El drama que viven los embera en Bogotá y Dabeiba

Víctimas de desplazamiento y lejos de su territorio, los embera claman por garantías de alimentación, salud y seguridad. ¿Cuáles son las razones de la crítica situación que están viviendo?

La comunidad indígena embera lleva tiempo buscando verdad, reparación y mejores condiciones de vida. Así lo había manifestado, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad hace un año, cuando entregaron un informe en el que detallaron los ataques que han sufrido durante años y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades estatales.

Desde ese momento hasta hoy, el Gobierno nacional y algunos locales han desplegado ayudas y programas para proteger a esta comunidad o para buscar su retorno, con un saldo más en rojo que en negro. Una muestra de ello es la crisis en la que están viviendo cientos de personas de esta comunidad que están desplazadas en Bogotá y Dabeiba (Antioquia).

Durmiendo en las calles de Bogotá

De acuerdo con los datos de la Unidad de Víctimas, entre 1985 y 2020, Bogotá recibió 21.072 indígenas víctimas de desplazamiento forzado. Este año, en marzo, se reportó la llegada de por lo menos unas 50 familias de esta comunidad, que ante la imposibilidad de encontrar una vivienda, tuvieron que situarse en el parque Tercer Milenio. 

Y esta semana la situación parece volver a agravarse. Cientos de familias embera han llegado a Bogotá buscando un refugio y exigiendo una vida digna. Esta es una escena repetida y preocupante. Solo en la noche de este miércoles, más de 200 integrantes de esta comunidad se instalaron en un campamento en el Parque Nacional, luego del anuncio de la terminación de las ayudas financieras que estaban recibiendo por parte del Distrito y el Gobierno. 

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La finalización de estos subsidios, de acuerdo con Luis Ernesto Gómez, alcalde encargado de Bogotá, tiene que ver con una restricción legal. “Lamentablemente la ley no le permite ni a la Unidad de Víctimas ni al Distrito continuar con estas transferencias, que son de carácter humanitario y temporal”, señaló Gómez.

Según precisó el funcionario, estas personas llegaron desplazadas desde Chocó y Risaralda, por lo que durante este periodo de tiempo “se les han entregado ayudas y subsidios por más de 1.700 millones de pesos por persona”.

Los apoyos distritales se han hecho a través de Bogotá Solidaria en Casa y otros programas, según explicaba la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hace unos meses. 

La administración distrital continúa dialogando con la comunidad embera para seguir en busca de soluciones pacíficas. Ellos solicitan una solución de vivienda permanente, o que se les entregue algunos de los edificios de la Sociedad de Activos Especiales que hay en Bogotá, lo que se sale de las competencias del Distrito“, se indicó entonces desde la alcaldía.

Precisamente, el acceso a una vivienda digna ha estado entre las peticiones que la comunidad le ha hecho a la administración y al Gobierno. En 2018, un censo de la Alcaldía de Bogotá identificó que gran parte de los embera en la capital viven en el centro, en inquilinatos, debido a que son los lugares más accesibles.

A pesar de que esta identificación se hizo hace un tiempo, todavía no se le ha dado una solución a esta problemática. Y ahora, sin las ayudas financieras, parece mucho más difícil que puedan tener un sitio seguro para vivir, lo que los condenaría, de una u otra manera, a las calles. 

Lo preocupante es que estas personas tendrán que esperar, por lo menos, unos tres meses mientras el Gobierno tramita su retorno a los departamentos. 

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Para resolver prontamente las inquietudes e inconvenientes de los embera, la Personería de Bogotá informó, hace unas horas, que la Personería Delegada de Víctimas y la Personería Local de Santa Fe se encuentran acompañando a los que todavía están en el Parque Nacional. “Se adelantará reunión interinstitucional para atender las solicitudes de la población”, indicó la institución. 

Los embera confinados en Dabeiba

A la situación que viven los embera en Bogotá se suman las dificultades que afrontan en Dabeiba (Antioquia), donde cerca de 1.000 indígenas tuvieron que desplazarse desde sus comunidades hasta uno de los resguardos por temor a las amenazas de grupos armados. 

El control que buscan ejercer el ELN y el Clan de Golfo en el territorio de esas comunidades en Dabeiba, en la subregión del Occidente Antioqueño, llevó a que 286 familias se desplazaran y se confinaran en el resguardo Pueblo Nuevo.

La emergencia se presentó el pasado martes y tiene en alerta permanente a las autoridades. La situación en esta región del departamento ha hecho que los embera no solo reciban amenazas. También sufren por las minas antipersonal que sembraron estos grupos ilegales, y que los ponen en riesgo y limitan su movilidad.

En total, son siete comunidades afectadas: Amparradó Alto y Medio, Cañaverales, Amoladora, Genaturadó, Antadó Arena, Antadó Guavina. Así las cosas, se habla de una crisis en la que deben tomar decisiones prontas y reales, pues lo que afrontan estas comunidades no es nuevo.

Justamente, Higinio Bailarín, de 23 años y miembro de la guardia indígena de la comunidad Embera Eyabida en Dabeiba, murió el 5 de julio pasado luego de pisar una mina antipersonal cuando auxiliaba a una mujer de su pueblo que pasaba por uno de los lugares donde había explosivos sembrados.

La emergencia que viven esta comunidad por estos días es atendida por la Unidad para las Víctimas, con el apoyo de la Alcaldía de Dabeiba. Para ello, dispuso de 13 toneladas de alimentos no perecederos y elementos de aseo personal que harán llegar a través de misiones áreas.

La operación está prevista para tres días a partir de este miércoles (29 de septiembre) y hasta el próximo viernes (primero de octubre), con al menos 20 vuelos debido a las zonas remotas donde habitan estas comunidades emberá, cuyo acceso toma entre dos y tres días por caminos de herradura a través de áreas selváticas”, explicó la Unidad.

La Unidad para las Víctimas ha acompañado otros dos apoyos humanitarios desde el 2019 para ayudar a las comunidades indígenas, ante el riesgo que viven por parte de actores armados ilegales que siguen moviéndose por esta región antioqueña, estratégica para traficar y comercializar drogas.

Por ahora no se ha detallado la ruta para su retorno a los resguardos. Esperan que se brinden las garantías suficientes que les permitan moverse sin riesgo a caer en minas o ser asesinados por los grupos que deambulan por la región. 

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