Errores en Defensa: las salidas en falso de Molano, Trujillo y Botero y el fantasma de la moción

La moción de censura que tiene tambaleando al ministro Diego Molano parece una historia ya conocida en esa cartera. Aunque al presidente Iván Duque le gusta el fútbol, parece que no le va muy bien en defensa.

Este lunes, 24 de mayo, el ministro de Defensa enfrentó en el Senado una moción de censura por su supuesta responsabilidad en los presuntos abusos de la fuerza pública contra los manifestantes durante el paro nacional. Ester martes, Molano también deberá presentarse a la Cámara de Representantes para responder por el mismo tema.

Por el momento, el ministro tiene fijos 32 votos a su favor, del Centro Democrático y el Partido Conservador, mientras que la oposición y el Partido Liberal tendrían otros 32 votos. Las dudas están sobre qué posición asumirán Cambio Radical, el Partido de la U y la Alianza Verde, que definirán este lunes su posición al respecto.

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Más allá de los dos debates de moción de censura, la situación de Molano, quien lleva menos de cuatro meses en el cargo, comprueba la crisis de estabilidad en este despacho.

Diego Molano, en la cuerda floja

La controversia se inició cuando el exconcejal Hollman Morris denunció que menores de edad habían muerto en una operación del Ejército, el 2 de marzo en Guaviare, contra alias Gentil Duarte.

El ministro encendió la polémica cuando, en medio de la explicación de lo sucedido y aún sin confirmar si habían o no muerto niños y adolescentes en el bombardeo, aseguró que se trataba de “jóvenes reclutados y convertidos en máquinas de guerra”.

Después, en una entrevista con RCN Radio, dijo que los menores de edad “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos” y “se convierten en criminales”. Aunque advirtió en repetidas ocasiones que las fuerzas militares respetaron el derecho internacional humanitario, le llovieron críticas que señalaban, entre otras cosas, que estaba revictimizando a los menores de edad reclutados por grupos armados.

A principios de abril, se desató otra polémica por un contrato del Ministerio de Defensa, por 898 millones de pesos por nueve meses, con una firma de comunicaciones para cambiar la estrategia de comunicación de la cartera. El contrato contemplaba la “transformación y protección de imaginarios que tiene la población en relación con los temas relacionados con seguridad y defensa del Estado”, manejo de crisis, relacionamiento con medios y mitigación de los riesgos asociados a las ‘fake news’.

En su momento, La FM aseguró que el contrato se firmó el miércoles santo, el mismo día en que el ministro solicitó la propuesta.  La empresa contratada fue fundada por tres profesionales, dos de ellas parte del equipo de comunicaciones del ministro cuando éste era director del ICBF.

Dicha empresa, y su metodología “Transformar Comunicando”, ya había sido contratada por la Presidencia cuando Molano fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), para llevar a cabo la ‘Gran Conversación Nacional’, con recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz.

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En los últimos días, otra vez, Molano se vio envuelto en una polémica cuando en entrevista con El Tiempo dijo que, en un ejercicio de ciberseguridad, durante el paro nacional, encontraron 102 noticias falsas, identificadas en actividades de redes sociales. El 55 por ciento de esas noticias estaban programadas para desacreditar a la policía. Después afirmó: “Hay información en las redes sociales de bastantes ataques y movilizaciones, desde Rusia”.

Asimismo, en entrevista con el periódico español El Mundo, Molano dijo que “los ataques cibernéticos que se han perpetrado vienen desde Rusia, particularmente”. La embajada de Rusia en Colombia respondió y dijo tener una “profunda perplejidad por las declaraciones del ministro de Defensa”, argumentando que son acusaciones serias, infundadas y no respaldadas por pruebas concretas que, además, “no contribuyen de ninguna manera al desarrollo de relaciones tradicionalmente amistosas entre Rusia y Colombia”.

Si bien es cierto que las protestas, especialmente los bloqueos en Cali y el suroccidente del país estarían infiltrados por varios grupos armados como las disidencias de las Farc, Molano no ha sido convincente a la hora de argumentar sus denuncias.

Los debates que el ministro de Defensa deberá afrontar en el Congreso, han hecho recordar las polémicas y actuaciones de sus dos antecesores.

Las batallas de Carlos Holmes Trujillo

El experimentado político vallecaucano inició su paso por el Gobierno Duque como canciller, cargo que dejó en noviembre de 2019 para entrar al Ministerio de Defensa, en reemplazo de Guillermo Botero. A su llegada, manifestó abiertamente interés en retomar las fumigaciones aéreas con glifosato como estrategia contra el narcotráfico, lo que causó varias molestias.

Trujillo también enfrentó una escalada de violencia, especialmente por el asesinato de líderes sociales y masacres. Según cifras de Indepaz, durante el 2020, se perpetraron 91 masacres, entre las que se encuentra la de Llano Verde o las de Samaniego.

El discurso del exministro y el presidente frente a los hechos fueron objeto de críticas, ya que ambos intentaron desviar la atención sobre las responsabilidades del Gobierno, minimizando los hechos o culpando a la anterior administración, una respuesta que no convenció a las víctimas. Por esos días causó indignación el término que usó el Gobierno: “homicidios colectivos”.

El exministro Carlos Holmes Trujillo también estuvo bajo la lupa por la llegada de tropas estadounidenses a Colombia. Este caso le ocasionó una moción de censura, la cual estaba liderada por Jorge Robledo. Para el senador de la oposición, Trujillo cometió una falta grave al no consultar este asunto con el Congreso.

La decisión también fue duramente criticada por Iván Cepeda, quien le dijo a Trujillo, en referencia a los militares, que “vienen a asesorar relaciones del Ejército con los grupos que están fuera de la ley, con los Rastrojos, el Clan del Golfo, o con las bandas criminales para combatir otros grupos irregulares (…) eso es perfectamente posible porque así está tipificado en la directriz que usted no ha leído o que le está ocultando al país”.

A pesar de las críticas, la moción de censura no prosperó, pues la mayoría del Senado aprobó una proposición de la bancada uribista que declaraba improcedente el debate.

En el mes de septiembre de 2020, la violencia policial tras las protestas por la muerte de Javier Ordóñez también le pasó factura al exministro. Tras conocerse la muerte de más de diez manifestantes, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno brindar medidas administrativas para garantizar la protesta pacífica y aseguró que el ministro de Defensa debía pedir disculpas por los desmanes, así como prohibir el uso de las escopetas calibre 12 del Esmad.

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La respuesta de Trujillo y Duque indignó aún más a los manifestantes, ya que el Ejecutivo no hizo caso al fallo y pidió una revisión de la Corte Constitucional. De igual forma, el ministro se negó a pedir perdón asegurando que la protesta pacífica estaba garantizada. Algunos tomaron la postura como un desacato, incluso, un juez ordenó tres días de arresto.

Finalmente, las presiones de los ciudadanos y la oposición hicieron que el funcionario pidiera disculpas ante el Congreso, justamente en otro debate de moción de censura:

Trujillo falleció por covid-19, el 26 de enero de 2021, en medio de las polémicas. Tras su muerte, se dio otra pelea en el Senado, esta vez por un proyecto que buscaba rendirle homenaje cada 26 de enero.

Guillermo Botero, el primer caído

Los problemas para este ministro empezaron antes de su posesión, luego de un polémico discurso en el que se refirió a las marchas y manifestaciones: “Creemos que esta debe ser una protesta social ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos, y no solo de un pequeño grupo, y hemos considerado que, sobre eso, el próximo Gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido”.

Sus palabras no cayeron bien en algunos sectores políticos que calificaron la propuesta como una forma de limitar la protesta. Desde ese momento, aumentaron los opositores a Botero y a su gestión.

Sin embargo, el entonces ministro no abandonó el tema. En septiembre de 2018, aseguró que en las movilizaciones había dineros de grupos al margen de la ley, como las disidencias de las Farc, el ELN, los Pelusos y el Clan del Golfo. Los opositores del Gobierno no dudaron en cobrar sus palabras y dijeron que se trataba de una estigmatización a los manifestantes.

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En el caso de Botero hay más episodios controvertidos, como lo sucedido en Vichada, en julio de 2019, cuando aseguró que los mayores problemas de seguridad de ese departamento eran los robos de la “ropa tendida en cuerdas”.

Otro ejemplo fue el oso que le hizo cometer al presidente Duque ante la ONU, cuando trató de demostrar con un dosier que el Comando de Inteligencia que Venezuela apoyaba las disidencias de las Farc. En el Gobierno nadie se percató de que el documento contenía fotos descontextualizadas, lo que causó múltiples críticas, incluso del propio Nicolás Maduro. 

La embarrada más grave que enfrentó Botero vino después, cuando nuevamente se habló de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, luego de que un informe de The New York Times revelara la existencia de una directriz del Ejército que supuestamente ordenaba incrementar las bajas en combate.

Según el medio estadounidense, “las órdenes habían perturbado a algunos altos oficiales del Ejército, quienes dijeron que la intensa presión para llevar a cabo los ataques aumentaba el riesgo de bajas civiles”. Las revelaciones obligaron al entonces comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, a retirar el documento y dar explicaciones a nivel internacional.

Al mismo tiempo, Botero estaba envuelto en otra polémica que le costó numerosas críticas. Se trató de la muerte de Dimar Torres, un excombatiente de las Farc que hacía parte del proceso de paz. Torres murió en zona rural de Norte de Santander, cuando un cabo del Ejército le disparó.

El exministro reaccionó rápidamente al caso y dijo que al cabo “le intentaron arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue de las Farc”. Nuevamente, sus declaraciones no fueron bien recibidas, pues meses después, informes periodísticos e investigaciones de la Fiscalía General concluyeron que existía un plan para asesinar al desmovilizado. Este hecho detonó su primer debate de moción de censura, del cual salió airoso tras obtener el apoyo de los partidos de gobierno en la Cámara de Representantes.

La estocada final para Botero llegó con el caso del bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc, la noche del 29 de agosto de 2019 en San Vicente del Caguán (Caquetá), en el que habrían muerto por lo menos ocho menores de edad.

Esa información solo se conoció 48 días después, en medio de otro intento de moción de censura, en la cual el senador Roy Barreras reveló las pruebas. “Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó siete niños y quizás son cuatro más, porque las pruebas de Medicina Legal muestran que otros cuatro cuerpos llegaron tan despedazados, que solo pudieron identificar que tenían menos de 20 años”, dijo Barreras.

Finalmente, Botero decidió renunciar a su cargo el 6 de noviembre de 2019, un día antes de que se llevara a cabo un segundo debate de moción de censura. Para varios analistas, su salida fue una jugada política, ya que la moción iba a ser aprobada, lo que significaba un duro golpe al Gobierno Duque. En este momento, Guillermo Botero se desempeña como embajador de Colombia en Chile.

Ahora Molano y el propio Gobierno deberán desplegar toda la artillería que les queda, justo en un bajo momento de popularidad por el ya largo paro, para evitar que en el Congreso se vote la moción contra el ministro de Defensa.