Fabián Sanabria pierde tutela por denuncias de acoso sexual

La Corte Constitucional consideró como legítimas las denuncias contra Fabián Sanabria que se hicieron en redes sociales e indicó que hay fallas en la forma en que la Universidad Nacional ha investigado los casos de violencia de género.

La Corte Constitucional revocó el fallo de tutela que, en primera y segunda instancias, había considerado como vulnerados los derechos a la intimidad, el buen nombre y la honra del docente Fabián Sanabria.

Para el alto tribunal, el “escrache virtual” en redes sociales es una forma legítima de denuncia cuando una persona “es acusada de la comisión de un delito”, como Sanabria, a quien la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento agravado por la confianza.

El caso por el que se pronunció la Corte se remonta a julio de 2020, cuando la Comisión Feminista de Asuntos de Género, conformada por estudiantes y egresadas del departamento de antropología de la Universidad Nacional, empezó a publicar una serie de tres informes con testimonios de personas que decían haber sido víctimas de violencia basada en género por parte de varios docentes como Gerardo Ardila, Virgilio Becerra, Augusto Gómez y Fabián Sanabria.

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Sanabria y su defensa interpusieron una acción de tutela contra Mónica Godoy, antropóloga que asesoró a la comisión para la elaboración de los informes, con la que buscaban que ella eliminara de redes sociales los comentarios sobre la acusación contra el docente.

En primera y segunda instancias, el Juzgado 54 Penal Municipal de Bogotá falló a favor de Sanabria, y tanto la defensa como seguidores del docente arreciaron sus críticas contra Godoy.

Godoy impugnó el fallo y el caso llegó a la Corte Constitucional. Para el alto tribunal, los informes de la Comisión Feminista están protegidos por la libertad de expresión, pues tuvieron “como objetivo señalar que existe un contexto de violencia sexista contra miembros de la comunidad universitaria y que se presentan casos de inacción o tolerancia contra estas denuncias”.

“(…) existen una serie de fallas en la Universidad Nacional de Colombia en la investigación y sanción de conductas de violencia basada en género, por lo que el discurso plasmado en el informe adquiere mayor protección”, advierte la Corte Constitucional.

Fabián Sanabria, cabe resaltarlo, fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas entre 2008 y 2010, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) entre 2011 y 2014 y candidato a la rectoría de la Universidad Nacional en 2018. Así que su perfil “lo hace una figura relevante al interior de la comunidad académica y objeto de mayor escrutinio por parte de los sectores universitarios“, indica la Corte.

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La Universidad Nacional debe revisar sus protocolos

Aunque la Corte Constitucional reconoce “los esfuerzos importantes” de la Universidad Nacional para “enfrentar los casos de acoso sexual”, dice que los protocolos al respecto han sido insuficientes pues han fallado en implementar “estrategias para atender las denuncias” y no se ha reformado el proceso disciplinario para tomar medidas contra miembros de la comunidad académica investigados por violencia basada en género.

Por esa razón, el alto tribunal le da dos meses de plazo a Dolly Montoya, rectora de la institución, para que cite a varias instancias, como la Escuela de Estudios de Género, con el fin de actualizar los protocolos de procesos disciplinarios. Posteriormente, la Universidad Nacional tiene un año de plazo para entregar la normatividad actualizada.

Por último, la Corte Constitucional le pide al Ministerio de Educación que le entregue a la institución los recursos necesarios para que pueda “fortalecer su política contra la violencia basada en género”, y que establezca una norma para que sea obligatorio que universidades públicas y privadas tomen medidas para “prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia de género que se presenten”.

No es la primera vez que la Corte Constitucional le llama la atención al respecto a la Universidad Nacional. A principios de febrero, indicó que la Veeduría Disciplinaria de esa institución vulneró los derechos de una empleada que desde hace seis años denunció que un docente la había acosado sexual y laboralmente.

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