¿El paro nacional llegó a un punto de inflexión?

La mano dura pareciera extenderse de la calle a la mesa de negociación, siguiendo el libreto uribista para enfrentar los bloqueos y la violencia, cuya manifestación más alarmante es la participación de civiles armados ejerciendo la ‘legítima defensa’. El Gobierno deberá enfrentar la presión internacional para negociar y un ambiente adverso en materia de derechos humanos.

Anticipar qué viene luego de un mes y cuatro días de paro nacional, con pretensiones de análisis, puede terminar convertido en un arriesgado ejercicio de adivinación que tenga que ser revaluado al minuto siguiente de publicarse, por la rapidez con la que se desenvuelven ciertos hechos, en especial los asociados a los bloqueos y el vandalismo, y que algunos han descrito con la expresión ‘escalamiento de la violencia’.

Ese escalamiento de la violencia ha encontrado cada día un nuevo hito, hecho que sorprende por el número de muertos y lesionados, el nivel de la barbarie (índice de maldad, como diría un criminólogo en Discovery Channel) o los blancos de los ataques, y por acusaciones de uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado para hacerles frente, con un número aún no definitivo de muertos, heridos, mutilados y desaparecidos.

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Se pasó de ataques a algunas estaciones de los sistemas de transporte masivo a su destrucción sistemática (solo en Bogotá hay más de 50 estaciones completamente inservibles, cuya reparación cuesta más de 18.000 millones de pesos); se pasó del ataque y saqueo al comercio, en especial a las denominadas grandes superficies, al incendio y saqueo de un motel, con todo y tiradores dentro. Se pasó del enfrentamiento con el escuadrón antidisturbios al intento de incineración de sus miembros y de la Policía en los CAI y en las refriegas; y ya se llegó a la destrucción completa de cualquier edificación que se pueda identificar como símbolo del Estado, entre ellas sedes de la DIAN, la Fiscalía y los palacios de justicia en Tuluá, La Plata o Facatativá (con el objetivo específico de destruir expedientes).

El punto de inflexión

En este difícil ejercicio de adivinación, algunos dicen que las marchas del pasado 28 de mayo marcarán, como dicen los académicos, un punto de inflexión, o un giro, que en realidad no se presentó por obra de las mismas marchas, a pesar de que el político al que el Gobierno del presidente Iván Duque y ciertas encuestas han señalado, justa o injustamente, de ser el promotor del paro, Gustavo Petro, se unió a la convocatoria para ese día.

Coincidiendo con ese mes de protestas, sin embargo, sí hay unos hechos nuevos que pueden marcar ese giro o punto de inflexión, y que no son resultado de la generación espontánea, sino de la evolución del conflicto y ese escalamiento de la violencia, y del paquidérmico avance de las conversaciones entre el Gobierno y el Comité del Paro.

El primero y más significativo es la militarización de zonas del Valle del Cauca y otros 7 departamentos del país desde el pasado fin de semana, en particular Cali, con el uso de la figura conocida como la asistencia militar (decreto presidencial 575), mediante la cual el Ejército acompaña a la Policía en sus operativos y acciones.

La militarización y el uso de esa figura había sido anunciado por el presidente Duque hace unas semanas, pero no se había concretado, lo que llevó a sus críticos, incluso dentro de su propio partido, el Centro Democrático, como el expresidente Álvaro Uribe, a decir que le faltaba autoridad y que se había dormido. Sin embargo, otros atribuyen la actitud de Duque, simplemente, a prudencia para no malograr las conversaciones con el Comité del Paro.

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Al momento de escribir este análisis -u obra de adivinación-, el balance había sido, aparentemente, positivo, con el levantamiento de muchos puntos de bloqueo en el Valle del Cauca, pedido por una gran parte de la población, que había visto su efecto inmediato: la imposibilidad de movilizarse y el desabastecimiento. Como consecuencia de ello vino la parálisis de empresas y la pérdida de empleos.

Otro posible del levantamiento de bloqueos por parte de la fuerza pública es que luego de semanas de negarse a esta opción, el Comité Nacional del Paro ordenó este lunes a sus seguidores dejar libre las vías más importantes del país. Una acción que muchos consideran una jugada que hicieron los líderes del paro para opacar un poco este supuesto éxito del Gobierno. Ahora solo queda ver, en este ejercicio de adivinación, si los que realizan los paros le hacen caso a los negociadores.

Militarización y escalamiento de la violencia

Es prematuro cantar victoria por el riesgo de que esta militarización conduzca a un nuevo escalamiento de la violencia, en un escenario en el que el Ejército se puede ver involucrado en enfrentamientos promovidos o instigados por el ELN, las disidencias de las Farc, el narcotráfico, las bandas delincuenciales y los simples rateros y vándalos- actores a los que atribuye el Gobierno la violencia-, que se mezclan y capitalizan las marchas con banderas sociales legítimas.

Es un riesgo real que se presenten enfrentamientos entre el Ejército y manifestantes, que ya no sean manejados con gases lacrimógenos, bolillos y bombas aturdidoras, sino con fusiles.

“A mí particularmente me preocupa que alguien con un fusil maneje una manifestación… Un disparo de un fusil atraviesa a tres personas. Si a uno se le viene encima una turba y tiene un martillo, usa un martillo. Pero, si tiene un fusil, usa un fusil”, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en rueda de prensa en la que descartaba la militarización de la ciudad, como también lo hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“La solución a un estallido social no es la fuerza ni la militarización sino la generación de empleo, el reconocimiento de los graves abusos de derechos humanos para que no haya impunidad y un rescate social de la pobreza. Bogotá va a perseverar en la concertación y las soluciones de fondo”, dijo López en Twitter y en medios.

Pero esta militarización puede tener también un significado político menos obvio: que el expresidente Álvaro Uribe, o sus tesis, haya terminado por asumir o dominar el manejo de la crisis generada por las protestas.

Horas antes de que el presidente Duque anunciara la militarización, el Centro Democrático la había planteado en un comunicado como una necesidad. Asimismo, hubo reunión del presidente con el expresidente donde se planteó lo mismo.

Secuestrados por la violencia y los bloqueos

Lo grave, por los indicios que da sobre el futuro de los diálogos, es que en el mismo comunicado y declaraciones públicas (en particular a Blu Radio) Uribe planteó no negociar con el Comité del Paro, porque “ha estado promoviendo los bloqueos y la violencia”.

Si el presidente Duque está siguiendo ‘el libreto’, es probable que no se vean avances significativos en esa negociación, lo que marcaría un punto de inflexión o giro.

Este giro, que podría llevar a más violencia y agitación social, también podría tener el efecto contrario: poner al Gobierno en una mejor posición de negociación (en una posición de fuerza, literalmente), recuperar la iniciativa, frente al Comité del Paro, que con arrogancia y triunfalismo infantil lo ha puesto a la defensiva a contar derrotas, como la caída de la reforma tributaria, la de la Salud, la renuncia de Alberto Carrasquilla e incluso la cancelación de la Copa América. Solo le faltó “comer otro ministro”, pues no prosperó la moción de censura contra el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, por el manejo de las protestas.

La razón hecha pública para la literal parálisis de las conversaciones entre el Gobierno y el Comité del Paro ha sido la renuencia de este último a condenar los bloqueos. Esta actitud del Comité del Paro muestra, entre otras cosas, su miopía, pues una cosa es pedir garantizar el derecho legítimo a la protesta y otra muy diferente avalar los bloqueos y la violencia, en parte generada por estos.

El periódico El Espectador, que no es propiamente uribista, logra identificar también a la violencia y los bloqueos como obstáculo para poder avanzar en una solución de fondo la crisis (que obviamente descarta la militarización) que ataque la raíz: la pobreza y la desigualdad acumulada durante décadas, y que se vio intensificada por la pandemia.

El Espectador dice, literalmente, que existe el riesgo de que los reclamos sociales terminen secuestrados por la violencia y los bloqueos.

“No podemos permitir que este grito de inconformismo y demandas justas de transformación termine silenciado, como tantas veces en el pasado, a sangre y fuego (léase militarización, según nuestra interpretación). Para eso tenemos que llegar, y pronto, a un punto final que permita tramitar las frustraciones más profundas… Contar la historia de lo ocurrido en el último mes sin mencionar las múltiples expresiones pacíficas, los esfuerzos comunitarios por elaborar propuestas, los gritos de denuncia que han evidenciado atrasos de décadas, sería un acto en extremo injusto, también equivocado. Mayo nos mostró una Colombia que clama por reformas estructurales”, dijo en un editorial del fin de semana.

En lo único que se puede diferir con el editorial de El Espectador es en el hecho de que no es solo un riesgo que los reclamos sociales puedan terminar secuestrados por la violencia y los bloqueos, pues en realidad ya lo están y muchos, entre ellos el Comité del Paro, no se han dado cuenta.

Probablemente este ha sido el resultado de la arrogancia y el triunfalismo, derivado de que ni el mismo Comité anticipaba la magnitud del estallido social, que como cualquier político en campaña, ha terminado capitalizando, aunque con vacíos notorios por no representar a todas las fuerzas sociales, en particular a los jóvenes, protagonistas principales de las protestas.

Al cierre de este artículo, el Comité del Paro anunció en una rueda de prensa llevada a acabo en la mañana de este lunes que había dado instrucciones para desescalar los bloqueos. “Nosotros hicimos un desescalamiento en los puntos de resistencia, como le hemos llamado, el Gobierno les llama bloqueos. Los mal llamados bloqueos. Nosotros, el día domingo, orientamos a través de un comunicado y este es el resultado. Una demostración más de la voluntad que tenemos para buscarle una solución negociada y concertada a este paro nacional”, dijo Nelson Alarcón, representante de Fecode.

Esto puede tener dos lecturas: una, la buena fe de los líderes del paro que quieren dar mensajes al Gobierno de destrabar la mesa de negociación, y la otra, desmontar un repertorio de protesta que se esta agotando por las medidas tomadas por Duque el fin de semana. Sea la una o la otra, o una combinación de las dos, este anuncio podría darle un respiro a los diálogos.

Miedo al paramilitarismo y la deserción

La degradación de la violencia ha tenido una manifestación que, si bien no es nueva, se ha repetido en demasiadas oportunidades haciendo recordar el origen del paramilitarismo en Colombia: la participación de civiles armados en las confrontaciones.

En el hecho más reciente, el fin de semana un hombre identificado como Andrés Escobar apareció armado al lado de elementos de la Policía en el sector de Ciudad Jardín, comuna 22, en Cali.

Previamente, también en Cali, se disparó contra la Minga Indígena desde camionetas de alta gama.

El mismo Uribe, acusado de haber defendido y promovido las Convivir (cooperativas de seguridad privada que tenían derecho a portar armas y equipos de comunicación para ‘proteger’ a sus comunidades), a las que se considera los embriones del paramilitarismo, alertó sobre este peligro.

“Ya hay carreteras en Colombia donde los particulares se han bajado de sus carros con armas a desmontar los bloqueos… muchas personas empezaron lo que se llamarían actos de legítima defensa, pero eso puede evolucionar hacia organizaciones privadas criminales, que el país desmontó entre el 2002 y el 2010”, dijo Uribe a Blu Radio, asegurando que lo único que lo puede evitar un despliegue de autoridad (militarización).

Al “protagonismo perverso de la violencia”, como lo llama El Espectador, se une otro hecho que el Comité del Paro, por su miopía, no logra ver: el desgaste de la protesta, del paro.

En encuesta de Guarumo-Ecoanalítica (que algunos dicen que hay que tomar con pinzas por la cercanía de algunos de sus socios con el Gobierno) el 67,3 por ciento está en desacuerdo con los bloqueos; el 60,3 por ciento no asistiría a movilizaciones que se convoquen en las próximas semanas, y el 56,2 por ciento está en desacuerdo que continúe el paro.

Para matizar estos porcentajes, el encuestador no preguntó si la gente estaba de acuerdo con los reclamos del paro, cuya respuesta afirmativa en otras investigaciones ha sido abrumadoramente mayoritaria.

De cualquier forma, hay un desgaste natural de la protesta. Para comprobarlo no más hay que escuchar a quienes se han visto obligados a largas caminatas de horas para ir a su trabajo u hogar por los bloqueos o destrucción de los sistemas de transporte masivo, o a los afectados por el desabastecimiento o quienes han tenido que cerrar sus negocios o han perdido sus empleos o medios de subsistencia.

Aquí la retórica oficial y la de ciertos medios tiene razón: las consecuencias del paro y los bloqueos han castigado con mayor fuerza a los más vulnerables.

Otra de las consecuencias de la degradación de la violencia fue advertida por Uribe: “Ojalá no ocurra una deserción masiva en la Policía. Ustedes tienen que haber visto las amenazas de sectores de las reservas a través de las redes sociales”, dijo.

Irónicamente, este riesgo había sido presentado semanas antes por el segundo del régimen venezolano, Diosdado Cabello, como un paso revolucionario inevitable en Colombia.

“Se van a llevar por delante todo lo que encuentren. La Policía va a dejar los cuarteles y se va junto al pueblo. Los militares van a dejar los cuarteles y se van a ir junto al pueblo. Ustedes van a tener que salir corriendo”, dijo Cabello, señalado por funcionarios colombianos de “estar detrás de un plan de desestabilización en Colombia”.

Los bloqueos internacionales

El otro hecho significativo que podría marcar un punto de inflexión o giro en el paro es el cambio de estrategia internacional, con el nombramiento de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como nueva canciller, lo que marcó una ruptura con lo que se podría denominar ‘Cancillería Momificada’, encarnada por Claudia Blum, quien no salió del país para realizar su tarea ni una sola vez, ni siquiera en la coyuntura del paro.

Ramírez no la tiene fácil, pues la batalla internacional en el frente de los medios de comunicación está completamente perdida, pues allí se ha equiparado al país, literalmente, con una dictadura que viola los derechos humanos. Aunque las cifras de casos son tan alarmantes, que eliminarían el discurso de ‘algunas manzanas podridas’ o ‘casos aislados’ para sugerir que se trata de una política sistemática de Estado, que Ramírez tendrá que desvirtuar.

Esos medios han citado números de varias ONG, en particular una llamada Temblores, o la Defensoría del Pueblo, pero incluso las de la Fiscalía son demasiado elevadas. De un número total de 48 muertos, esta reconoce que 20 “guardan relación directa con las protestas” y se buscan establecer el paradero de 111 personas.

Es un hecho que esos medios internacionales han tenido sesgos que solo les han permitido ver o privilegiar el ángulo de los abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, pero no los ataques a estas, los bloqueos y el vandalismo.

En el otro frente, que se podría denominar institucional, que está conformado por los gobiernos de otros países, en especial Europa y Estados Unidos, y organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tampoco la tiene nada fácil.

De arranque de su gestión, Ramírez cometió el error de querer dilatar el ingreso al país hasta finales de junio a la CIDH, error que luego corrigió diciendo que podía hacerlo antes.

El error no es menor, pues Colombia había criticado la dictadura de Maduro por lo mismo; es decir, por querer impedir el acceso de la CIDH a Venezuela.

Este lunes, la historia ya iba en que previo a que la CIDH hiciera su visita de campo, habría una audiencia privada con los organismos de control colombiano, solicitada por el Gobierno de Colombia, en la que le darían su visión de lo que ha ocurrido y en qué van sus investigaciones.

La CIDH anunció que su visita será el 8 al 10 de junio y que, aparentemente accediendo a la petición, se reunirá con autoridades de diferentes niveles de los poderes públicos, pero también con representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios.

“En particular, la #CIDH buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto”, dijo la CIDH en su cuenta en Twitter.

Todo parece anticipar un informe adverso al Estado colombiano.

Respecto a los gobiernos, claramente, el de Colombia no puede equivocarse: la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, favorece y está presionando por una salida negociada, y su Congreso ha escuchado a voceros de la oposición y ONG que abogan por la suspensión de la ayuda a ‘las fuerzas del orden’.

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