Otro elogio a las dificultades

La participación protagónica de la sociedad civil constituye una dificultad añadida al difícil proceso de conversaciones y acuerdos entre el Estado colombiano y el ELN. Pero, al mismo tiempo, dicha participación es la mayor virtud de ese proceso en ciernes.

Uno de los retos del gobierno entrante es aceptar, asumir y poner en marcha la “Convocatoria a una Paz Grande” propuesta por la Comisión para el Establecimiento de la Verdad.

La Comisión recomienda, entre otras cosas, implementar la totalidad del acuerdo firmado entre el Estado y las extintas Farc, crear un Ministerio para la Paz y la Reconciliación e insta a finalizar la confrontación armada mediante el dialogo.

Más específicamente, la Comisión recomienda que se reanuden las negociaciones entre el Estado y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Si las partes aceptan esta recomendación, contenida en el punto 6.1 del capítulo ‘Hallazgos y Recomendaciones’, las conversaciones se desarrollarían tomando como válidos y vigentes los acuerdos alcanzados antes de que empezara el gobierno de Iván Duque.

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Pocos días después, el pasado 4 de julio, con motivo del 58 aniversario del surgimiento público del ELN, su primer comandante, Antonio García, publicó un texto en el que saluda a sus compañeros de militancia y al pueblo colombiano. Afirmó que esa guerrilla está “(…) dispuesta a reanudar las conversaciones de Paz con el Nuevo Gobierno para que sus resultados traigan la paz con justicia social para toda Colombia”.

El COCE del ELN
De izquierda a derecha: Pablito, Antonio García, Gabino y Pablo Beltrán

Al día siguiente, el presidente electo afirmó que volverá a las negociaciones con el ELN. Dijo que reconocerá los protocolos acordados con esa guerrilla y que volverá a convocar a los países que habían actuado como garantes durante las conversaciones que se adelantaron entre esta insurgencia y el gobierno de Juan Manuel Santos. 

En esa misma tónica, favorable a la solución negociada, se han seguido pronunciando, vía Twitter, el presidente electo y el primer comandante del ELN. 

Eso quiere decir que ambas partes muestran interés en, efectivamente, finalizar la confrontación armada por la vía del diálogo. Hacerlo, llevarlo a la práctica, tiene sus dificultades porque llegar a un acuerdo entre adversarios político-militares no depende solamente de la voluntad de las partes.

Más difícil aun, siendo que ellas mismas pactaron que la sociedad civil tendrá un papel preponderante, tanto en los diálogos en los que se definirán los acuerdos, como en la construcción de la paz.

Digo que el protagonismo de la sociedad civil dificulta aún más la construcción de acuerdos, por tres razones.

La primera es que, a diferencia de casi todas las negociaciones de paz que se han dado, en esta no estarán únicamente los enemigos buscando acuerdos económicos, políticos, militares y sociales, sino que habrá un tercero –civil– con capacidad de propuesta y, por tanto, con capacidad para estar en contra de algunos acuerdos eventualmente alcanzados por las partes.

La segunda es que la sociedad civil no es un todo homogéneo que pueda nombrar vocerías o representaciones únicas, lo cual obliga a afinar criterios y metodologías que permitan involucrar a las diferentes clases, sectores sociales y poblacionales en la discusión y en las definiciones que debe tomar la mesa de negociaciones.

Por último, pero no menos importante, es que, de acuerdo con la información recogida por la Comisión para el Establecimiento de la Verdad y según los testimonios rendidos ante la JEP, en Colombia hay un amplio grupo de personas, que fueron gobierno y aún mantienen representación parlamentaria, cuyo proyecto político ha sido la corrupción, el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerra. ¿También ellos y ellas, serán parte de la sociedad civil con capacidad de propuesta en la mesa de negociación?

La participación protagónica de la sociedad civil constituye una dificultad añadida al, de por sí, difícil proceso de conversaciones y acuerdos entre el Estado colombiano y el ELN. Pero, al mismo tiempo, dicha participación es la mayor virtud de ese proceso en ciernes.

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Esa participación es la principal garantía de que lo acordado se convierta en un pacto aceptado por la sociedad en su conjunto. De esa manera se le da sostenibilidad social y legitimidad a lo que se pacte. No será necesaria ninguna refrendación plebiscitaria, sujeta siempre a que la gente “salga a votar emberracada” o a los problemas técnicos de la Registraduría.

Esa participación, tal como se dice en el documento firmado por las partes, permitirá “construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”.  Siendo así, lo que se pacte puede servir para mejorar la calidad de vida, no solo la capacidad de consumo, de todas las personas que vivimos en Colombia.

Superar esa dificultad añadida nos exige –a la sociedad civil– creatividad y valentía para arriesgarnos a proponer caminos pocos usuales en los procesos de negociación. Nos tocará superar “la pobreza y la impotencia de la imaginación” que denunciaba Estanislao Zuleta en el texto vilmente citado por Duque en su discurso del pasado 20 de julio.

Quizá haya que hacer nuestra una de las consignas de Mayo/68: La imaginación al poder.

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