Diego Molano mintió: parte de los recursos que Estados Unidos dará a Colombia sí están condicionados

Parte del dinero está condicionado a que Estados Unidos certifique que Colombia está haciendo justicia con los casos de abusos policiales cometidos en las marchas de 2020 y 2021.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó esta semana la Ley de Apropiaciones, en la que se aprobó una ayuda de 471,3 millones de dólares para Colombia. De ese dinero se destinarán 40 millones de dólares para apoyo a la fuerza pública.

Después de que se conoció la noticia, el ministro de Defensa, Diego Molano, escribió un tuit que decía: “Estos recursos ya no están condicionados porque nuestros uniformados cumplen estándares y respetan los DD. HH.”.

Molano borró este mensaje después de que Philip S. Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia, aclaró en La W Radio que “ciertos requisitos fueron quitados”, no todos, y que eso “no quiere decir que vamos a dirigir dinero al Esmad u otros organismos de la Policía”.

La verdad de los recursos de Estados Unidos

Diario Criterio revisó la ley firmada por Biden y encontró que, en efecto, Colombia sí debe cumplir varios requisitos.

Por ejemplo, el 20 por ciento de los recursos para la fuerza pública (8 millones de dólares) está condicionado a que el secretario de Estado certifique que a los militares colombianos sindicados de cometer “violaciones manifiestas” de derechos humanos se les está exigiendo responsabilidad en Colombia, “incluida su desvinculación del servicio activo si son declarados culpables a través de procedimientos penales, administrativos o disciplinarios”. 

El 5 por ciento (2 millones de dólares) será para la Policía y también está sujeto a otra certificación: “El secretario de Estado debe determinar que Colombia está haciendo justicia frente a los casos de abuso de la fuerza pública y a las actividades ilegales por parte de miembros de la Policía durante las movilizaciones de 2020 y 2021″. 

Así las cosas, lo que se eliminó del documento final fue la solicitud de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata) de prohibir la venta de armamento y de ayuda militar al Esmad que, a su parecer, fue directamente responsable de las violencias que se registraron en las protestas de abril de 2021. En septiembre, la Cámara de Estados Unidos aprobó la propuesta, que estaba incluida dentro de un paquete más grande que buscaba restringir fondos para Colombia. 

Cabe resaltar que desde la administración Biden se ha dicho que el escuadrón no recibe recursos estadounidenses para armamento o entrenamiento. 

Puede leer: Violencia policial en las protestas: muchos informes, poca justicia

Condicionamientos, derechos humanos y justicia

Aunque Estados Unidos condicionó parte de la ayuda para la Policía, quedan muchas preguntas sobre los requisitos exigidos. Primero, se le pide al Gobierno colombiano que demuestre que los procesos contra los uniformados están avanzando, asunto que debe ser revisado con pinzas. Tanto la Fiscalía General como el Ministerio de Defensa han resaltado que adelantan más de 180 investigaciones contra los miembros de la fuerza pública, pero no han dado cuentas de cuántos en total han sido judicializados. 

La Procuraduría, por su parte, tiene registro de 299 casos de abuso policial. En los datos suministrados a Diario Criterio, la entidad aseguró que 172 están en proceso de investigación, de los cuales 98 se encuentran en estudio preliminar, 69 en indagación preliminar y 5 en investigación disciplinaria. Los 127 restantes estarían sin mayores avances.  

Ahora bien, las investigaciones siguen siendo pocas si se comparan con los casos reportados por las diferentes organizaciones de derechos humanos. Durante el paro de 2021, Temblores registró 5.848 casos de violencia policial, de los que 80 “corresponden a violencia homicida”, 47 a violencia sexual y 1.991 a violencia física.

Para el caso de la vulneración a los derechos humanos la situación es similar. En mayo de 2021, el director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas, afirmó que los miembros de la institución serían capacitados y certificados en dicha materia. De hecho, en febrero de este año, Estados Unidos aportó 8 millones de dólares para la “transformación policial”, que incluía precisamente ​​el “mejoramiento del componente de derechos humanos”. 

La teniente coronel Mary Luz Pinzón Benavides, jefe de Derechos Humanos de la Policía Nacional, dijo a Diario Criterio que desde la unidad de ‘Derechos Humanos’ de la organización se están desplegando “diferentes gestiones tendientes a fortalecer las capacidades del personal adscrito a Derechos Humanos, quienes con base a esta formación, contribuyen en la sensibilización de los funcionarios de las unidades policiales referidos a la protección y respeto de los Derechos Humanos, uso legítimo, necesario y proporcional de la fuerza, procedimientos policiales y atención al ciudadano”. 

La situación parece no cambiar. Por ejemplo, en junio de 2021 en Popayán, un patrullero del Esmad golpeó en la cara a un defensor de derechos humanos en una jornada de marchas y el pasado 8 de marzo, durante la conmemoración del Día de la Mujer en Medellín, varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron que miembros del Esmad intimidaron a las estudiantes del colegio Cefa que se manifestaban pacíficamente contra los casos de abuso sexual en la institución.

Puede leer: La propuesta de cambiar el Esmad por una unidad de diálogo policial

Desmantelamiento y fuero militar

Una de las peticiones de varios ciudadanos e incluso de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es que la Policía sea retirada del Ministerio de Defensa para que los agentes sean investigados y sancionados por la justicia ordinaria –en la Constitución y el Código Penal aparecen como un ente civil– y no por la justicia militar.

En varios países, por el contrario, la Policía depende del Ministerio de Justicia o de Gobierno, lo que marca una diferencia sustancial en la forma en la que son juzgados. 

En Colombia esto parece muy improbable. El presidente Iván Duque ha reafirmado que la Policía no será removida de Defensa. Y es que la Policía, al igual que los militares, ha sido utilizada para todo tipo de labores, a tal punto que sus funciones se han entremezclado. 

Para acabar con el abuso se ha propuesto desmantelar el Esmad. Para algunos analistas, esta opción no es viable, si se parte de que se necesita una fuerza para reaccionar de forma controlada en las protestas y frenar los hechos violentos que se presenten. Varios países del mundo cuentan precisamente con policías antidisturbios para estas labores. 

El problema es que, en el país, durante años los agentes del Esmad han estado en el ojo del huracán en diversos momentos por infracciones disciplinarias, entre las que se incluyen precisamente el abuso del uso de la fuerza y el irrespeto por los derechos humanos. 

También se ha hablado de una reforma policial. No obstante, para muchos, este proyecto parece más un cambio de imagen que una transformación estructural. Todavía no se han dado cambios significativos en esta materia. Así las cosas, habrá que esperar qué sucede en los próximos meses y qué decisiones toma el próximo gobierno.

Recomendado: Venom: la poderosa arma del Esmad para disolver protestas