El proyecto de ley que enfrenta a la Procuraduría con la oposición

La iniciativa, presentada al Congreso por la procuradora, Margarita Cabello; y el ministro del Interior, Daniel Palacios, busca darle facultades a la Procuraduría para sancionar funcionarios elegidos por voto popular y ampliar su planta de empleados.

Varios sectores de la sociedad y en los partidos de la oposición han emitido fuertes críticas al proyecto de reforma al Código General Disciplinario, promovido por la Procuraduría y respaldado por el Gobierno. La propuesta se tramita actualmente en el Congreso mediante el proyecto de ley 423.

La discusión se ha llevado a cabo en las comisiones primeras de Cámara y Senado, donde congresistas como Angélica Lozano, Roy Barreras, Inti Asprilla, entre otros, intentan hundir la propuesta mientras la coalición de Gobierno la apoya.

Lo curioso del caso es que esta pelea se remonta a una polémica decisión tomada hace seis años y medio: la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del exprocurador Alejandro Ordóñez. En ese entonces, el actual congresista de la Colombia Humana fue sancionado e inhabilitado por 15 años por su responsabilidad en la llamada crisis de las basuras.

Sin embargo, en agosto del 2020 y tras una demanda del exalcalde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado por violar los derechos políticos de Petro. El tribunal aseguró que los poderes de la Procuraduría para imponer ese tipo de sanciones son una violación al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además de ordenar una indemnización por 28.000 dólares, la Corte IDH dijo que el Estado debía “adecuar su ordenamiento interno de acuerdo con lo señalado en la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas”.

Por esta razón, la Procuraduría presentó el proyecto de ley 423 el pasado 28 de mayo, para cumplir el fallo internacional. La propuesta del Ministerio Público llegó al Congreso con un mensaje de urgencia del presidente Iván Duque, quien pidió su rápida aprobación. 

Vea aquí el proyecto de ley.

“Es una respuesta del Estado a los requerimientos de la Corte IDH, en el que se propone, sin desfigurar su tradición institucional, el reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular”, dijo el mandatario en una carta enviada a la Mesa Directiva del Congreso.

Sin embargo, los críticos del proyecto aseguran que lo que se trata de hacer es todo lo contrario, pues se estaría obviando el fallo, disimuladamente, para que la Procuraduría recupere dichas facultades y se convierta en una suerte de juez.

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¿Qué se propone?

Precisamente, en el mensaje del presidente Duque parece estar el corazón y al mismo tiempo el punto de discordia del proyecto. En su articulado, la propuesta habla de “atribuir funciones jurisdiccionales” a la Procuraduría para investigar y sancionar funcionarios públicos, incluso a quienes fueron elegidos por votación.

En palabras más simples, el proyecto plantea que la Procuraduría debería “imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley”.

Asimismo, se propone introducir dos garantías del proceso penal al proceso disciplinario. La primera aborda la separación de las fases de instrucción y juzgamiento, es decir que estas deberán hacerse por funcionarios diferentes e independientes. El segundo punto es el derecho de los sancionados a impugnar las sentencias condenatorias, incluso si la condena se presenta en segunda instancia.

Aunque en los puntos anteriores se concentran los principales cambios, existe otro que genera bastante polémica: la creación de unos 500 nuevos puestos de trabajo sin sustento claro, ni con un estudio de nómina especificado en el proyecto.

La oposición ya sentó su posición frente a los ejes centrales del proyecto y aseguran que se trata de otra “jugadita” del Gobierno.

¿Micos en el proyecto?

Uno de los cuestionamientos más fuertes al proyecto asegura que la medida es una estrategia oculta para incumplir el fallo de la Corte IDH. Los críticos dicen que la sentencia del tribunal obliga a cumplir el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre los derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente.

La norma establece que esos derechos solo se pueden limitar por una condena emitida por un juez competente y en el marco de un proceso penal. La Procuraduría no cuenta con ese poder, pues a su cargo solo están los procesos disciplinarios, los cuales no implican sanciones como la destitución.

La senadora Angélica Lozano manifestó que el proyecto intenta dar una interpretación diferente al fallo, para así otorgar dicho poder a la Procuraduría. Ella asegura que el funcionario competente en estos casos debe ser un juez, debido a su naturaleza independiente y autónoma, algo que no sucede con los funcionarios del Ministerio Público, quienes son subordinados y dependen, en este caso, de Margarita Cabello. 

Para la oposición, si el Estado no cumple el fallo, se expone a pagar multas y a recibir sanciones en el sistema interamericano.

Otra de las críticas consiste en que el proyecto debería ser tramitado como ley estatutaria y no de manera ordinaria, porque afecta el núcleo esencial de los derechos políticos. Además, sus opositores afirman que para dar cumplimento a los requerimientos de la Corte IDH no basta con modificar las facultades de la Procuraduría.

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La pelea

Las comisiones primeras de Cámara y Senado han sido el escenario de la discusión de este proyecto, firmado por los congresistas Fabio Amín, Alfredo Deluque, Germán Varón, César Lorduy, Juan Carlos García, Adriana Matiz, Santiago Valencia, Juan Manuel Daza y Eduardo Pacheco. La primera versión del proyecto contaba con la firma del representante Germán Navas Talero, quien a última hora retiró su apoyo, argumentando que “no se había adentrado en él”.

Precisamente, el representante Navas fue uno de los más críticos de la propuesta, pues aseguró que al estudiar todos los argumentos se puede analizar que “estas aparentemente inocentes facultades se pueden prestar, en un futuro, para un uso similar al caso de Gustavo Petro. Es acabar con la oposición a punta de medidas investigativas”.

La representante Juanita Goebertus lanzó también un duro cuestionamiento: “Esto es contrario a una decisión de la Corte Interamericana, es una jugadita que implica un desacato, pero es además echarle gasolina al fuego que está en las calles, que nos exige quitarnos privilegios como funcionarios y ser austeros”.

Goebertus ha sido una de las más críticas del proyecto por la creación de los supuestos 500 cargos. Asegura que, aunque la Procuraduría no presentó un estudio de cargos, el costo de esta medida ronda los 87.000 millones de pesos anuales. Según ella, ese dinero alcanzaría para financiar el Ingreso Solidario a 45.600 nuevos hogares.

Por otra parte, el senador Rodrigo Lara habló de las facultades de juez que se le otorgarían a la entidad: “Es inconcebible la idea de otorgarle carácter jurisdiccional a un órgano de naturaleza administrativa, cuyo origen es político”.

Sin embargo, la propuesta cuenta con varios aliados en las comisiones, quienes también dieron sus argumentos. “Este proyecto es el camino para cumplir con el tratado de convencionalidad, por lo tanto, no puede verse como una reforma aislada, se trata de una verdadera adecuación integral al rol del Ministerio Público”, dijo el congresista de Colombia Justa Libres, Eduardo Pacheco.

Por su parte, el representante conservador Buenaventura León dijo que el proyecto de ley es novedoso contra la corrupción. “No le tengamos miedo como congresistas a ser investigados disciplinariamente”, dijo León.

Algunas voces más conciliadoras invitaron a no hundir la iniciativa, pero realizando cambios, específicamente, al punto que amplía la planta de trabajadores de la Procuraduría.

José Daniel López, representante por Bogotá, aseguró que si el proyecto se piensa fuera de lo ocurrido en el caso Petro-Ordoñez, es claro que la Procuraduría ha sido una entidad importante a la hora de sancionar a varios alcaldes y gobernadores que cometen faltas graves.

“Cualquier decisión de suspensión mayor a tres meses o de destitución de servidores públicos electos por el voto popular debe pasar por un control automático de un juez de la república”: concluyó López, e invitó a no archivar el proyecto y cambiar el mensaje de aumento en el gasto público.

La opinión de los expertos

La iniciativa llegó al Congreso con el apoyo y rechazo de varias voces de especialistas. Quienes la defienden argumentan la necesidad de seguir combatiendo la corrupción desde la entidad y quienes la critican consideran que la función jurisdiccional no se puede considerar una opción. 

El jurista y exprocurador Jaime Bernal Cuéllar asegura que “combatir la corrupción es fundamental y el régimen disciplinario es el más adecuado para fortalecer esa lucha, de acuerdo con los tratados anticorrupción de la convención interamericana”.

“El proyecto en el sentido de los derechos políticos de los ciudadanos es coherente y así lo hemos conversado con la procuradora con anterioridad porque el derecho político no es solamente de quien es elegido por voto popular”, dice a su vez el constitucionalista David Roa Salguero.

Por otro lado, están opiniones como las de Esteban Hoyos, decano de la Escuela de Derecho​​ Eafit: “es preocupante la interpretación que la Procuraduría y el Gobierno hacen de la sentencia, al excluir la rama judicial. La propuesta, tal y como se presentó, es potencialmente violatoria de los derechos de los funcionarios de elección popular”, dice.

Asimismo, el abogado Héctor Riveros asegura que, si bien es cierto que la Procuraduría debe repensarse, esta entidad no debería tener control sobre las conductas penales.

La polémica crece

La reciente decisión de la Procuraduría de abrir investigación contra algunos senadores de la oposición encendió aún más los ánimos. A María José Pizarro, Alexander López y Wilson Arias, el Ministerio Público los acusa de intervenir en procedimientos policiales durante el paro.

Asimismo, presentaron quejas disciplinarias por igual motivo contra los representantes Ángela María Robledo e Inti Asprilla. De inmediato, la oposición calificó la medida como una forma de perseguir e intimidar a las voces contrarias al Gobierno.

En las últimas horas, 35 congresistas firmaron una carta en rechazo de la decisión y anuncian que será consultada ante los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vendrá en los próximos días a Colombia.

La pelea por el proyecto continúa este jueves, luego de la derrota de dos proposiciones de archivo hechas por los congresistas Roy Barreras, Angélica Lozano, Julián Gallo, entre otros.