Ya hay acuerdo para bajar tarifas de la energía eléctrica

Así lo informó este viernes la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Según la funcionaria, después de varias reuniones, los diferentes actores del sector acordaron una serie de regulaciones que cambian inmediatamente el costo de la energía eléctrica para los usuarios. 

La ministra Vélez también anunció que el plan de reducción de tarifas incluye una renegociación de los contratos para beneficiar a los ciudadanos. Todos estos acuerdos serán vigilados por el Ministerio y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

La viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz, explicó que los acuerdos contemplan una alivio para las obligaciones de los comercializadores, transmisores y distribuidores, que podrán diferir hasta el 20 por ciento de sus cargas en los próximos 18 meses.

También dijo que se modificará la fórmula para calcular los componentes de transmisión y distribución de la energía eléctrica, dejando en manos de las empresas la decisión del indexador a utilizar; que podrá ser el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios al Productor (IPP) u otro valor presentado por los operadores.

Así las cosas, según Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), los usuarios podrán notar cambios positivos en su recibo de la luz a partir del mes de noviembre.

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¿Por qué subió la energía eléctrica?

En la factura de energía les cobran a los usuarios seis componentes: generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas de energía y restricciones. En este caso, todos han subido de precio, pero hay dos en especial que tienen a los gremios en el ojo del huracán.

El primero es la generación, que representa el 35 por ciento del costo del servicio. Los comercializadores tienen dos caminos para adquirir energía: contratos a largo plazo y negociar en bolsa. El 90 por ciento lo hace del primer modo, para así evitar la volatilidad del mercado.

El problema es que los contratos de energía se actualizan con el Índice de Precios al Productor (IPP), y este ha aumentado 20 por ciento este año.

Este dato es atípico, ya que el indicador suele estar por debajo de la inflación, pero las condiciones macroeconómicas lo impulsaron al alza. Para calcularlo, el Dane tiene en cuenta diferentes factores, que no necesariamente reflejan la situación del sector energético.

Ante este panorama, el Ministerio de Minas y los gremios han planteado la posibilidad de usar otro indicador, en el corto plazo, y crear otro para toda la cadena en el largo plazo. Sin embargo, este anuncio del Gobierno no soluciona el problema de fondo que tiene a los habitantes del Caribe sufriendo.

El precio de la energía en el Caribe

Para entender qué está pasando en esta región del país hay que analizar con cuidado el componente de pérdidas. Por los ya conocidos escándalos de Electricaribe, las finanzas para la distribución de energía en la costa siguen resentidas.

El gobierno de Iván Duque dejó dos operadores a cargo de la distribución de energía en los ocho departamentos de la región; no obstante, para hacerlo, la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustible (Creg) tomó una decisión que todavía se cuestiona. Si bien en todo el país los usuarios pagan en su factura las pérdidas técnicas, inherentes al servicio, en la zona también deben pagar otro tipo de pérdidas, como los robos de energía.

Estas pérdidas, además, son calculadas con base en el año 2019. Aunque el debate por los precios tomó fuerza en la última semana, el Caribe lleva meses hablando sobre la situación, que afecta a grandes y pequeños comercios, así como a las personas del común que ya no pueden pagar su factura de la luz.

Los alcaldes de la región le han solicitado al Gobierno que tome cartas en el asunto. Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, interpuso a finales de junio, una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para buscar que los dos operadores (Afinia y Air-e) tengan que bajar la tarifa.

Cabe recordar que lo que hoy están pagando los usuarios no refleja el valor real de su factura, ya que los distribuidores se han acogido a la opción tarifaria, una alternativa para que los aumentos no le lleguen de golpe a la comunidad. A la larga, son 4 billones de pesos lo “que deben” los usuarios a las empresas, que tendrán que pagar tarde o temprano.

En las últimas horas, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, informó que el presidente ordenó al Ministerio de Minas asumir las funciones de la Creg para intervenir el mercado de la energía eléctrica.

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