía General si en estos sitios o en otros de la zona de influencia, estaba trabajando en exhumaciones judiciales, pero la entidad les dijo que ya había terminado y había hallado 153 cuerpos.

Por tratarse de un traslado administrativo, la Universidad de Antioquia y la firma Integral consultaron con las comunidades para reconstruir la historia de los sepultados y sus dolientes, además de trabajar con ellos en todo el proceso, pues no se trataba de un cementerio convencional.

Se recuperaron 349 restos en tres lugares en municipios de influencia del proyecto de Hidroituango, 25 de ellos se entregaron a sus familiares y otros reposan en los laboratorios de antropología de la Universidad de Antioquia, como lo señaló la antropóloga Timisay Monsalve, profesora de la mencionada universidad.

Comienza otra historia

El asunto se complicó en 2018, cuando el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le solicitó a la JEP decretar medidas cautelares para el cuidado, protección y preservación de 17 sitios específicos en Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre en donde podrían encontrarse cuerpos enterrados de víctimas de desaparición forzada.

En Antioquia está el cementerio de Dabeiba, en donde han ido apareciendo los restos de personas asesinadas y desaparecidas durante el conflicto de los últimos 25 años, así como Ituango, en donde denuncian que habría cuerpos de personas asesinadas en la región o traídas aguas arriba.

Parte de las complicaciones del caso se deben al hecho que al laboratorio de las Universidad de Antioquia tambièn fueron enviados, por orden judicial, decenas de restos que fueron hallados en el Cementerio Universal de Medellín y que sí pueden ser de personas asesinadas o desaparecidas, no solo de esta ciudad, sino del departamento.

Para tomar una decisión, en especial sobre los restos en poder de la Universidad de Antioquia, la JEP convocó a varias entidades y realizó audiencias públicas en octubre de 2019 en Medellín, para revisar la situación, en particular, de seis municipios que hacen parte de la zona de influencia e impacto de Hidroituango.

La Fiscalía explicó que “…las diligencias de exhumación son indelegables, y tienen como “columna vertebral” la información “previa y verificada” que se les suministra. Al mismo tiempo que es diferente la exhumación de cuerpos de los traslados administrativos que se hacen en los cementerios, como es el caso de los que hizo EPM y, más exactamente, la Universidad de Antioquia, de los cementerios de los municipios de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo a los laboratorios de la Universidad de Antioquia”.

El 29 y 30 de octubre de 2019, la JEP practicó una inspección judicial a los laboratorios de la Universidad de Antioquia, en las que reposan y después determinó -frente a la posibilidad de que alguno de esos cuerpos correspondiera a personas no identificadas y víctimas de desaparición forzada- el inmediato sellamiento temporal y parcial de las instalaciones del laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia.

Esta medida cautelar se ha venido prorrogando hasta la fecha.  Se tiene restringido el acceso al laboratorio, salvo al personal de la Unidad de Investigación y Acusación, de Medicina Legal o a quien la JEP autorice.

¿Qué argumentan las partes?

La defensa de EPM le solicitó a la JEP nuevas pruebas. En primer lugar, que se dé continuidad a la declaración rendida por la directora del laboratorio de la Universidad de Antioquia y que escuche a los lideres de la comunidad indígena nutabe de Orobajo y a miembros de la comunidad de Barbacoas, para reforzar lo manifestado por la Universidad de Antioquia en cuanto al proceso de participación de la comunidad en el traslado administrativo de los cementerios de Orobajo y Barbacoas.

Con esto la defensa, como lo señala el apoderado de EPM, Pedro Páez Pirazán “demostrará que los cuerpos encontrados en estos cementerios son de la comunidad, es decir, que pertenecen a sus familiares y que incluso, como lo han dicho los líderes, hay cuerpos que llevan más de 80 años. Ellos mismos los enterraban uno sobre otro, por sus tradiciones y porque no tenían más posibilidades, debido a que los territorios están alejados de cascos urbanos. Solo se presentó un caso asociado a muerte por arma de fuego, pero eso se dio a conocer a la Fiscalía”.

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La defensa también solicitó que sobre los otros cuatro lugares donde se dice que pueden existir restos de personas desparecidas en el área de influencia de Hidroituango, la JEP ordene que se hagan sobrevuelos, registros fotográficos aéreos o pruebas similares que permitan apreciar la dimensión del territorio y, de esta forma, se pueda precisar por parte de los solicitantes la ubicación de los sitios donde fueron enterrados los cadáveres que encontraban por el río Cauca, “a pesar de decir que conocen los sitios donde enterraron los cuerpos que se encontraban a orillas del río Cauca, no han suministrado la información ni a EPM ni a la Fiscalía”, señaló el abogado Páez.

También se sustentará en las audiencias de hoy, el informe de policía judicial de la Unidad de Investigación y Acusación que ya se dio a conocer a todos los que intervienen en el proceso, sobre el tratamiento de los cuerpos esqueletizados y su traslado administrativo de los cementerios de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo, por parte de la Universidad de Antioquia.

¿Qué decidirá la JEP?

Una vez la JEP escuche los testimonios, peritajes y a la comunidad, deberá resolver la situación de los 178 restos que estaban sepultados en el cementerio de Orobajo, y decidir si pertenecen a la comunidad indígena nutabe.

Se espera que además la JEP se refiera a los otros 16 lugares a los que hace referencia la solicitud de medida cautelar promovida por el Movice y los efectos no solo en Hidroituango, sino en el resto del país.

La implicación de esta medida cautelar es que de verificarse que en dichos lugares pueden existir cuerpos de víctimas de desaparición forzada se debe establecer un procedimiento eficaz que permita el cruce con la información del banco genético del Instituto de Medicina Legal, entre otras bases de datos para que pueda darse información a los familiares de estas víctimas.

Por parte de la comunidad indígena nutabe y la comunidad de Barbacoas se espera que después de la decisión de la JEP puedan recibir los cuerpos de sus familiares y puedan darle nuevamente sepultura y sacarlos del limbo jurídico en el que quedaron.

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