Especialidad agraria: una muerte anunciada que entierra aún más la paz

A pesar de tener el respaldo del Gobierno, el único proyecto legislativo del acuerdo de paz se hundió. La representante Juanita Goebertus, en entrevista con Diario Criterio, culpa a la senadora Cabal y a Lafaurie.

El pasado 20 de julio de 2020, el presidente Iván Duque instaló las sesiones ordinarias del Congreso, las más atípicas de la historia, ya que debido a la pandemia se realizarían de forma virtual. En ese momento, se inició la tercera legislatura y el Gobierno radicó siete proyectos con el compromiso de sacarlos adelante. 

Entre esos estaba el proyecto de ley estatutaria para la creación de la especialidad judicial agraria y rural, un mecanismo contemplado en el punto uno del acuerdo de paz: la Reforma Rural Integral. Lo que perseguía el proyecto era la puesta en marcha de una herramienta para superar los conflictos agrarios y la deuda con el campo colombiano.

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La iniciativa buscaba llevar la justicia a las zonas apartadas del país, para así mitigar problemas como la concentración de la propiedad, la distorsión del uso del suelo o la informalidad, ya que como lo señala el exjefe negociador del acuerdo, Humberto de la Calle, en el país más de la mitad de los predios carecen de un título de propiedad.

“La idea es buscar celeridad, equidad y superación de muchos de los conflictos agrarios que privan de seguridad no solo, o no tanto, a los grandes propietarios, sino a los dueños de parcelas”, dijo De la Calle en una de sus columnas dominicales.

Antes de presentarse este proyecto, la idea se cayó en varias ocasiones, por lo que el impulso del Gobierno daba, por primera vez, una buena sensación. Incluso, el presidente ordenó “darle trámite expedito al proceso, que cuenta no solamente con el aval fiscal, sino que también permite acercar la justicia al ciudadano de las regiones más profundas de Colombia”.

El mandatario se refirió a la especialidad agraria en varias ocasiones, siempre apoyándola. La entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, hoy procuradora general, hizo lo propio y dio un espaldarazo a la propuesta. “Estructuramos, socializamos y trabajamos muy duro en un proyecto de ley de jurisdicción especial agraria con jueces y magistrados que van a trabajar esos problemas del diario vivir del campesino”, aseguró.

El calvario de la especialidad agraria

A pesar del aparente apoyo del Ejecutivo, casi un año después de su presentación y en el epílogo de la legislatura, el proyecto terminó hundiéndose porque nunca fue citado su último debate en la plenaria del Senado. La iniciativa recibió fuertes críticas poco antes de entrar a la recta final y nunca fue agendado.

Los ataques llegaron desde el partido Centro Democrático, especialmente por parte de la senadora María Fernanda Cabal, quien bautizó a la propuesta como la “JEP agraria”. Cabal acusó al proyecto de fomentar la burocracia con más de 300 cargos, perseguir la propiedad rural, dar a las ONG categoría para demandar a propietarios, entre otros.

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Las congresistas Angélica Lozano y Juanita Goebertus, ponentes del proyecto, le salieron al paso y explicaron que los argumentos de Cabal eran falsos o engañosos. “Administrar justicia y resolver los problemas no genera más inseguridad jurídica, la resuelve de manera pacífica, legítima y en derecho”, dijo Lozano.

Algunos gremios agrícolas y pecuarios también hicieron parte de las críticas al proyecto. Entre estos estaban la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), dirigida por José Félix Lafaurie, esposo de la senadora Cabal.

Finalmente, los últimos días de la legislatura marcaron el punto final para el proyecto. El 15 de junio, Angélica Lozano advirtió: “Si no lo anuncian, no lo pueden agendar. Si no lo agendan, no lo pueden votar”. Goebertus hizo un reclamo similar el día 16. “Levantaron sesión del Senado sin anunciar especialidad agraria”, dijo.

Ese mismo día, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se comprometió en La W a sacar el proyecto adelante. “Hay un poquito de desinformación, en ningún momento se le ha quitado el acelerador, falta el cuarto y último debate y el Congreso debe legislar hasta el 20 de junio a las 12 de la noche (…) como ministro de Justicia garantizo que vamos a empezar a ver cómo hacemos para trabajar esta ley”.

Las redes sociales se llenaron por esos días con la etiqueta #SOSEspecialidadAgraria. Muchos le pedían al presidente del Senado, Arturo Char, que agendara la discusión.

El jueves 17, después de las once de la noche, Char levantó la sesión del día y, finalmente, los ponentes del proyecto dieron por perdida la discusión. La senadora Lozano calificó el hecho como un abuso de poder de la mesa directiva del Senado y se pronunció en sus redes sociales.

Para la representante Juanita Goebertus, la caída del proyecto es una traición a la palabra del Gobierno y un acto incoherente teniendo en cuenta el discurso que el presidente Duque maneja sobre el acuerdo de paz en el exterior. Algunos aseguran que en últimas, el archivo del proyecto se dio por órdenes expresas del Gobierno.

Aunque los ministros de Justicia y del Interior anunciaron la presentación de una nueva propuesta, Goebertus asegura que el proyecto está muerto.

Diario Criterio: ¿Qué va a pasar con la iniciativa? ¿Existe otra propuesta viable para la próxima legislatura?

Juanita Goebertus: El ministro del Interior dijo en La W que lo iban a volver a presentar. Yo realmente lo dudo mucho. El Gobierno dejó morir un proyecto que ellos mismos presentaron ante las críticas del ala más radical del Centro Democrático. Este es un proyecto que tiene implicaciones fiscales, por lo que no tiene posibilidades de ser exitoso si el Gobierno no le demuestra su apoyo.

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D.C.: ¿Cómo se puede explicar la “voltereta” del Gobierno frente al proyecto?, ¿por qué terminó quitando el respaldo?

J.G.: Existen dos razones principales que lo pueden explicar. Lo primero es el cambio de ministro y viceministro en el cartera de Justicia. Y lo segundo, es la debilidad del Gobierno frente a las presiones de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal.

D.C.: ¿Por qué terminó siendo determinante el papel de Cabal y Lafaurie en la discusión?

J.G.: La senadora María Fernanda Cabal hizo la ponencia de archivo del proyecto. Básicamente, ella concentró su intervención en que la propiedad rural no debería democratizarse. Dijo que las ONG no deberían poder representar a los campesinos, señalando que la ley de restitución de tierras había despojado a la gente de sus tierras, y asimilando esta especialidad a la JEP. Además, en la Comisión Primera del Senado, nunca se declaró ningún conflicto de interés por parte de la senadora.

D.C.: ¿Qué respuesta han recibido hasta el momento del ministro de Justicia y del Interior por el desplante?

J.G.: Ninguna. El pasado miércoles 16 de junio nos reunimos con el ministro Wilson Ruiz y su equipo y acordamos un pliego modificatorio al articulado del proyecto, para presentar una propuesta más unificada. En ese texto se consignaron las inquietudes y cambios del ministro y de la SAC. Sin embargo, desde ese día, él no ha vuelto a contestar las llamadas ni los mensajes.

D.C.: ¿Qué ha pasado con los demás proyectos relacionados con la implementación del acuerdo? ¿Cuál es su panorama de cara a la próxima legislatura?

J.G.: El 35 por ciento de las normas necesarias para la implementación del acuerdo de paz aún están pendientes de trámite. El punto que más rezago tiene es justamente la Reforma Rural Integral, para la que faltan 21 leyes. El proyecto de especialidad agraria había sido el único proyecto de implementación presentado por el gobierno de Iván Duque.

Desde el Congreso hemos logrado sacar adelante la Ley de Transporte Escolar Rural y la de compras públicas a campesinos. En la próxima legislatura seguiremos impulsando el proyecto de servicio social en municipios PDET y presentaremos un proyecto de ley de salud rural.

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