Fue el Estado
El último jueves de febrero de 1989 hablamos por teléfono y acordamos que, cuando regresara de sus días de descanso en Barranquilla, iríamos a almorzar para hablar de los proyectos de la Unión Patriótica (UP).
No fijamos día ni lugar, pero era un hecho que nos veríamos, porque había mucho cuaderno para desatrasar. De hecho, habíamos establecido una buena relación fuente-periodista.
La UP había logrado buenos resultados locales y territoriales en las elecciones de 1988, que la consolidaron como la tercera fuerza política de Colombia. Ya, para entonces, le habían asesinado a su candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987, y a los senadores Pedro Nel Jiménez Obando, el 1 de septiembre de 1986; y a Pedro Luis Valencia Giraldo, el 14 de agosto de 1987.
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La UP era una fuente importante para los periodistas. Eran permanentes las masacres y las denuncias sobre violaciones de derechos humanos de sus militantes. Pero, además, era un partido naciente de oposición, surgido en 1985, de los acuerdos de paz con el gobierno del presidente Belisario Betancur.
En el Congreso, figuras como Bernardo Jaramillo tenían un nuevo discurso de izquierda. Eran firmes en sus denuncias contra el paramilitarismo, pese a las amenazas de muerte.
Hoy, décadas después de estos hechos paralelos a las bombas de Pablo Escobar y a las acciones violentas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el M-19, y los paramilitares, el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) por el exterminio de la UP. Agentes del Estado y paramilitares fueron, en gran medida, los responsables de los crímenes, como lo han mostrado las evidencias recogidas por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).
Los jueces de ese tribunal consideraron que el Estado fue responsable directo de más de 6.000 víctimas pertenecientes a ese partido, desde 1984, a lo largo de al menos 20 años. Según el Centro de Memoria Histórica, del total de las víctimas, 200 eran alcaldes, 418 concejales, 43 diputados, 26 eran congresistas y dos gobernadores.
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En sus partes concluyentes, la Corte IDH sostiene que se “pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la UP, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano; se manifestó a través de actos de distinta naturaleza, como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos; amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros”.
Adicionalmente, determinó que, “esos actos, constituyeron una forma de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes; y contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades”.
José Antequera, dirigente nacional de la UP, era una de las nuevas figuras del partido. Se destacaba, con Bernardo Jaramillo, asesinado el 22 de marzo de 1999.
Siempre se le veía alegre y optimista. Creía en la paz y había tomado distancia de la justificación de la combinación de todas las formas de lucha que, por años, hizo parte de la doctrina comunista.
Los dos eran contundentes en sus denuncias sobre alianzas de militares, paramilitares y políticos para exterminar su partido. Durante esos años, en el Capitolio, los debates políticos se encendían cuando Jaramillo alzaba la mano para señalar a algunos colegas de ser aliados del paramilitarismo en zonas rurales.
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La cita para el almuerzo en los primeros días de marzo era con Antequera. Pero no se dio. Tampoco llegó a su Barranquilla para precarnaval.
A las 2:40 del martes 3 de marzo lo asesinaron cinco hombres armados en el muelle nacional del aeropuerto El Dorado, antes de abordar rumbo a su tierra natal, mientras hablaba con el precandidato liberal Ernesto Samper.
Fue una noticia devastadora para el país.
En esa época, se volvió costumbre asesinar a los líderes de izquierda en los aeropuertos o en pleno vuelo (Antequera, Jaramillo, Pizarro).
Tenía 34 años, una esposa, dos hijos y una obsesión por la paz.
En el caso de José Antequera, la justicia colombiana no ha establecido responsables. La internacional, sí: el Estado.
7 Comentarios
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Contundente columna de un pasado que lastima. Felicitaciones.
Por su columna, me imagino que es usted periodista?
Gracias por ser la sola persona de este DIARIO que osa hablar de la UP después de la condena al estado colombiano por parte de la Corte IDH.
Hace bien usted en hablar del proceso que se estaba dando al interior de la UP; Efectivamente, quienes concibieron la idea de hacer un movimiento pacifico sabían de la necesaria transición de todas las formas de lucha à una forma de hacer política por la vía electoral. Ese era el objetivo que fue quebrado con la aniquilación de la UP, y que nos costaría la degradación total de la guerra, (Falsos positivos).
Yo como activista y estudiante de la UPTC dediqué mi tesis de grado en economía con la siguiente dedicatoria en 1993:
“A mis compañeros asesinados durante la guerra sucia vivida en Colombia a finales de los anos 80. Quienes sobrevivimos guardamos la memoria de esos ilustres hombres, su desaparición fue una mutación à la historia de este país, y guardamos también el testimonio para la posteridad de aquellos tormentosos anos vividos por la izquierda colombiana.
A Cesar, Juan Carlos y Antequera”
Terminare este comentario escribiendo que: 30 años después la Posteridad ha llegado.