Extradición, vuelve y juega 

Esta administración del presidente Petro está decidida a resucitar ciertos fantasmas, otrora mortales, aquellos que en tiempos pretéritos nos conmocionaron a los colombianos, y de los cuales nos considerábamos ya curados. Hoy reaparecen, quién sabe con qué consecuencias. Me refiero, no a la extradición en sí, sino a todas aquellas circunstancias corruptas y trágicas, de las cuales la rodearon quienes estaban en su contra en esos anteriores episodios.

Es claro que la propuesta presidencial no acaba con la extradición. Institucionalmente permanece igual, pues hoy es discrecional del presidente, previa autorización de la Corte Suprema, decidir si extradita o no al solicitado, sin tener que explicar las razones para hacerlo o no hacerlo. Ahora se propone, como política, condicionarla a que el narcotraficante negocie y se comprometa a no reincidir. Si no negocia o reincide, se procederá a enviarlo al país solicitante.

Que no se acaba el instituto, lo ratificó el presidente extraditando a 8 acusados de narcotráfico. Sin embargo, la propuesta recorta la figura jurídica, con peligros evidentes, con garantías endebles para el sistema de seguridad del país y con la inmediata posibilidad de extenderles un manto de impunidad a este tipo de delincuentes, como se explicará más adelante. Y con un efecto muy simpático: será el delincuente respectivo el que escogerá, con su comportamiento, si es o no extraditado.

Comienzo sosteniendo una tesis, que podría parecer extrema pero que es muy defendible a la luz de los principios de la ética del derecho, y que consiste en afirmar que la extradición de nacionales debería ser obligatoria. Obligatoria para todos los países.

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Lo explico. El derecho penal, como principio primero y fundamental, basa el castigo de determinadas conductas en el hecho de que ellas causan o pueden causar un daño en un bien jurídico relevante. En el caso del narcotráfico se atenta en contra de la salud de las personas. La ciencia médica ha establecido que ciertas sustancias psicotrópicas causan lesiones cerebrales irreversibles en los adictos, además de muertes y generan una promoción delictiva adicional. Pregunta uno: ¿en dónde se verifica o consuman esos daños? Respuesta uno: en el país en el cual se comercia o se vende el estupefaciente. Pregunta dos: ¿En dónde y al amparo de cuál legislación se deberá juzgar y reprimir esa conducta? Respuesta dos: en el país en el cual se ha comercializado el alcaloide, que es en donde se generó el daño en contra del bien protegido por el derecho penal.

Elaboremos una mínima similitud. Si un nacional colombiano, desde Bogotá organiza un paquete bomba, y lo hace llegar a un juez de New York, y allá causa tres muertes, viene la pregunta tres: ¿bajo qué leyes y tribunales se deberá procesar al homicida? La respuesta tres no podría ser que aquí, alegando la nacionalidad del autor del crimen. Su nacionalidad no lo debe proteger. Como dicen los penalistas, que sí saben, el delito no tiene patria. Menos, digo yo, el delito trasnacional. Y agregaría: proteger a ese tal delincuente con ese criterio nacionalista más deshonra que enaltece.

Extradición en Colombia

Una muestra clara de lo antes expuesto, la trae nuestro propio Código Penal, que en su artículo 16 exige la entrega a nuestro país de cualquier delincuente, nacional o extranjero, “que cometa en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico… o falsifique moneda nacional…” (Negrillas fuera del texto).

Aterrizo un poco y me refiero a algunos aspectos de la propuesta presidencial. Los hechos demuestran que sería una garantía de impunidad, porque la gran mayoría de los narcotraficantes encausados o condenados, lo han sido, no por acciones de la Fiscalía colombiana, sino por las averiguaciones que se han llevado a cabo desde los mismos Estados Unidos. Si no se van a extraditar, difícil será que los indicios que se alleguen allá en Norteamérica los manden a Colombia, para que aquí vegeten los procesos, y para que aquí venzan los delincuentes “por vencimiento de términos”.

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La colaboración desde allá carecería de sentido. No tendría razón Estados Unidos en solicitar una extradición y mandarle al gobierno los indicios justificativos, para que luego se le otorguen beneficios al respectivo solicitado y no se llegue al envío del posible delincuente a ese país. Es ponerlo a hacer el ridículo. Una burla. ¿Sin extradición, los fiscales colombianos cómo van a adelantar sus averiguaciones de lo actuado por un narco nacional en USA? Los jueces de allá son menos plausibles para estos delincuentes. En dónde está el cambio, si los experimentos de sometimientos anteriores fracasaron, y fue evidente que después de su implementación el narcotráfico se incrementó, muchos de los importantes capos volvieron a su profesión, y los congresistas fueron bautizados, muchos con amenazas, y otros con sobornos para tratar de aprobar incisos favorables, se sabe muy bien a quienes. ¿Volveremos a una especie de proceso 8000?

Extradición de Otoniel

Habría que analizar la propuesta en relación con las bandas que no rozan con la extradición. Ese es otro tema. Aquí me refiero solo a lo que tiene que ver con esta última. La fórmula disfraza con el ropaje de la paz unos cuantos beneficios para los narcotraficantes. Muchos de estos, la mayoría medianos o pequeños, con estructuras de esos tamaños, no me parece que sean una amenaza para la paz; y no veo cómo podrían ellos contribuir a una paz que no amenazan. A los grandes criminales de las drogas organizados se los debe perseguir, aprehender y extraditar. Favorecerlos es un contrasentido ético. Mal ejemplo. Incitación a que los nuevos resuciten esas organizaciones. 

Esas propuestas en esta cuestión podrán considerarse como una acción benéfica bajo el ropaje de la paz. Nos han colocado sobre la agenda el tema de suspender, bajo ciertas circunstancias, la extradición. Y mientras nos distraemos con el tema, la corrupción directa se nos olvida, aunque ella sigue muy presente… aquí y allá.

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