Colombia se raja en las recomendaciones de la ONU sobre DD. HH: impunidad llega a 95 %

Por: Aída Palau

El 7 de noviembre, Colombia se somete al Examen Periódico Universal (EPU) para evaluar si se han aplicado o no las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas en el control anterior de 2018 por la ONU. El balance es bastante sombrío, según el análisis de la abogada de incidencia internacional de la Comisión Colombiana de Juristas Camila Zuluaga, quien afirma que “hay funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que, en algunos casos, persiguen y hostigan a los defensores”.

“Colombia es uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos; la falta de investigación da lugar a que las cifras altas en materia de impunidad de estos crímenes continúen, las instituciones creadas por el acuerdo de paz de 2016, como es la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que están dirigidas a investigar estos crímenes, no están operando con la rapidez y la eficacia que se espera”, se lamenta Camila Zuluaga, quien se ha reunido en Francia con personalidades del Gobierno del presidente Macron y de la Asamblea y el Senado para dar cuenta de la evaluación de estos cinco años sobre el Examen Periódico Universal.

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Se trata de un mecanismo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) usa para que entre los Estados miembros de Naciones Unidas se revise la situación de derechos humanos de un país. Este examen se hace cada cinco años y en él se hace un balance de lo que el país en cuestión ha cumplido o no.

Según las cifras recogidas para examinar a Colombia, entre 2018 y marzo de 2023, 716 defensores de DD. HH. han sido asesinados y 216 agredidos. La mayoría de estas agresiones y de estos asesinatos, el 95 % quedan impunes. Y es que, a pesar de los acuerdos de paz, aún hay grupos armados en Colombia: disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), guerrillas activas y un abanico de grupos criminales ligados al narcotráfico. 

Corrupción en la Unidad Nacional de Protección  

Es más, según Zuluaga, los encargados de proteger a los defensores de DD. HH. se convierten en sus agresores. No es un fenómeno mayoritario, pero existe. “Hay funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, en algunos casos, persiguen y hostigan a los defensores“, denuncia la jurista quien afirma que la estructura tiene muchas otras fallas.

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“Se otorgan medidas de protección que no corresponden a las necesidades de la población. Se entregan chalecos antibalas o carros blindados o un escolta y no atienden, por ejemplo, a medidas diferenciadas de género en caso de mujeres defensoras, en caso de territorios, digamos que sean mucho más rurales, medidas que no sean únicamente físicas“, añade. 

Más de treinta mil víctimas de violencia de género en 2021

Otras cifras van en aumento, según las que recoge el Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Médico Legales de Colombia: 30.436 mujeres fueron víctimas de violencia machista en 2021, casi 4.000 más que el año anterior. 

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“El confinamiento y la pandemia por el Covid-19 hizo que las mujeres permanecieran las 24 horas con sus agresores. Y la respuesta misma de las instituciones ante las denuncias ha sido insuficiente. Entre 2018 y 2022 registramos más de 3.000 feminicidios en Colombia. Esto muestra lo alarmante de la situación en esta materia“, explica Camila Zuluaga.  

Más de 7.000 sentencias para restitución de tierras

“La reforma rural integral como la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2021 ha estado en un periodo más bien prolongado, con pocos resultados. Nosotros hemos documentado más de 7.000 sentencias que han restituido cerca de 183.000 hectáreas. Sin embargo, la cifra global de las hectáreas despojadas en Colombia es de seis millones, es decir, el porcentaje de restitución es muy bajo“, lamenta la jurista.

Para Zuluaga, hay muchas barreras que impiden a las víctimas satisfacer su derecho a la reparación de forma rápida, se trata de barreras tanto administrativas, judiciales como de recursos. “Hay una congestión judicial que hace también que sentencias de reparación como son de restitución de tierras se demore“, explica, en Escala en París.  

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En el marco del proceso de paz, el informe destaca que la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, ha abierto diez macrocasos, pero en ellos no se está juzgando a los máximos responsables, según la evaluación, sino a los mandos medios.

“Se aproximan las nuevas sentencias o las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y los mayores responsables, los principales responsables de los graves crímenes cometidos a la población civil, no están siendo procesados“, afirma con preocupación la jurista.  

Reclutamientos de menores no cesan

Las violaciones a los derechos humanos también se cometen entre los más pequeños. El informe documenta 290 violaciones a los derechos de niños y niñas en el marco del conflicto armado. “130 niños y niñas han sido reclutados de manera forzosa. También hemos documentado cerca de 23 casos de secuestro y de otras formas de violencia sexual“, precisa Camila Zuluaga.

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Los agresores no solo son los grupos armados: la jurista apunta a la responsabilidad de la Fuerza Pública. “De 2018 a 2022 se han cometido actos en contra de población donde se encuentran niños, bombardeos a campamentos o bombardeos a comunidades donde permanecen o habitan en niños. Entonces ellos tampoco han sido ajenos a la situación de conflicto en el país“, agrega. 

Camila Zuluaga le da a Colombia un tres de nota en una escala de diez en materia de derechos humanos y se muestra dubitativa sobre la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro. 

“Apreciamos estas iniciativas de conversación y de negociación y sometimiento a la Justicia, pero nos quedan varias dudas de cómo se va a poner en marcha. No hay voluntad ni recursos para implementar el acuerdo de paz del 2016 firmado con las Farc. (…) ¿Qué va a pasar con los mecanismos de justicia transicional que hay en este momento? ¿Cómo va a operar estas nuevas negociaciones para que se trabaje en paralelo con este sistema de justicia?“, como Justicia y Paz, se pregunta la experta.

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El Estado objeto del examen, sin embargo, decide si acata las recomendaciones emitidas durante el examen y cuáles ejecutará: “Su cumplimiento es de carácter voluntario (…) y es tarea, durante los siguientes cinco años, implementarlas y vigilar también el estado de cumplimiento“.

Camila Zuluaga es, además, vocera de las plataformas colombianas de derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que junto con más de 500 organizaciones han presentado el informe en el marco del EPU con el apoyo de la red Francia Colombia Solidaridades, miembro de Vamos por la Paz y de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción: Colombia.

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