Escándalo MinTIC: los lazos familiares que causan suspicacias

Desde que arrancó el pleito por el fallido contrato entre MinTIC y Centros Poblados siempre sonaron, pero sin ninguna responsabilidad, David Barguil, Aníbal Gaviria, Daniel Quintero, Margarita Cabello, Karen Abudinen y Alex Char. ¿Por qué?

En Colombia no existe el delito de sangre, pero si algo quedó claro con el escándalo del fallido contrato entre MinTIC y Centros Poblados, son los nombres de reconocidas figuras públicas que levitan alrededor de esa polémica.

La mayoría de los protagonistas visibles y ocultos, parecieran entrelazados, ya sea por consanguinidad, afinidad o simple amistad con personajes de la vida política regional y nacional.

Eso es justamente lo que descubrió Diario Criterio cuando investigó el entramado empresarial detrás de la unión temporal Centros Poblados y cuyos resultados arrojaron tres conclusiones evidentes.

Primero los nexos de los contratistas con Emilio Tapia, segundo que son los mismos protagonistas del Carrusel de la Contratación en Bogotá y tercero que todos los caminos de este escándalo conducen a Barranquilla.

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A partir de ahí, fue posible descubrir que los protagonistas del escándalo con Centros Poblados se conectan con personajes de la vida pública de la Costa Caribe y el país.

¿Quién es quién en el caso MinTIC?

Nombres como el del senador conservador David Barguil, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, la procuradora Margarita Cabello y hasta la propia exministra Karen Abudinen, aparecen conectados, aclarando que esa simple mención, por ahora, no los hace responsables de delito alguno.

Uno de esos contratistas que ha pasado de agache en todo el entramado de Centros Poblados y MinTIC, es Ottomar Lascarro Torres, hijo de Ottomar Lascarro Silva, exconcejal y exalcalde de Carmen de Bolívar (Bolívar).

Lascarro Silva (padre) es recordado por sus nexos con grupos guerrilleros y paramilitares, por los que en su momento tuvo que rendir cuentas ante las autoridades.

Lascarro Torres (hijo) figura como accionista en dos de las cuatro empresas que conforman Centros Poblados. Se trata de Intec de la Costa SAS y Omega Buildings Constructora SAS, que suman el 30 por ciento de toda la unión temporal.

En el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía el testigo estrella Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, quedó claro que esas dos firmas constructoras junto a ICM Ingenieros SAS, en realidad son propiedad de Emilio Tapia.

La importancia de Lascarro Torres en todo el andamiaje de corrupción radica en que sería una de las personas de confianza con las que Tapia realiza sus negocios.

De hecho, en los mentideros políticos de Barranquilla se afirmó que todo el asunto en torno a la póliza falsa del banco Itaú tendría su origen en una disputa de dineros entre Lascarro y Tapia.

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De Barranquilla a Medellín

Ottomar Lascarro Torres sería la explicación del por qué parte de la estructuración del negocio con Centros Poblados se hizo en tierras paisas.

Hoy se sabe que Ottomar vive en el corregimiento Llanogrande, un exclusivo sector del municipio de Rionegro (Antioquia).

Resulta que él aterrizó en Medellín en 2013 cuando comenzó a ganarse numerosos contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para entonces dirigida por Carlos Mario Montoya, durante la primera gobernación de Aníbal Gaviria.

Pero la carrera de Ottomar como contratista paisa fue tan polémica y llena de lunares, que le dedicaron un fuerte debate en el Concejo de Medellín en 2015, liderado por el concejal Alejandro Guerra Hoyos.

Concejal de Medellín denunció al contratista Ottomar Lascarro Torres.

Para resumir las denuncias, basta decir que se ganó cuatro contratos por valor de 21.000 millones de pesos con su firma OLT Constructores SAS, cuyo NIT (Número de Identificación Tributaria) en realidad le pertenecía a una modesta banda musical que luego mutó a constructora.

Pese a esos cuestionamientos, el contratante Carlos Mario Montoya y Ottomar salieron ilesos del escándalo.

Recientemente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nombró a Montoya en el cargo de secretario de Gestión y Control Territorial, como cuota conservadora.

Debido a ese nombramiento y sus nexos con Ottomar, es que los opositores del alcalde y el gobernador, los relacionan con el escándalo de Centros Poblados y hablan de una versión paisa de ese cartel de la contratación.

El concuñado del senador Barguil

Ottomar Lascarro Torres también es el hilo conductor de otro nexo que ha servido para especulaciones en redes sociales: la vinculación del senador conservador David Alejandro Barguil Assís en el escándalo de Mintic.

Hasta ahora, el senador cordobés o su familia no aparecen en el entramado empresarial de la unión temporal Centros Poblados y su nombre tampoco se ha mencionado en los primeros interrogatorios que ya rindieron los testigos a los fiscales del caso.

Lo que sí es un hecho, es que María Victoria Ramírez Aljure, segunda esposa de Barguil (estuvo casado con María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria) es hermana de Carolina Ramírez Aljure.

David Barguil y su esposa María Victoria Ramírez Aljure.

Resulta que Carolina es la esposa de Ottomar Lascarro Torres, eso quiere decir que Barguil y Lascarro son concuñados, pero esa relación no genera ningún parentesco por afinidad y mucho menos es causal de impedimentos.

Hay otro dato. Carolina (la cuñada de Barguil) fue pareja sentimental de Gianluigi Mancuso Dereix, hijo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos.

Pantallazo del Instagram de Carolina Ramírez Aljure.

El hijo de la procuradora Cabello

En una de las dos empresas fachadas de Ottomar Lascarro Torres, concretamente Intec de la Costa SAS, tuvo asiento como presidente de junta José Fernando Lorduy Fernández.

La importancia de Lorduy Fernández en todo ese entramado y que fue revelado por Diario Criterio, consiste en que él sería cuñado de Emilio Tapia, ya que en el pasado habría tenido una relación sentimental con su hermana Carolina Fernández Lorduy.

Además, a Lorduy Fernández lo reconocen en Barranquilla como uno de los amigos y promotores de los contratos que le otorgan a Alberto Mario Caparroso Cabello, hijo de la procuradora Margarita Cabello.

En el Sigep se puede documentar que entre 2017 y 2019 el hijo de la procuradora Cabello tuvo al menos ocho contratos por 16.929 millones de pesos para la construcción de parques o remodelación de escenarios deportivos: las famosas canchas sintéticas.

La procuradora Margarita Cabello y sus hijos María Margarita y Alberto Caparroso Cabello. Foto: Especial.

¿Amigos de Karen Abudinen?

Dentro del imperio empresarial que montó Ottomar Lascarro Torres aparece otro personaje controvertido en los círculos sociales de Barranquilla (Atlántico): se trata del empresario Jalím de Jesús Rebaje García, quien figura como socio de la empresa Omega Buildings SAS.

Los colombianos escucharon de él en septiembre de 2020, por un video del edificio donde vive y en el que se observa cuando agrede a la pediatra Dalila Peñaranda. La alta sociedad de Barranquilla se indignó, pero el escándalo no tuvo mayores efectos para él.

El presidente Iván Duque y el contratista Jalím de Jesús Rebaje García. Foto: especial.

La novedad es que una prima hermana del contratista Rebaje García sería amiga de la exministra Karen Abudinen Abuchaibe. Incluso, personas cercanas a ese círculo social recuerdan sus encuentros en el barrio El Golf de La Arenosa.

La otra arista de la presunta relación de la exministra con los contratistas, surge porque una hermana de Lascarro Torres habría trabajado en la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Se trata de Tatiana Zenith Lascarro Torres, socia de la empresa Lastor Inversiones del Caribe SAS, una de las subsidiarias de Intec de la Costa SAS. Ella laboró en la regional ICBF en Bolívar y estuvo incursa en una investigación disciplinaria.

No hay certeza si la contratista Lascarro Torres y la exministra Abudinen coincidieron cuando fue designada por el presidente Iván Duque, como directora del ICBF en 2017.

El factor Alex Char en el caso MinTIC

Esta saga de conexiones familiares, afinidad o amistad la cierra Alejandro Char Chaljub, líder de la controversial casa política de la familia Char y hasta hace poco precandidato presidencial.

Tanto Char como los demás políticos mencionados en este artículo no tienen relación directa con el escándalo entre MinTIC y Centros Poblados, pero sus nombres han sonado de alguna manera.

En el caso de Char hay dos razones de peso para que sus contradictores políticos intenten salpicarlo en este escándalo.

Primero, porque él es el jefe político de la exministra Abudinen y para nadie es un secreto que ella llegó al gobierno del presidente Iván Duque como cuota política de la casa Char de Barranquilla.

Alejandro Char y la exministra Karen Abudinen.

Segundo, porque Alejandro Char está casado con Katia Nule, hermana de Guido Nule, el polémico contratista que junto a sus primos Manuel y Miguel Nule, fueron condenados por el Carrusel de la Contratación en Bogotá.

Eso quiere decir que Char es cuñado de Guido Nule.

De hecho, Char fue el único de los socios de los primos Nule, que salió intacto del escándalo del Carrusel porque de su bolsillo respondió por las obras en las que era socio.

Esos detalles sumados a que en las últimas semanas surgieron versiones en el sentido de que Guido Nule también habría asesorado a Centros Poblados, disparó los rumores en torno a que Char sería salpicado por el escándalo del MinTIC.

Los primos Manuel, Miguel y Guido Nule (centro). Foto: Semana
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6 Comentarios

  1. Por todas estas castas y vínculos familiares es que para las elecciones presidenciales no queremos seguir con los mismos y en las mismas

  2. El diablo los crea y ellos se juntan y forman un laberinto que al final conduce a los entramados de corrupción, son los mismos con las mismas. Habrá alguien que crea el cuento de la ex Ministra que la engañaron?

  3. Es lamentable como un entramado de hampones de cuello blanco que no les corre sangre en la cara saquean sin contemplación alguno los recursos del Estado empezando por la procuradora Margarita Cabello que por respeto al pueblo Colombiano se debiera declarar impedida para investigar a Karen Mercedes Abudinen

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