Extinción de dominio: la polémica propuesta del fiscal Barbosa

“La Fiscalía General de la Nación procederá con los vehículos que estén obstruyendo las vías públicas y que puedan afectar derechos de la ciudadanía, a ejercer la extinción de dominio“, afirmó Francisco Barbosa en referencia a las manifestaciones del paro nacional, durante una entrevista con revista Semana.

Según el fiscal, un grupo especializado de esta entidad trabaja en identificar las placas y los conductores de los vehículos porque al violar las vías de acceso generan “pánico económico”.

Y agregó: “No es normal que obstruyan de forma lógica y ordenada los diferentes puntos de la ciudad, que ataquen los peajes, que ataquen las estaciones de gasolina. Con las formulaciones de imputación y medidas de aseguramiento sabemos que detrás están los Gaos (grupos armados organizados) y el ELN”.

Las críticas a la propuesta no se hicieron esperar. “Las amenazantes declaraciones del fiscal Barbosa le echan gasolina al fuego. Su irresponsabilidad es del tamaño de su vanidad”, dijo el senador Iván Cepeda.

Asimismo, el abogado penalista Elmer José Montaña dijo que el fiscal no sabe que “la extinción deben declararla mediante sentencia judicial, los jueces competentes”.

Mientras tanto, los transportadores le reclamaron a Barbosa que ellos no son criminales.

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En conversación con DiarioCriterio, Cesar Raúl Guzmán, abogado penalista y docente universitario, señaló que la extinción de dominio está regulada en la Ley 793 de 2002 (ley de extinción de dominio), modificada por la 1708 de 2014 y luego por la 1849 de 2017.

“Para proceder a la extinción de dominio, -explicó Guzmán- no tiene que haberse comprobado la responsabilidad penal; pero para hacerlo, las causales tienen que sustentar que los bienes provengan de una actividad ilícita o pretendan ocultar una actividad ilícita. Por ejemplo, un vehículo dedicado al tráfico de estupefacientes podría ser objeto de extinción de dominio”.

La extinción de dominio, como argumenta Guzmán, procede sobre bienes obtenidos de forma ilícita o usados para ocultar el producto de un ilícito en lavado de activos. Sin embargo, una de las causales establecida en la Ley 793 incluye los bienes que utilicen “para menoscabar la moral social”.

“Dentro de estos está que se impida la consecución de los fines del Estado. En principio, el fiscal tendría razón en extinguir los camiones de quienes están bloqueando, por ejemplo, el transporte de alimentos, combustible; pero como hay un derecho fundamental, el derecho a la protesta, protegido por la Constitución, este debe estar por encima de la ley de extinción de dominio”, sostiene el abogado.

Si bien la Fiscalía podría iniciar el proceso, quienes bloquean tienen un derecho que prima: el derecho a manifestarse pacíficamente.

En esto coincide con la abogada Mireya Camacho, quien asevera que la extinción de dominio solo la pueden decretar los jueces de extinción de dominio, después de surtir un proceso que es diferente al proceso penal.

El fiscal puede decretar medidas cautelares, embargo o tomar posesión, pero la extinción solo la puede decretar el juez”, expresó.

En un comunicado, la Unión Colombiana de Transportadores anunció que, contrario a las afirmaciones del fiscal Barbosa de que están generando pánico económico, fue la reforma del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla la que propició este escenario.

El gremio le pidió al fiscal “cumplir su obligación constitucional” y demostrar su “independencia e imparcialidad”. Además, denunciaron que las medidas económicas están llevando al sector a la ruina.

“No somos delincuentes y no admitimos que nos trate de delincuentes”, manifiestan los transportadores.

Jorge Diego Salazar, secretario general Fundación Camioneros de Colombia, afirma que tras escuchar los conceptos de varios abogados penalistas están tranquilos:

“Sabemos que no estamos haciendo nada ilegal, solo estamos marchando, una legítima protesta, no tenemos ningún ilícito, no estamos transportando droga. Creemos que lo que hizo el fiscal alborotó más los ánimos, sus declaraciones son amenazas contra todo el pueblo colombiano”.

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Giuliana Forero, lideresa social y defensora de derechos humanos, denuncia que la figura de extinción de dominio ha sido usada por el Gobierno para “afectar a los campesinos y agricultores”.

De acuerdo con la lideresa, no confían en la Fiscalía ni en sus funcionarios, y tampoco se sienten representados. Además, dice que siguen preocupados por la reforma tributaria, que si bien fue retirada, se seguirá discutiendo. Los transportadores también protestan por el costo de la gasolina y de los peajes.

Plinio Hernández, líder campesino, asegura que este gremio también está inconforme con las declaraciones del fiscal, pues sienten que están ignorando la problemática, tratando a la población con soberbia y “atacando su derecho a la legítima protesta”.

Esta no es la primera polémica de Barbosa. Es válido recordar que un tiempo antes el mismo Barbosa ordenó una indagación penal contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien fue vista haciendo mercado con su esposa, la senadora Angélica Lozano, en medio de la cuarentena.

Esta medida también se tildó de desproporcionada, pues había lugar a una sanción disciplinaria, pero no a un proceso penal. En ese momento, Barbosa dijo: “aquí nadie está por encima de la ley”.

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