El ‘tapen-tapen’ de los contralores
¿Por qué resulta tan sensible para la clase política el nombramiento del contralor general de la República? ¿Cuál será la suerte del rutilante contralor electo?
Las bancadas parlamentarias y el grueso de los funcionarios públicos, especialmente de la rama ejecutiva, tienen la necesidad de cooptar la justicia y los organismos de control. Con anticipación y cautela, previendo posibles sucesos que los incriminen o afecten sus intereses políticos. O, como ya es tradición, un cuatrienio tras otro, con el fin de garantizarles impunidad a los suyos y azuzar, a conveniencia, a sus contrincantes.
Es de recordar que la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. De acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Política colombiana, es un ente autónomo e independiente, elegido por el Congreso pleno y entre cuyas funciones se desprende nada menos que establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen afectación al erario.
La elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra en las últimas horas, por abrumadora mayoría, deja entrever, por una razón simple, la necesidad de que el legislativo garantice consensos en torno al cargo de contralor. A todo político, especialmente aquellos alineados con el gobierno de turno (bancadas de Gobierno), le conviene tener en el bolsillo a quien ocupe tal distinción, pues de ello dependerá, en gran medida, la estabilidad de sus maquinarias o clientelas insertas en cargos públicos.
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Al ser los congresistas los ‘patrones’ de numerosos funcionarios, ubicados en alcaldías, gobernaciones y ministerios, les arroga la necesidad de resguardar su investidura ante sucesos de prevaricato, concusión, cohecho o cualquier otro delito asociado al concepto elástico de corrupción, desde los cuales se les pueda asociar y/o culpar. De tal suerte que, si el congresista no tiene línea directa con el contralor, hay altas probabilidades de que su séquito sea investigado y procesado por actos de este tenor. De ahí también la importancia de que goce de buen viento en el Congreso y que su escogencia revista trascendencia.
El bombo mediático de las últimas semanas alrededor de la elección del contralor y las movidas de carril de la mayoría de las bancadas y sus líderes pusieron a prueba la gobernabilidad de Gustavo Petro y la capacidad de sagaz presidente del Congreso, Roy Barreras. Aunque hace algunas semanas la candidata más firme era María Fernanda Rangel, fuertemente cuestionada por ser cercana al actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, al final, salió del juego.
¿Será creíble que las bancadas modificasen su opción a razón del cambio de la lista de elegibles?
Finalmente, el asentimiento fue entorno a Rodríguez, a quien, no obstante haber obtenido el mayor puntaje por la comisión accidental y en el resultado tanto de hoja de vida como de competencias profesionales, también se le cuestiona por ser cercano al actual ministro del Interior, Alfonso Prada, y por tener nexos con personajes de la clase política vallecaucana, inquirida también por tener presuntos vínculos con el narcotráfico. Amanecerá y veremos.
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Si en lo nacional resulta escandaloso, imaginemos a cuánto asciende el grado de cooptación y desgreño en las jurisdicciones territoriales.
Los contralores locales, que hacen parte de redes clientelistas, por lo general les antecede algún nombramiento en el gobierno o entidad que en adelante vigilarán y, peor, son militantes activos de un partido o grupo político. Evidencias existen de sobra para saber que casi en su totalidad, procuradores y contralores delegados, regionales y provinciales, son elegidos a dedo y no en función de sus méritos –aun así, cuando los tengan–.
Así que el remedio resultó peor que la enfermedad. Quienes hemos instado por un borrón y cuenta nueva en el diseño institucional para la elección de cargos como el del procurador y contralor que, entre otras cosas, y desde sus competencias, deberían facilitar la eficacia en el control disciplinario y fiscal, lamentaremos, una vez más, otros cuatro años del popular ‘hagámonos pasito’. Es también la desgracia de los que ahora son minoría: ese puñado de políticos derrotados en las urnas y en los pasillos del Congreso, a quienes les corresponderá atrincherarse.
Mientras no se construya un sistema de carrera que garantice la independencia de estos funcionarios respecto de aquellos a quienes deben vigilar, seguiremos teniendo contralorías y entes de control permeables al delito y al servicio de los clanes políticos. Desde lo subnacional, con la promesa incumplida de defender el erario y apuntalar la descentralización, y desde lo nacional, con una abrumadora coalición, subida al bus de la victoria y ‘pactando’ sin pudor el dividendo burocrático.
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