¿Especies en vías de extinción?

César TorresCésar Torres

La coalición de partidos y sectores sociales que hoy gobierna a Colombia deberá cumplir, entre otros, cuatro grandes objetivos en 2023.

El primero, tramitar y obtener la aprobación, en el Congreso, del Plan Nacional de Desarrollo y de las tres reformas que hoy se debaten: la de la salud, la laboral y la pensional; el segundo, consolidar la política de transición/transformación energética y avanzar en su implementación; el tercero, producir hechos concretos en la construcción de paz y, cuarto, eliminar los principales focos de corrupción, los que concentran los robos de parte importante de los recursos públicos.

Para lograr que se cumplan esos objetivos, se requiere que el equipo de Gobierno, tan multipartidista y plural, elabore y gestione los proyectos de ley relacionados con las tres reformas ya mencionadas; que, al tiempo, tome y ejecute decisiones que transformen la situación minero-energética del país, avance en la construcción de paz y dé pasos efectivos en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, no basta con que el poder ejecutivo haga su tarea. Para alcanzar los objetivos, también se necesita tener las mayorías parlamentarias que aprueben los proyectos que se pongan a su consideración.

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Esto pone al Gobierno nacional en un brete muy claro y muy difícil de superar: ni todas las personas que integran el gabinete están convencidas de la necesidad, modo y urgencia de hacer las tareas que les corresponden para cumplir los objetivos propuestos, ni todas las que hoy lo apoyan en el Congreso han sido ajenas a partidos y gobiernos que se han opuesto al cambio. 

Con el propósito de superar esa dificultad, se está construyendo un equipo de gobierno en el que, pese a que hay divergencias y hasta encontronazos, se va encontrando la manera de trabajar en conjunto. También se ha logrado, mediante la combinación de acuerdos programáticos y de una dosis de mermelada y manzanilla, mantener el bloque de congresistas que apoya las iniciativas gubernamentales.

Con una gobernabilidad tan frágil, no es descartable que el presidente y la vicepresidenta tengan que ceder una parte del alcance y la profundidad de las tres reformas planteadas y de sus políticas de transición energética, paz total y lucha contra la corrupción.

A menos que haya una presión ciudadana que doblegue el poder de quienes, por activa o por pasiva, desde dentro del Gobierno o fuera de él, se oponen a las transformaciones por las que se votó el año pasado.

No creo que esa presión sea para apoyar al presidente y a la vicepresidenta. Me parece que es para pedir/exigir que se cumpla la Constitución y se hagan realidad las promesas que el partido triunfador hizo en elecciones. No las promesas de repartir cargos y canonjías, sino las de transformar el país y convertirlo en una potencia de la vida. Como decían en la campaña. 

La ciudadanía puede presionar mediante la conversación con los parlamentarios de su respectiva región y/o con los funcionarios responsables de los temas más sensibles o mediante la movilización pacífica y masiva.

O mediante una combinación de las dos formas de presión, como acaba de pasar en algunas de las movilizaciones campesinas que ha habido en Santander en este primer mes del año. Miren los ejemplos.

Una, la hicieron personas provenientes, sobre todo, de los municipios de El Carmen, San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja. Protestaban contra la concesión del título minero que la Corporación Autónoma de Santander (CAS) concedió a la multinacional minera de carbón Colcco para que explote carbón a cielo abierto.

El primer día, las personas que se manifestaban estuvieron en La Lizama y, durante los 18 días siguientes, establecieron su punto protesta en Oponcito, ambos sobre la carretera. Finalmente, llegaron a la zona delegaciones de la Defensoría del Pueblo y de los ministerios de Medio Ambiente y del Interior para dialogar con quienes hacían las demandas. Se reunieron en Barrancabermeja.

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El Gobierno se enteró, mediante información verificada, de todas las ilegalidades que han rodeado la expedición de tal licencia, del daño que esa práctica de minería causaría a los habitantes y al medio ambiente de la región y de la persecución, amenazas y hostigamientos que han sufrido líderes y lideresas que se oponen a ese tipo de minería en los mencionados municipios. 

El gobernador del departamento de Santander, que siempre respaldó la expedición de la licencia, se vio obligado a decir que no está de acuerdo con ella y que pedirá a la CAS que la revoque. La ministra del Medio Ambiente, por su parte, anunció que interpondrá una acción de nulidad contra la mencionada licencia y la comunidad se comprometió a aportar más pruebas y análisis para respaldar esta acción jurídica.

Fíjense que, en este caso, la protesta social presionó al Gobierno a dialogar y a buscar un camino, junto a la comunidad, para ejecutar algunas de las restricciones planteadas en su política minero-energética. No tuvo que pasar por el consejo de ministros, ni por el parlamento; tampoco, pagar con puestos los posibles favores recibidos, ni cometer ilegalidad alguna; solo, llevar a la práctica algo de lo que dijo que iba a hacer.

En la otra movilización, participaron personas provenientes de los santanderes, del Cesar, del Nordeste antioqueño, Sur de Bolívar y bajo Cauca. Buscaban que el Gobierno las escuchara y admitiera que la actual oleada de violencia que ocurre en esos territorios es, en realidad, una crisis humanitaria creada por el fortalecimiento del paramilitarismo.

Lograron que una comisión, encabezada por la viceministra para el diálogo social, del Ministerio del Interior, llegara hasta la zona y se reuniera con una delegación de quienes protestaban. Gracias a esas conversaciones, el Gobierno nacional reconoció la situación de crisis humanitaria; se creó un espacio de diálogo entre las partes y ahora se empiezan a buscar las vías para decretar la emergencia humanitaria y evaluar las consecuencias de dicho acto administrativo.

Aunque no tengo total claridad, me parece que esta última movilización y los acuerdos pactados son hechos tangibles de construcción de paz a partir del diálogo comunidad-Gobierno. De allí puede surgir un modelo o una vía alterna para implementar la política de paz completa que parta del conocimiento que las comunidades tienen de su realidad y de los reclamos que ellas hacen para ejercer el derecho de vivir en paz.  

Si esto sigue así, los políticos tendrán que hacerles caso a las comunidades que los eligieron. Se convertirán en verdaderos mandatarios y tramitarán, sin tanto obstáculo, las reformas y políticas que prometieron al electorado.  

Y, quienes viven del escándalo, de la denuncia sobre el mal proceder de otros políticos, o del intercambio clientelista de favores serán, dentro de poco, especies en vías de extinción.

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