El proceso contra Sergio Fajardo y el boquete jurídico que plantea

La tesis legal que expone la Fiscalía para acusar al exgobernador de Antioquia, es una irregularidad que cometen muchos mandatarios o gerentes de entidades públicas cuando recurren a préstamos foráneos. ¿De qué se trata?

Si resumiéramos de manera coloquial el delito por el cual la Fiscalía investiga al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, diríamos que es por no predecir a futuro el precio del dólar al endeudar a su departamento con un préstamo en esa moneda, sin calcular la revaluación de la misma.

Sin embargo, muchos analistas coinciden al asegurar que a Fajardo se le puede reprochar no haber blindado ese crédito con una póliza que cubra las fluctuaciones del dólar.

Puede leer: La polémica propuesta del SOAT para ciclistas en Colombia

Pero en realidad el tema es tan complejo que si hoy el ente acusador aplicara a exministros, exgobernadores y exalcaldes la misma vara con la que mide a Fajardo en ese crédito, se llevaría muchas sorpresas.

No obstante, esta semana la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Sergio Fajardo por las irregularidades que se habrían presentado en un contrato de préstamo que firmó en el año 2013. Todo el proceso se llevará a cabo en la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Fiscalía se mantiene en que ese crédito no fue transparente y los estudios previos fueron deficientes, además la deuda se duplicó y el departamento de Antioquia quedó endeudado.

Según explicó la Fiscalía en su acusación, Fajardo “vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, al tramitar y celebrar el contrato de sustitución de deuda N° SF140013 de diciembre 5 del 2013″.

Como se recordará, ese contrato fue suscrito entre el departamento de Antioquia y las entidades CorpBanca Colombia SA y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), con el objeto de era otorgar un empréstito por la suma de 98 millones de dólares con destino a la sustitución de unas deudas.

Le puede interesar: Un billón de pesos, 250.000 árboles y la rosca de los hermanos de la gobernadora Elsa Noguera

En la investigación se estableció que en el contrato se pactó el desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional. Sin embargo, realmente se ejecutó sin justificación alguna en dólares americanos; consecuentemente, se trató de un crédito público externo y no interno. Además, requería un concepto del Ministerio de Hacienda que según la Fiscalía no existió.

“La ejecución del contrato produjo un daño patrimonial que representó la supuesta apropiación en favor del contratista, de $98.433.870.402., a corte de 31 de diciembre de 2015, fecha en que Fajardo finalizó su gobierno”, aseguró la Fiscalía.

El abogado Mauricio Pava, quien defiende al exgobernador, dice que temía porque la diligencia se diera en el calenderio electoral.

Fajardo se defiende

El magistrado José Joaquín Urbano, del Tribunal Superior de Bogotá, le concedió a la defensa del exgobernador Sergio Fajardo autorización para que se levante la reserva de la información financiera relacionada con el contrato de sustitución de deuda que se suscribió en el año 2013 y por el cual la Fiscalía le imputó cargos.

CorpBanca fue la entidad financiera con la cual se pactó la deuda, y esa decisión del Tribunal cobija a Findeter. Según explicó el exgobernador, en su momento la línea de crédito en dólares adquirida fue ofrecida por Findeter, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. 

Defensa pide celeridad

La defensa de Fajardo le solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los DDHH que le ayude para que el juicio inicie de manera pronta ante la Corte Suprema de Justicia.

Dice el abogado que le preocupa que, después de cinco años de investigación, los tiempos de la justicia coincidan con los del calendario electoral.

“Con esta decisión ya podremos defendernos, que es lo que solicitamos expresamente al Fiscal General en cuatro oportunidades y lo reiteramos ante la ONU en una reunión que nos citó Naciones Unidas. Y esperamos conocer el texto y que cumpla la Fiscalía con el deber en justicia digital que implica que a las partes se les entera de manera directa y sin demora de los escritos que presente ante la justicia”.