EPS, Minsalud y ADRES se ‘tiran la pelota’ por déficit de medicamentos. ¿Qué pasa?

Luego de que Cruz Verde anunciara que dejará de despachar medicamentos que están por fuera del Plan Básico del Salud a los usuarios de Sanitas, el Ministerio y las EPS se ‘tiran la pelota’ mientras que el cuatro por ciento de los usuarios de esa promotora corren el riesgo de quedar sin estos tratamientos.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a la mayoría de entidades promotoras de salud (EPS) del régimen contributivo y de medicina prepagada del país, advirtió que la responsabilidad por la falta de la no entrega de medicamentos a una parte de los usuarios se debe a que el Gobierno les adeuda 1,67 billones de pesos por un concepto que se conoce como ajustes de los presupuestos máximos.

En un comunicado, emitido en el contexto de la notificación emitida el 30 de octubre por parte de Droguerías y Farmacias Cruz Verde, según el cual suspenderá, desde el próximo 15 de noviembre, el suministro de medicamentos e insumos que están fuera del Plan Básico de Salud (no PBS) ordenados a los usuarios de Sanitas EPS, debido a que esta le adeuda cerca de 400.000 millones de pesos.

En ese sentido, Acemi salió en defensa de su agremiado y señaló como culpable de la “crisis entre el gestor farmacéutico y la EPS” al Gobierno nacional, representado en este contexto por el Ministerio de Salud.

Presupuestos máximos, una deuda acumulada

En efecto, Acemi y otras agremiaciones ya habían advertido este año sobre las dificultades que las EPS han tenido para pagarles a las instituciones prestadoras de salud (IPS) de servicios farmacéuticos, incluso por servicios contemplados por el PBS.

Los productos no incluidos en el Plan suelen ser más costosos, ya que suelen tratarse de servicios como pañales, cuidadores, suplementos nutricionales, tecnologías de alto costo, entre otros, representados en el rubro público de Presupuestos Máximos (PM).

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Acemi explica que el Ministerio de Salud calcula los PM anuales de cada EPS, los paga de forma anticipada, se ajustan cuando son insuficientes y se destinan exclusivamente a la compra de dichos servicios. Además, agrega la Asociación, ”corresponde exclusivamente al Gobierno nacional asegurar su oportunidad y suficiencia”.

El Ministerio de Salud está en mora: EPS

Acemi asegura que la mora de las EPS con los prestadores (o IPS como las farmacias) se deben a que los dineros correspondientes a los PM no están al día: “Los pagos de julio, agosto y septiembre de 2023 recién fueron girados en octubre, afectando el flujo de pagos de las EPS a los gestores farmacéuticos. El giro de octubre no ha sido recibido por todas las EPS. No hay confirmación de fuente de recursos para pago de los meses de noviembre y diciembre de 2023″.

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Sumado a ello, la agremiación denuncia que el Ministerio no se ha puesto al día con los ajustes de los PM de 2022, los cuales ascienden a 1,67 billones de pesos, cifra “que equivale al mayor gasto en tecnologías y medicamentos dispensados por las EPS ese año a los pacientes”.

¿Momento de solucionar el problema de la UPC?

Desde mediados de 2000, cuando las EPS privadas empezaron a recibir el grueso de los pacientes —y a sus beneficiarios— procedentes del recién liquidado Seguro Social, la insuficiencia de la Unidad por Captación (UPC) para cubrir los gastos en salud de cada persona se volvió un debate recurrente.

Anualmente, el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Salud, fija un valor de UPC para ambos regímenes. La cifra para este año aumentó en 16 por ciento con respecto al anterior. Para el régimen Subsidiado se fijo en 1’121.396,40 de pesos al año por persona, es decir, un aporte mensual de 93.449,7 pesos. En el caso del contributivo, el aporte se estableció en 1’289.246,40, que corresponden a 107.437,2 al mes por usuario.

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Acemi argumenta que la cifra que se queda corta para cubrir los requerimientos en salud de los colombianos ya ha sido expuesta en mesas técnicas con este Gobierno y, sumado al atraso en el pago de los PM —que argumenta también es insuficiente—, “han generado una crisis en el flujo oportuno y suficiente de los recursos a través del sistema“, aumentando la deuda con los prestadores, en el caso específico de Sanitas EPS, con Cruz Verde.

Con respecto a este problema que se sigue acumulando, el Auto 109 de 21 de la Corte Constitucional estableció en la sentencia T-760 de 2008 diferentes órdenes con la finalidad de que las autoridades del Sistema General de Seguridad Social en Salud adoptaran las medidas necesarias para corregir las fallas estructurales identificadas al interior del mismo, con ocasión del análisis de los casos concretos acumulados en esa providencia.

Asimismo, la Corte advirtió que la desigualdad entre las coberturas de ambos regímenes vulnera el derecho a la salud de los afiliados al subsidiado —especialmente en el caso de los niños—, por lo cual, en el numeral 21 de dicha sentencia, ordenó al Ministerio reducir, “en lo posible, la brecha existente (entre la UPC del contributivo y el subsidiado) hasta tanto no se demuestre, con información técnica y confiable, en qué punto la Unidad de Pago por Capitación alcanzará la suficiencia en ambos regímenes“.

A pesar del aumento anual de la UPC y la reducción paulatina de la brecha, las deudas se siguen acumulando y varias EPS de ambos regímenes han caído en problemas financieros: al 13 de julio de 2022, había 14 entidades en proceso de liquidación y otras ocho estaban en vigilancia especial por la Supersalud.

El Ministerio le responde a Sanitas

En la mañana del martes 31 de octubre, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió en rueda de prensa al anuncio hecho por droguerías Cruz Verde la noche anterior y señaló que la cartera a su cargo está al día con Sanitas, ya que este año le ha girado 7.8 billones de pesos de los cuales 500.000 millones corresponden a los PM.

El funcionario admitió que a la entidad se le adeuda 90.141 millones de pesos, pero que estos corresponden a los ajustes por recobros que Sanitas solicitó para 2022, dinero que saldrá de un crédito público a gestionar por el Ministerio.

“Cumplen o cumplen”

Con respecto a los servicios no PBS, Jaramillo aseguró que Sanitas debe garantizar los servicios que le corresponden como EPS: “Cumplen o cumplen, con Cruz Verde o con cualquier proveedor”.

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Por otro lado, el cuestionado superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, le exigió a la EPS entregar una estrategia de emergencia que garantice la prestación de los servicios a sus usuarios. De lo contrario, el funcionario advirtió que la Supersalud ejecutará ”una acción administrativa y, si hay lugar a procesos sancionatorios, se llevarán a cabo, respetando el debido proceso”.

Por su parte, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud​ (Adres), Félix León Martínez, publicó hoy un video en las redes sociales de la entidad, en respuesta al anuncio de Cruz Verde, en el que asegura que más de 166.000 millones de pesos fueron girados a las EPS del país por el mes de octubre.

Martínez indicó que a los regímenes contributivo y subsidiado se les hizo un giro de 127.000 millones de pesos, y más de $116.800 millones a EPS Sanitas y Sura, respectivamente, de manera anticipada, desde el 3 de octubre.

“Adres se complace en informar que, con un giro de $166 mil millones aproximadamente, se cerró el mes de octubre, para dejar completamente al día el pago de los presupuestos máximos a todas las EPS del país. En total, entre septiembre y octubre, se giraron un billón de pesos por este concepto, de modo que quede claro que no se deuda un ni solo peso de los presupuestos máximos del año 2023 y la EPS tienen todo el recurso anticipado para pagar los servicios que están fuera de la UPC”, indicó Martínez en un video en red social X, a nombre de la entidad.

Contraloría y Procuraduría, ‘al rescate’

La Contraloría General de la Nación anunció la conformación de un equipo especializado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción con el fin de indagar sobre las causas y, de ser necesario, señalar responsabilidades.

“El vicecontralor, en funciones de Contralor General, recordó que la entidad tiene en el radar la información relacionada con el estado contable de las EPS para la vigencia 2022; y agregó que, actualmente, la delegada de Salud realiza una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud para determinar las debilidades y cuellos de botella que presenta el sistema, ejercicio que se realiza por primera vez y que audita alrededor de 240 billones“, informó la entidad pública.

Adicionalmente, resaltó que este año, la Contraloría ha tramitado 14 actuaciones de temas de salud por cuantía 630.933 millones de pesos en el marco de cuatro imputaciones de responsabilidad fiscal por 274.201 millones y tres fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia, por 389.619 millones.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, se reunió este 1 de noviembre con Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas, y Claudia Sterling, vicepresidenta de asuntos corporativos de Droguerías y Farmacias Cruz Verde, con el fin de “ayudar a solucionar la problemática de medicamentos“.

¿Cómo lo hizo Duque?

Si se tiene en cuenta que la Ley Estatutaria de 2015 no hace de la salud un servicio (como en la mayoría de países) sino un derecho; que los recursos son finitos y que el problema se ha gestado por más de 15 años, la solución para cubrir todos los gastos debe abordarse aumentando el presupuesto destinado al sistema de salud y en atacar la corrupción.

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Por tanto, el monto destinado debe salir de las arcas públicas, es decir, de lo que el Congreso autorice anualmente para el Plan Nacional de Desarrollo.

Durante el Gobierno del expresidente Iván Duque, Acemi alertó que las dificultades del sistema, en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19, se concentraron en el incumplimiento de los pagos definidos por el Ministerio de Salud, y que en 2020 solo se giraron 344.000 millones de pesos cuando había una deuda de casi 2.5 billones. Sumado a ello, estaba la deuda con los profesionales de la salud de las entidades públicas en varias regiones del país a quienes se les debían varios meses de salario.

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Sin embargo, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) indicó que, a 2021, la deuda seguía en nueve billones de pesos, de los cuales la mitad correspondía al régimen subsidiado.

El Gobierno entonces se enfocó en el saneamiento de este pendiente por medio del Presupuesto General de la Nación, sin sanearla completamente ni ejecutar cambios estructurales en las causas que favorecen su persistencia, más allá de la crisis por el covid-19, la cual sorprendió a una vasta mayoría de sistemas de salud del mundo mal preparados y profundizó las crisis, última que, en el caso de Colombia, se sumó a los antecedentes del déficit de años atrás y terminó haciendo del país uno de los más golpeados en el mundo por la pandemia en 2022.

Las reformas tributaria y al sistema de salud planteadas por el Gobierno en aquel momento buscaban aumentar los impuestos y la contribución al sistema por parte de los sectores más vulnerables, además de profundizar la flexibilización laboral del personal en pro de la aumento de la privatización de la prestación de servicios.

Sin embargo, en medio de las tensiones y protestas durante el paro nacional, el proyecto de Ley 010 en salud no fue aprobado en el Congreso; y tampoco el pasado mes de marzo, cuando Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical, pidió que se tramitara como ley estatutaria: “No estaríamos en estas si hace dos años la iniciativa que presentamos hubiera sido discutida con tranquilidad“, dijo el 28 de febrero de este año el ex vicepresidente de la República sobre su propuesta.

¿Y este Gobierno?

La administración de Gustavo Petro, por su parte, pareciera estar a la espera del futuro de la reforma a la salud que se tramita actualmente en el Senado, ya que, en medio de los señalamientos, tanto de Acemi como del Ministerio y la Adres, la Ley se fundamenta en la eliminación la intermediación por parte de las EPS y los dineros de la salud saldrían de una Adres descentralizada a los prestadores, entre los cuales se incluyen los farmacéuticos.

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Por ahora —y como en años anteriores— cualquier rubro adicional destinado al saneamiento del déficit y las deudas de las EPS con las IPS lo siguen y seguirán pagando los usuarios, e incluso –y en especial— si no se destinan montos adicionales con se fin, ya que ambos tipos de entidades implementan, desde hace más de una década, estrategias para frenar ordenamientos a través de sus plataformas electrónicas y protocolos de atención con el propósito de limitar los gastos en salud.

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