Eutanasia: que el Congreso legisle (después de 25 años) y evite el sufrimiento de miles de colombianos

El domingo pasado, mientras almorzaba, me tragué una espina de pescado que me chuzó en la garganta. Pensé en la muerte. Llegaron mis recuerdos de niño cuando mi mamá me aterraba ante el peligro de “ahogarme con un espina”. Luego, llamé a un amigo cirujano para pedir recomendaciones y saber los posibles desenlaces de una perforación esofágica… Sentí miedo y mi atención abandonó el presente, el aquí y ahora, en el almuerzo, para cabalgar por escenarios posibles.

Y pensé en Martha Liria Sepúlveda, la mujer de 51 años, – 3 años menor que yo -, que se siente atrapada en un cuerpo enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y solicitó se le practicara la eutanasia. Y pensé en la libertad de elegir sobre la muerte asistida frente al tener que vivir una vida asistida por la incapacidad de valerse por uno mismo. Y pensé en Albert, un amigo suizo que me encontré alguna vez en el aeropuerto de Bogotá. Se veía increíblemente cansado. Le pregunté: “Albert, ¿qué te pasó?, ¿por qué te ves agotado?”

Ah si, es que vengo de Europa, mi mamá murió!

“Oye, cuanto lo siento, lo lamento muchísimo”, fue lo único que atiné a decirle

No, no te preocupes, esta perfecto, está muy bien.

¿Cómo así?, cuéntame… le pregunté aterrado

Lea también: La larga  batalla de Jaime por morir dignamente

Me contó la siguiente historia: “Mi madre estaba muy anciana, se sentía cansada y vivía sola en Suiza. Hace 3 años pidió ser evaluada por el servicio de salud para la muerte asistida. La respuesta que recibió es que aún “no estaba lista”, es decir, no era candidata. Hace poco volvió a solicitarlo, fue evaluada y accedieron a programar el procedimiento. Me llamó y me dijo: ‘Albert, quiero que vengas, en 15 días voy a irme de este mundo’. Estuve con ella los últimos 15 días paseando en carro y conversando; comiendo y contando historias.

“Faltando un par de días para la fecha programada, regresamos a su casa para que pudiera despedirse de sus amigas, vecinas y hacer los arreglos finales. Repartió sus plantas y sus objetos más preciados entre las personas más cercanas. A las 3:00 de la tarde, el día señalado, llegó el servicio, tal como estaba planeado. Mi mamá me pidió que yo no estuviera, ella quería que la acompañaran sus amigas. Nos despedimos, yo me fui a darle una vuelta a la manzana; y a mi regreso, se había ido en paz. Yo me sentí tranquilo y feliz de haberla acompañado en su voluntad”.

Esa conversación me marcó la vida, y pronto comencé a intentar entender un poco más sobre la vida, la muerte, la dignidad, la vejez y el sufrimiento; sobre eutanasia.

Colombia, a la vanguardia mundial

La eutanasia en Colombia no es algo nuevo, es un país que lleva décadas puliendo sus posturas ante la muerte asistida. Colombia es el único país de América Latina y uno de los 7 lugares en el mundo donde la eutanasia es legal: Países Bajos (Holanda), Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España; y en Australia, lo es en los estados de Victoria y Western Australia. En otros países, como Suiza y algunos estados de Estados Unidos, hay legislaciones vigentes sobre suicidio asistido.

En nuestro país se dio origen a la práctica de la eutanasia mediante la Sentencia C-239 de 1997 de la Corte Constitucional (CC) que, desde sus inicios con la constitución de 1991, ha jugado un papel fundamental en la transformación, no solo jurídica, sino política, ética y cultural del país, garantizando derechos fundamentales y sentando jurisprudencia sobre diferentes temas, muchos de ellos controversiales y difíciles.

Paradójicamente Colombia llegó a la eutanasia casi por azar; pues la sentencia mencionada fue emitida como respuesta a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un ciudadano contra el artículo 326 del decreto 100 de 1980 del Código Penal, para quien este artículo constituía un permiso para matar, ya que la pena establecida, en comparación con otro tipo de homicidios, era muy inferior.  El ciudadano en su demanda argumentaba que no toda persona enferma quería acabar con su vida; y que por lo tanto aceptar la muerte por piedad sería considerar que Colombia era un Estado totalitario y fascista.

¿Qué dice el artículo 326 del decreto 100 del Código Penal de 1980? El artículo reza así: “Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años.” (En este orden de ideas, podríamos argumentar inclusive que Colombia ha venido tratando con la eutanasia, considerándola un homicidio piadoso consentido desde hace más de cuatro décadas.)

Recomendado: Adiós a Luisa, golondrina de la eutanasia en Colombia

El magistrado Carlos Gaviria Díaz, en una lúcida ponencia, escuchó los argumentos de múltiples actores; Defensor del Pueblo, Ministro de Justicia, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación. Luego de deliberar, el 20 de mayo de 1997 la Corte sorprendió al país. En una votación con amplia mayoría (6-3), no solo declaró exequible el artículo demandado del Código Penal, sino que también eximió a los médicos de cualquier sanción en caso de cometer un homicidio por piedad, siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos establecidos por la propia Corte. Primero, que el sujeto del procedimiento sea un enfermo terminal; segundo, que esté bajo un intenso sufrimiento o dolor; tercero, que el sujeto haya solicitado, libre y en pleno uso de sus facultades mentales, realizar el trámite; y, cuarto, que dicho procedimiento sea realizado por un profesional calificado, es decir, un médico.

El impulso duró poco; en la Sentencia C-239 de 1997 la Corte exhortó al Congreso para que regulara el tema de la muerte digna”. La sentencia pareció dormir la muerte de los justos, y nada sucedió, y la eutanasia permaneció entonces en un peligroso limbo jurídico al estar despenalizada por la Corte, pero sin un marco legal adecuado que la regulara. Esto hizo que las instituciones de salud no supieran si debían proveer este servicio y cómo hacerlo. La eutanasia quedó en manos de médicos e instituciones que, a su buen juicio, decidían cómo hacerlo, asumiendo serios riesgos tanto para ellos como para sus pacientes.

En 2014, como respuesta a una tutela interpuesta por una paciente terminal con cáncer de colon para exigir a su EPS la eutanasia que le había sido negada alegando falta de regulación, la Corte, mediante la Sentencia T-970 del 15 de diciembre de 2014, le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) que, en un plazo de 30 días dispusiera una guía para que tanto proveedores de servicios de salud como pacientes supieran cómo proceder con relación con la eutanasia.

En esta decisión, la Corte reafirmó que el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental en Colombia. Aunque la paciente murió sin recibir la eutanasia, su acción sirvió para despertar el interés necesario para lograr la regulación que ha servido de marco en Colombia; y que hace de nuestro país un referente mundial al concebir el derecho a la muerte digna como un derecho fundamental.

Obedeciendo este mandato, y conformando un equipo interdisciplinario reunido ad-hoc y ad-honorem, el Ministerio estableció los lineamientos de la Resolución 1216 del 20 de abril de 2015. Allí estableció que una de las condiciones sine qua non para realizar la eutanasia es que el paciente estuviera en fase terminal; definido como aquel paciente con una enfermedad medicamente comprobada avanzada, progresiva, incontrolable que se caracteriza por la ausencia de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico-psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo pronóstico de vida es inferior a 6 meses.

Más de Gabriel Mesa Nicholls: El difícil arte de conquistarnos a nosotros mismos, para conquistar el mundo

Según datos del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), desde 2015 hasta el 15 de marzo de 2021 se han realizado 123 procedimientos de eutanasia en toda Colombia. Digamos que en el país ya habíamos superado la curva de aprendizaje para la aplicación de la eutanasia de acuerdo al “Protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia” expedido por Minsalud en el 2015; hasta que la Corte Constitucional volvió a pronunciarse mediante un comunicado de prensa el 22 de julio del 2021 a raíz de una nueva demanda a la exequibilidad al artículo 106 – Homicidio por piedad – de la ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal.

El alto tribunal consideró que frente al derecho a morir dignamente, que: …“(i) existen barreras para su ejercicio que resultan irrazonables y desproporcionadas, entre las que se destaca la inexistencia de una regulación integral con jerarquía legal; (ii) a pesar de que en el Congreso se ha iniciado el trámite de distintos proyectos con esta finalidad, ninguno ha sido aprobado, lo que comporta un vacío normativo que, a su vez, se traduce en una desprotección inadmisible desde el punto de vista constitucional, en torno al derecho a morir dignamente. En ese marco, (iii) mantener la restricción de enfermedad en fase terminal para acceder a los servicios de salud asociados a la muerte (conocidos como eutanasia) termina por agravar, de facto, las citadas barreras.”

En otras palabras, la Corte dijo  que ya no se requiere tener un pronóstico de vida igual o inferior a los seis meses para solicitar la eutanasia; y concluyó que, en el marco del respeto por la dignidad humana, no puede obligarse a una persona a seguir viviendo, cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos, y ha adoptado la decisión autónoma de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna.

Eutanasia, es la hora de tomar decisiones como sociedad

Y entonces, ¿Qué ha pasado con la señora Martha Liria Sepúlveda? Acá un breve resumen:

La Sra. Sepúlveda solicitó la eutanasia porque considera que su enfermedad le imposibilita tener una vida digna.

Su EPS solicita a su red de prestación que evaluara el caso. Incodol hizo un comité de expertos que dictaminó  que la paciente cumplía con los criterios vigentes para acceder a la eutanasia: Aquellos establecidos por la sentencia C-239 de 1997 y el Protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia del Minsalud.

Tras un video publicado en medios y redes sociales, en el que la señora Sepúlveda habló sobre su decisión y haciendo actividades que parecen no concordar con lo descrito en la evaluación. El Ministerio le hizo saber a Incodol que, al parecer, la paciente no cumple los requisitos vigentes (incluyendo la terminalidad de la enfermedad); y le recordó que ellos harán una revisión exhaustiva de cada caso; y sugiere volver a revisar.

Martha Liria Sepúlveda y la eutanasia
Martha Liria Sepúlveda

Incodol hizo un nuevo comité, que efectivamente encontró que la paciente no cumplía con el criterio de ser una enferma terminal; razón por la cual encontró que, de proseguir, pondría en un riesgo inminente la seguridad jurídica de sus profesionales de la salud. Por esta razón solicitó suspender el procedimiento, hasta tener claridad del nuevo limbo jurídico.

Los medios de comunicación y la opinión pública arremetieron contra Incodol, acusándolo injustamente de ser insensible ante el dolor ajeno; sin saber que Incodol silenciosamente es la institución que ha practicado el mayor número de eutanasias en Colombia (una tercera parte de ellas). Es por esto por lo que Incodol ha actuado sobre la necesidad de capacitar, desarrollar, acompañar y, sobre todo, de respaldar a todos y cada uno de sus profesionales médicos, para prepararlos para servir de manera compasiva a los pacientes y sus familias que solicitan y cumplen con las condiciones estipuladas por la normatividad colombiana para la eutanasia.

La Sra. Sepúlveda interpuso una tutela, donde las partes respondieron; y finalmente el Juzgado 20 Civil de Circuito de Medellín ordena a Incodol que, en 48 horas, acuerde con la señora Martha Liria Sepúlveda, el día y la hora en que habrá de llevarse a cabo el procedimiento, siempre y cuando ésta mantenga su voluntad de practicarlo.

Le puede interesar: ¿Habrá un cuarto pico en la pandemia en Colombia? Dónde estamos y qué nos espera

Incodol, con la orden del juez, tiene la tranquilidad jurídica y renuncia a su derecho a impugnar la tutela. Esto con el fin de evitar más sufrimiento para la paciente y su familia.

Incodol se comunicó con la paciente, quien envió un comunicado en el que especificó que aún se había fijado el día y la hora para el procedimiento.

Hoy, afortunadamente, la Sra. Sepúlveda tiene el poder de decidir la fecha y la hora para poder acceder al derecho fundamental de la muerte digna.

En conclusión, Colombia es uno de los pocos lugares del mundo donde el derecho a morir dignamente es considerado y respetado como un derecho fundamental. Este derecho se ha construido colectivamente a partir de historias individuales de dolor y sufrimiento que han generado reflexiones profundas y evolución colectiva.

La historia de Martha Liria no es la excepción; su dolor y sufrimiento han de servirnos para impulsar las acciones restantes. La Corte Constitucional ha hecho su trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social ha avanzado; pero aún Colombia carece, paradójicamente, de un marco legal formal para la aplicación de la eutanasia. Esto, a pesar de que el 72,5 por ciento de las personas en Colombia están a favor de este. El Congreso de la República debe legislar de manera urgente.

Puede leer: Regular la marihuana, la eutanasia y otros proyectos para el último año del Congreso

1 Comentarios

Deja un comentario

Diario Criterio