EPS deben garantizar atención domiciliaria a pacientes durante la pandemia; ¿es posible?

La Corte Constitucional reiteró que las EPS deben “garantizar una red de prestación de servicios completa en el domicilio de sus afiliados”.

El pronunciamiento del alto tribunal se produce en respuesta a una acción de tutela que interpuso Jesús Omar Álvaro Revelo Arellano, quien reside en Sandoná, Nariño. Revelo Arellano le había pedido a la Nueva EPS que le entregara en Sandoná los medicamentos que requiere para la diabetes y la hipertensión. El hombre argumentó que no podía ir a Pasto a reclamarlos por los problemas de salud que padece y por la pandemia.

Sin embargo, la EPS respondió que pese a que estaba al tanto de que Revelo Arellano no podía exponerse a contagiarse por ser población en riesgo, podía delegar a una persona para reclamar los medicamentos.

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Finalmente, la Corte Constitucional advirtió que no se puede “exigir a los pacientes adelantar trámites administrativos o esfuerzos materiales que resulten incompatibles” con las restricciones decretadas para atender la emergencia sanitaria.

Eso “constituye una barrera para el goce efectivo del derecho a la salud” pues de esos medicamentos “depende la vida e integridad de los usuarios que deben obedecer las medidas preventivas de distanciamiento individual responsable, en aras de salvaguardar su salud y bienestar”, añade el alto tribunal.

El drama para reclamar los medicamentos

Este caso se remonta al 9 de junio de 2020. Ese día, Jesús Omar Álvaro Revelo Arellano fue al hospital Clarita Santos, en Sandoná, para reclamar los medicamentos e insumos que necesitaba. Revelo Arellano estaba confiado: aunque antes de la pandemia siempre iba a Pasto a hacer esa diligencia, en marzo y mayo de 2020 había podido reclamarlos en Sandoná debido a las restricciones por la emergencia sanitaria.

Sin embargo, el hospital Clarita Santos se negó a entregarle los medicamentos y le informó que estos no estaban en la lista que la Nueva EPS había autorizado. Además, le explicaron que los fármacos que recibió los meses anteriores hacían parte de una contingencia usada para ayudar a pacientes en el marco de la pandemia.

Revelo Arellano, entonces, presentó una petición el 11 de junio de 2020 para que el Clarita Santos le entregara los medicamentos. El hospital le respondió que, desde 2019, le había solicitado a la Nueva EPS ampliar la lista de los fármacos contratados para así poder suministrárselos a los pacientes que lo necesitaban. Según el Clarita Santos, la EPS nunca le respondió.

El hombre reiteró que no podía seguir yendo a Pasto a reclamarlos porque, además del riesgo de contagio, tampoco tenía el dinero suficiente para pagar un transporte especial. Finalmente, Revelo Arellano tuvo que recurrir a una acción de tutela.

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El llamado de atención de la Corte Constitucional a las EPS

Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la Corte Constitucional encontró sin fundamento la decisión de la Nueva EPS de entregar una parte de los medicamentos en Sandoná y otra en Pasto. Para el alto tribunal, eso es “una carga insostenible” para Revelo Arellano y él “no está obligado a seguir” soportándola.

“La entrega de los medicamentos por parte de la EPS en dos municipios diferentes a un mismo afiliado no solo representa un desconocimiento de la función pública que ejerce para garantizar el derecho a la salud de los pacientes, sino que constituye una barrera en el acceso a los servicios médicos que resulta injustificada”, advierte la Corte Constitucional.

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Así las cosas, el alto tribunal le dio 48 horas a la Nueva EPS para entregarle a Revelo Arellano los medicamentos en Sandoná.

“Las directrices del Ministerio de Salud y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, los Estados y las entidades de salud deben acatar medidas encaminadas a mitigar los riesgos de contagio del virus”, dice la Corte Constitucional.

La respuesta de las EPS

Gustavo Morales, director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), se mostró a favor del fallo de la Corte Constitucional: “La Corte tiene toda la razón: las EPS tienen el deber de prestar a domicilio los servicios a aquellos afiliados que por algunas circunstancias no pueden acudir a los centros de salud, lo que también es cierto en la entrega de medicamentos”.

Morales, además, explicó que ya hay un plan para garantizar el cumplimiento de la decisión: “Hicimos un gran plan, conocido como el plan prioridad mayor, para fortalecer la atención de todas esas personas que no se podían desplazar por culpa de la pandemia. Hemos entregado más de 9 millones a domicilio desde que empezó la pandemia y más de 46 millones de fórmulas médicas para que el paciente no se tenga que desplazar”.

Además, señaló que el fallo les obliga a poner la lupa donde todavía se puede mejorar.

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