María y Yorbis, los esposos víctimas de la violencia contra firmantes de paz

Este jueves fue asesinada, en el municipio de Buenos Aires (Cauca), la firmante de paz María Steffania Muñoz, quien había perdido a su esposo, también excombatiente, por culpa de la violencia que diferentes grupos armados emplean contra los exguerrilleros de las Farc.

Cuando el pasado 26 de julio se conoció la muerte de Yorbis Valencia Carabalí, sus compañeros aseguraron que él era el excombatiente número 279 asesinado tras la firma del acuerdo de paz. Casi tres meses después, su esposa se convirtió en la víctima 289 de estos ataques, según datos del partido Comunes.

María Steffania Muñoz, conocida como Yuri López, fue asesinada cerca de las ocho de la mañana por desconocidos, en la vereda Mazamorreros, del municipio caucano de Buenos Aires. Ella estaba en proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) La Elvira.

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Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la excombatiente murió junto a su sobrina, una menor de edad que también recibió varios disparos. Muñoz se convierte en la décima firmante de paz asesinada en los cinco años del acuerdo. Tan solo en 2021, 40 exguerrilleros hombres y mujeres han perdido la vida violentamente.

El hecho generó rechazo en varias organizaciones de derechos humanos y en los representantes del partido Comunes. “Rabia e indignación es lo que produce el asesinato de la compañera en el departamento del Cauca. Lo más sorprendente es que este gobierno ni siquiera sale a decir que va a ordenar una investigación, guarda un silencio cómplice”, dijo el senador Carlos Lozada.

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El esposo de Muñoz, Yorbis Valencia Carabalí, conocido como Anderson Guerrero, fue asesinado el pasado 25 de julio, en la zona urbana de Buenos Aires. María y Yorbis, después de dejar las armas, formaron parte de Ecomun, una cooperativa que promueve las iniciativas de economía social y solidaria de exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC.

“A Anderson lo mató el desinterés del Estado por consolidar La Paz, la arrogancia de un Gobierno que solo trabaja por los suyos. Eso es lo que nos mata todos los días”, dijo en su momento Ecomun.

La crisis en el Cauca

Cerca al ETCR La Elvira, ubicado en Buenos Aires, han sido asesinados varios excombatientes. En 2019 sicarios mataron a Manuel Santos Yatacué, un firmante de paz que se dedicaba a comercializar café. Otro de los casos es el de Arnoldo Medina, quien hizo su proceso de reincorporación en La Elvira y murió a manos de siete hombres armados, pocos días después de recibir amenazas y denunciarlas a la Fiscalía.

Algunas cifras apuntan a que de los 412 firmantes de paz que entraron a La Elvira en 2016, actualmente solo se mantienen 40 de ellos. Para la Defensoría del Pueblo, la violencia en esta zona es producto de la expansión de la Columna Móvil Jaime Martínez, una estructura de las disidencias de las Farc.

“Se han venido expandiendo y consolidando en municipios como Buenos Aires, pues representan áreas estratégicas para la captación de rentas ilegales por medio de las cuales se financian, ostentando un poder casi hegemónico que se contrarresta por acciones de resistencia propias de las guardias indígenas y cimarronas”, señala la Defensoría en la alerta 19 de 2020. 

En Buenos Aires y los municipios aledaños se configura una mezcla de grupos armados que se disputan los negocios del narcotráfico y la minería ilegal. El EPL, ELN, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Águilas Negras son algunos de los grupos que actúan bajo el modelo de pequeñas bandas.

Además de esto, la región ha sufrido un aumento exponencial de los cultivos de coca. “Dichas transformaciones han impactado negativamente, entre otras cosas, la seguridad alimentaria de la población, la vocación agrícola del territorio y las actividades de minería ancestral”, dice la Defensoría.

Sobre el abandono del ETCR La Elvira, las autoridades dicen que se produce por las constantes amenazas a los líderes de reincorporación, lo que mina la confianza de los firmantes de paz.

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¿Cómo proteger a los firmantes?

En julio de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al gobierno garantizar la seguridad de los reincorporados. El alto tribunal le exigió al Ministerio de Defensa trabajar en conjunto con la Fiscalía para llevar a cabo todas las investigaciones de asesinatos a firmantes de paz, que usualmente tienen una alta tasa de impunidad.

Por otra parte, pidió al Ministerio del Interior mejorar la respuesta institucional y el seguimiento a los indicadores de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. La JEP asegura que una de las fallas se encuentra en la falta de una dependencia o sistema al interior de la Defensoría del Pueblo que se encargue del tema.

En agosto de este año, la JEP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) habilitar 683 nuevas plazas en el programa de escoltas y contratar 40 analistas de riesgo. Según la Unidad de Investigación y Acusación, tan solo del 14 al 21 de abril de 2021 asesinaron un excombatiente cada 24 horas. Estas muertes tienen consecuencias estructurales como el desmonte de proyectos productivos comunitarios. 

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