El poder ‘intocable’ del fútbol colombiano

Los directivos del fútbol colombiano han logrado tejer una red de influencia en las diferentes ramas del poder que le ha permitido “proteger su negocio” incluso por encima de la normatividad del país.

El punto de partida, además de las pasiones que genera este deporte en las personas —sin importar su posición social, económica o política—, ha sido el argumento frívolo de que si las autoridades responsables de ejercer los controles intervienen, “¡la FIFA nos desafilia!”.

Esta fábula pueril, repetida a lo largo de quinquenios, ha crecido por la falta de valor y determinación de los funcionarios que, en vez de tomar decisiones frente a los abusos, irregularidades y hasta delitos que se han cometido en este deporte, prefieren mirar para otro lado cuando tienen que ejercer el control de legalidad.

Esto, sin contar con la complicidad de un sector de la prensa deportiva que se ha encargado de difundir el mito de la FIFA y la supranacionalidad del fútbol. O entre los aficionados, quienes lo toman como verdad absoluta, pues al fin y al cabo, solo quieren que la pelota ruede y que el deporte que los apasiona no se vea empañado con decisiones de tipo legal, de esas que poco les interesan y mucho menos entienden.

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La gran fortaleza que tienen los directivos es la Selección Colombia como el instrumento que les permite anestesiar al país con la adrenalina de la tricolor. Mientras tanto, expiden reglamentos y estatutos sobre los cuales las autoridades no realizan ningún control de legalidad. De esta forma, todas las determinaciones que se adoptan en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Dimayor quedan blindadas dentro del ámbito del fútbol.

Por encima de ley

En 2015, la entonces fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, puso en jaque a la Fifa, el organismo deportivo más poderoso del planeta, al destapar el entramado de corrupción y tráfico de influencias dentro del caso conocido como el FIFAGate. Lynch demostró que los comportamientos fraudulentos que se cometen para proteger los intereses del negocio del fútbol no pueden estar por encima de la ley. Mucho menos que las autoridades del Estado permitan que esta industria opere como si fuese intocable y estuviese resguardada dentro de una burbuja.

Mientras tanto en Colombia, a pesar de que la Corte Constitucional ha advertido en reiteradas sentencias, como la C-320/97 y T-740/10, solo para citar algunas, que “estas regulaciones no pueden desconocer los principios constitucionales, ni vulnerar los derechos fundamentales de las personas, pues la Constitución es norma de normas“, y que las autoridades competentes deben ejercer el control de legalidad sobre estas, el Ministerio del Deporte no ha aprobado ninguno de los reglamentos y/o estatutos que regulan las actividades de todos los que hacen parte del ecosistema del fútbol. Esto a pesar de que de manera expresa se atribuye esta función al director de Coldeportes, hoy ministro del Deporte.

Comisiones anticonstitucionales

Esa posibilidad de manejar a su antojo los reglamentos y estatutos, por tratarse, según ellos, de un negocio privado regulado solamente por la FIFA, permite que unas comisiones de la Dimayor y la FCF condenen a un club a pagar cinco millones de dólares, como el caso que hoy tiene enfrentados a Atlético Nacional y a Cortuluá. El problema es que esas comisiones no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 116 de la constitución política para que, como particulares, puedan administrar justicia,

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Según los reglamentos de la FCF, cualquier persona natural o jurídica vinculada con el negocio del fútbol está en la obligación de someter sus controversias ante sus órganos y los de la Dimayor y acatar sus decisiones. Agotada esta vía, estas controversias se podrán someter al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Está expresamente prohibido someter cualquier clase de disputa ante los tribunales ordinarios, so pena de ser sancionados.

Eso fue lo que ocurrió con Nacional. Una vez que agotó la controversia ante las comisiones nacionales, demandó al Cortuluá ante el TAS, entidad que en su laudo arbitral redujo la sanción de cinco millones de dólares a tan solo 150.000 dólares.

La intervención de dos magistrados

Cortuluá advirtió desde el inicio que el TAS carecía de competencia para conocer de este asunto que habían resuelto de manera definitiva las instancias nacionales. Como la decisión le fue adversa, tramitó la anulación del laudo ante el Tribunal Federal Suizo, que le dio la razón.

Si se revisan los antecedentes de esta controversia, se pueden verificar otras peculiaridades del negocio privado: la comisionada que actuó como presidenta del órgano de la Dimayor fue Gloria Stella Ortiz Delgado, para entonces magistrada de la Corte Constitucional. Y otro de los comisionados que resolvió la demanda fue Aroldo Quiroz Monsalvo, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hacen dos magistrados de las altas cortes siendo parte y tomando decisiones en un sistema paralelo al ordenamiento jurídico colombiano?

Precisamente, para darle la apariencia de legalidad a estas decisiones, el fútbol ha utilizado a través de su historia a funcionarios que ocupan cargos en las altas cortes para dirimir sus controversias en aspectos disciplinarios y de libre disposición. Estos y otros jueces de la República del más alto nivel han actuado en un negocio privado para administrar justicia sin tener facultades legales para ello.

En esta larga lista de magistrados y funcionarios públicos que, estando en funciones, han participado en las comisiones del negocio privado, tanto en Colombia como en la FIFA, están Wilson Ruiz Orejuela (actual ministro de Justicia), Jorge Iván Palacio, Roberto Herrera Vergara, Margarita Cabello (actual procuradora general), Luis Ernesto Vargas, Jorge Armando Otálora, Eyder Patiño Cabrera, Alfredo Gómez Quintero y María Claudia Rojas, entre muchos otros reconocidos juristas.

Ahora que Nacional y el exfiscal y defensor jurídico de este equipo, Néstor Humberto Martínez, le pusieron una carga de profundidad a la legitimidad de estos tribunales deportivos, también valdría la pena preguntarse el papel y legalidad de los jueces y funcionarios que hacen parte de ellos. ¿No hay algún tipo de impedimento?

¿Tutela con conflictos de interés?

Otro asunto que llama la atención surge de la controversia suscitada por el club Real Sincelejo para que se respete su derecho de afiliación a la Dimayor, después de un largo proceso penal que declaró fraudulenta la venta que se hizo de este club, adquirido mayoritariamente por Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez.

Ante la demora de las acciones legales ante los tribunales ordinarios, el interesado interpuso una acción de tutela en contra del Ministerio del Deporte para que le fuera restablecido su reconocimiento deportivo, y contra la FCF y la Dimayor para que se le respete su derecho de afiliación como club profesional.

Esta acción inicialmente le fue negada y en la impugnación, que se tramitó en la extinta Sala del Consejo Superior de la Judicatura, le fue concedido el amparo. Como toda tutela, se remitió a la Corte Constitucional para que definiera si era seleccionada para su revisión. Inicialmente no fue elegida y ahora el magistrado Alejandro Linares Cantillo presentó un recurso de insistencia por considerar que debe ser revisada por la corte.

Lo que resulta llamativo es que este magistrado fue postulado en la Dimayor para integrar la Comisión Disciplinaria de la FCF, elección que perdió en franca lid con el hoy ministro de justicia, Wilson Ruiz Orejuela. Posteriormente, Ruiz Orejuela tuvo que renunciar tras el escándalo generado por su asistencia, junto a su familia, al partido de Colombia vs. Venezuela, por la eliminatoria al Mundial de Catar, en plena pandemia.

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Ruiz Orejuela reconoció que directivos de la FCF le dieron las acreditaciones para entrar al partido. En ese momento, se estaba investigando la reventa de boletas para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, en un caso que involucra a miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Por esa razón, incluso Ernesto Lucena, entonces ministro del Deporte, le pidió que se declarara impedido en las investigaciones que la Comisión Disciplinaria de la FCF adelantara sobre el caso. Finalmente, Ruiz Orejuela prefirió apartarse.

Pero las coincidencias en este asunto con el ámbito del fútbol no se detienen allí. La magistrada Gloria Stella Ortiz hará parte de la sala encargada de determinar si esta tutela se selecciona o definitivamente se mantiene sin ser revisada. Ortiz fue integrante de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor.

Peculiaridades en la liquidación del Cúcuta Deportivo

El pasado 11 de noviembre la Superintendencia de Sociedades, actuando como juez dentro del proceso de reorganización del Cúcuta Deportivo S.A., ordenó su liquidación judicial por el incumplimiento de las obligaciones posteriores a la aprobación del acuerdo.

En el auto de liquidación se le ordenó a la Dimayor embargar la ficha o derecho de afiliación como un activo que va a ser parte del proceso de liquidación, que queda cautelarmente fuera del comercio para pagar las obligaciones con sus acreedores.

La Dimayor intentó desconocer este mandato y por esa razón la Supersociedades lo requirió por tercera vez el pasado 11 de marzo, reiterándole a su presidente que no era aceptable que no diera cumplimiento a la orden judicial de embargo, con la justificación de que en la asamblea extraordinaria del 25 de noviembre se determinó la desafiliación del Cúcuta Deportivo por motivo de la apertura del proceso y liquidación judicial del club.

La superintendencia advierte que se están incumpliendo los estatutos de la Dimayor, que en el parágrafo segundo del artículo 12 permite que el Cúcuta mantenga su condición de afiliado a pesar de encontrarse en proceso de liquidación para que su derecho de afiliación puede ser subastado y con esos recursos se pueda pagar a los acreedores.

Llama la atención que la Corporación Deportivo Pereira se encuentra hace más de ocho años en un proceso de liquidación. Sin embargo, el Pereira no ha sido desafiliado de la Dimayor, continúa participando en sus competencias y está pendiente de que se surta la venta de su derecho de afiliación, que no puede ser inferior a 31.000 millones de pesos.

Lo que deja en claro este asunto es que la Supersociedades sí ha hecho prevalecer la ley de insolvencia y los derechos de los acreedores por encima de las decisiones de la asamblea de la Dimayor. Esto demuestra que el negocio privado está subordinado a las leyes de carácter general y de obligatorio cumplimiento para todos los colombianos.

Lo cierto es que el conflicto entre Cortuluá y el Atlético Nacional por el pago de cinco millones de dólares abrió un debate sobre la legalidad del sistema de justicia que usa el fútbol. Ahora que la FIFA ya no es un Estado más, sino que está subordinada a las leyes de cada país tras la aterrizada que Estados Unidos le dio con el FIFAGate, el sistema de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol perdió fuerza y quedó en la cuerda floja.

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