Martha Sepúlveda y las trabas para acceder a la eutanasia en Colombia

Pese a dos sentencias de la Corte Constitucional y a una resolución del Ministerio de Salud, acceder a la eutanasia es una difícil tarea.

Por lo menos así quedó en evidencia en los últimos meses con el sonado caso de Yolanda Chaparro, quien tuvo que superar todo tipo de barreras para que se le permitiera la eutanasia, y con ella, el dolor que estaba padeciendo, junto a su familia. Sufrimiento que se debe a la negligencia del Congreso.

De hecho, la propia Corte Constitucional, de nuevo, decidió escoger la tutela que esta mujer había puesto para acceder a la muerte digna, seguramente con el fin de revisar lo ocurrido con sus preceptos y fijar nuevas posiciones. Esto, porque es evidente que si bien desde 1997 en Colombia es legal la eutanasia, el Congreso de la República no ha querido o podido expedir una ley que precise y detalle este procedimiento.

Y ahora el caso de Martha Sepúlveda, que padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), vuelve a encender el debate sobre la eutanasia. Sepúlveda estaba a punto de acceder a su derecho, pero el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) lo canceló de forma repentina, 36 horas antes, con el argumento de que ella no cumplía el requisito de ser paciente terminal. Esto pese a que el propio Incodol ya había autorizado el procedimiento.

Además, la propia Corte Constitucional, hace más de dos meses, ya había ampliado el derecho a la eutanasia a las personas que tienen una enfermedad grave e incurable pero que no están en la etapa terminal.

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El papel de la Corte Constitucional

En 1997, la sentencia C-239 de la Corte Constitucional (cuyo ponente fue Carlos Gaviria) garantizó el derecho a morir dignamente. En el texto, los magistrados le hacían un llamado al Congreso para que legislara sobre el tema. Sin embargo, conceptuaron que, si una persona con una enfermedad terminal manifestaba la voluntad de provocar su muerte, debería practicársele la eutanasia.

El mandato constitucional no se cumplió. Los defensores del derecho a morir dignamente han batallado para que las IPS, EPS y otras instituciones eliminen las trabas para que las personas que opten por este camino, lo puedan hacer. Y muchas con enfermedades terminales se han visto envueltas en largos e intrincados procesos burocráticos para garantizar su derecho. Incluso, han muerto en medio de insufribles dolores, antes de que se les permitiera el procedimiento.  

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A raíz del caso de una mujer con cáncer de colon que su EPS negó practicarle la eutanasia, la Corte Constitucional expidió la sentencia T-970, en 2014. Como en la ordenanza anterior, los magistrados ratificaron el derecho a morir dignamente. También afirmaron que la ausencia de regulación por parte del Congreso ha impedido a cientos, miles de colombianos a gozar de esa garantía constitucional. Por eso, le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social establecer un protocolo para practicar la eutanasia y al Congreso legislar sobre el tema.

El ejecutivo responde

Cuatro meses después de emitida la sentencia T-970, en abril de 2015, el Ministerio de Salud expidió el “Protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia. El documento además de establecer qué es un enfermo terminal, fijó las recomendaciones sobre quiénes, cómo y en qué circunstancias era factible adelantar una muerte asistida.

La resolución del ministerio, liderada por Alejandro Gaviria como encargado de esa cartera, significó un avance en el tema. Pero también mostró que todavía había muchas trabas por eliminar, sin contar los prejuicios religiosos, ideológicos, morales o culturales por parte de funcionarios o personas involucradas en este proceso.

Dos meses después de expedido el protocolo, el caricaturista Matador comenzó una batalla legal y mediática para que su padre pudiera recurrir a la muerte digna. En el episodio se enfrentó al procurador ultraconservador Alejandro Ordóñez. Finalmente, a don Ovidio González se le pudo practicar el procedimiento.

Pese a las dificultades, las sentencias de la Corte y la resolución del ministerio han logrado que algunos enfermos terminales accedan a la eutanasia. De acuerdo con la cartera de Salud, desde la expedición del protocolo hasta marzo de este año, se han llevado a cabo 123 procedimientos. Llama la atención que tan solo 12 sean de enfermedades no oncológicas. Eso significa que la muerte asistida está dirigido más a personas con cáncer que a las que padecen otro tipo de padecimientos terminales como esclerosis lateral amiotrófica.

Fuente: MinSalud.

La negligencia del Congreso con la eutanasia

Las dos sentencias de la corte han reiterado que el Congreso debe legislar sobre el tema. Sin embargo, no ha sido posible. Desde 1997 se han presentado 14 proyectos de ley, 12 se han hundido y dos, presentados en la última legislatura, ni siquiera fueron discutidos. Recientemente, en abril, el proyecto del representante liberal Fernando Reyes Kuri se hundió en segundo debate. El articulado obtuvo 82 votos a favor y 60 en contra, pero como era una ley estatutaria, necesitaba mayoría absoluta, es decir, 85 votos.

¿Por qué el Congreso ha sido reacio a legislar sobre la muerte asistida? Por supuesto que una de las razones son las posiciones ideológicas y conservadoras de una cantidad no despreciable de congresistas.

Yo creo que el proyecto no ha pasado en el Congreso porque hay unos parlamentarios muy conservadores y religiosos que no están dispuestos a abrir la mente y aceptar que este es un país diverso. En mis debates he sido muy enfático en respetar esa posición, pero he dicho que no puede haber una visión única excluyente. Lo que hacía el proyecto que se cayó, era permitir que los que creyeran en la eutanasia lo pudieran hacer. Acá nosotros no estamos obligando a nadie a practicar la eutanasia. Cada cual, de acuerdo con sus creencias, puede hacerlo o no. Pero los que se oponen si nos están obligando a hacer lo que su visión les indica”, dijo Reyes Kuri a Diario Criterio.

José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, cree que el Congreso no ha legislado porque no ha comprendido la realidad. “Aquí los congresistas no han entendido que la eutanasia es legal y que a nosotros nos compete darle un marco regulatorio, definir quién debe hacerla, cómo se aplica la objeción de conciencia… Acá ya no estamos debatiendo la legalidad de ese derecho tutelado por la Corte”, dice.

Pese a que el proyecto se cayó, ambos representantes son optimistas y creen que el derecho a morir dignamente ha ganado terreno. “Antes de que se cayera el proyecto de Reyes Kuri se había presentado uno y en ese momento perdimos por 14 votos, en esta ocasión solo nos faltaron 3. Entonces yo creo que hay que ser optimistas para el futuro”, afirma López.

La Corte vuelve y juega

La Corte Constitucional seleccionó el caso de Yolanda Chaparro para estudio. Se espera que la alta magistratura elimine la barrera de deterioro extremo de la salud para solicitar la eutanasia. Posiblemente esa sea la vía que escojan los magistrados. Sin embargo, aun así la futura sentencia y la que se emitió hace dos meses no eliminan la necesidad de que el Congreso legisle sobre el tema.

Kuri explica que es loable que la Corte Constitucional amplíe los derechos de los ciudadanos, no solo con la eutanasia, sino con otros más. Pero ve un serio problema para la institucionalidad del país que no sea el Congreso el que legisle sobre estos temas.

Además, el representante Kuri afirma que “es necesario legislar porque, aunque la eutanasia es legal, hay inseguridad jurídica y un limbo jurídico que permite poner trabas a las personas que solicitan el procedimiento”.

Nota: este artículo fue actualizado el 11 de octubre de 2021.

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