¿EPM intermedia para privatizar servicio de agua en Santa Marta?

Un grupo español de inversionistas, aún por identificar, estaría detrás de privatizar el servicio de agua en Santa Marta, en lo cual estaría intermediando Empresas Públicas de Medellín (EPM), recientemente nombrada agente interventor de Essmar ESP.

La empresa paisa que, según han publicado medios locales, recibió el chicharrón de la empresa samaria a cambio de morigerar las posibles sanciones por el eventual retraso de la entrada en funcionamiento de la primera turbina del complejo de Hidroituango, que generará el 17 por ciento de la energía producida en el país.

Personal de EPM, encabezado por Víctor Vélez Marulanda, responsable de planificar, desarrollar y cerrar los negocios, analizó las cifras de Essmar 11 meses de su intervención por la Superintendencia de Servicios y, rápidamente, determinó que no era viable invertir recursos en Essmar, pero abrió la puerta a su privatización.

Fuentes cercanas al proceso de intervención, que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas para hablar públicamente del tema, señalaron que el plan es declarar la inviabilidad financiera de Essmar y así dar paso a un esquema que ya existió en Santa Marta en cabeza de Metroaguas, empresa de capital extranjero que no solucionó la problemática en la prestación del servicio que hoy persiste.

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Para la mejora del servicio se ha propuesto por parte de las directivas de EPM el endeudamiento público del Distrito con un fondo internacional. Se contempla que sea la Corporación Andina de Fomento (CAF), justamente en cabeza del samario Sergio de Díaz-Granados, cuya familia compone un clan político –ahora vinculado al Pacto Histórico– que ha impulsado la intervención de la Superservicios.

La empresa, en manos del holding español, recalcularía la operación, ajustaría tarifas incluida la utilidad y contrataría con el Distrito de Santa Marta una tarifa contractual sin incluir inversiones.

Mantener la intervención de la Essmar ha tensado las relaciones entre dos socios políticos de la izquierda, el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.

Su partido, Fuerza Ciudadana, no ha querido quemar las naves con el presidente, pero ha sostenido que la decisión de la Superservicios mantener la intervención viene de los mismos funcionarios que siguen en la entidad desde el gobierno anterior y se preguntan por qué el nuevo superintendente, Dagoberto Quiroga, tomó la decisión apenas a 15 días de llegar al cargo.

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Así mismo, señalan que la intervención original se dio para proteger el negocio de recolección de basuras del empresario William Vélez: Essmar es el interventor de su contrato.

De hecho, alcanzó a haber tal crisis, quejas y señalamientos que la empresa que prestaba en principio el servicio, Interaseo, cedió su contrato a otra firma del mismo conglomerado, Atesa, lo cual podría leerse como una hábil jugada para evitarse sanciones o la pérdida de la concesión y, a la vez, mantener el negocio.

Siguiendo con la política, en una reciente carta, que buscaba denunciar la movida de la Superservicios, Caicedo y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, le recortaron a Petro su promesa electoral de regresar a la administración de la ciudad la Essmar, así como dos hospitales públicos intervenidos por la Supersalud.

No se conoce si ambos líderes han conversado luego de la comunicación, pero lo cierto es que no hay luz alguna de la Súperservicios o del Ministerio de Vivienda de que Essmar vaya a ser devuelta a la ciudad. El Presupuesto General de la Nación tampoco contempló recursos para aliviar la crisis del agua en Santa Marta, donde aún hay sed.

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