Militares imputados por ‘falsos positivos’ se ensañaron contra minorías sexuales y personas con discapacidad

Miembros de la Brigada XVI del Ejército buscaban a personas que supuestamente “no encajaban bien en la sociedad” y las estigmatizaban para justificar la decisión de eliminarlas. Esta es apenas una parte del capítulo de los ‘falsos positivos’ en Casanare.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 16 oficiales del Ejército, seis suboficiales, un agente del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles por la muerte de 303 personas que fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate, en Casanare, entre 2005 y 2008. Estos 22 imputados conformaron una organización criminal dentro de la Brigada XVI, dice la JEP.

“Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar“, explica.

El militar de rango más alto es el mayor general en retiro Henry William Torres Escalante, quien estuvo en la Brigada XVI del Ejército entre diciembre de 2003 y junio de 2007. Primero, fue oficial de operaciones, cargo que ocupó hasta diciembre de 2004. Luego, ejerció como jefe del estado mayor y segundo comandante de la brigada hasta diciembre de 2005. Finalmente, fue comandante de la Brigada XVI hasta junio de 2007.

Durante la comandancia de Torres Escalante, explica la JEP, los casos de ‘falsos positivos’ aumentaron en Casanare.

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La responsabilidad de Torres Escalante en los ‘falsos positivos’ de Casanare

Torres Escalante, por su parte, ha dicho que él es responsable por omisión, pues nunca se enteró de los crímenes y ninguno de sus subordinados le informó de lo ocurrido. En ese sentido, según el mayor general (r), su falla estuvo en no hacer los controles pertinentes para evitar las muertes. Sin embargo, la JEP señala que varios exintegrantes de la Brigada XVI declararon que “él debía haber sabido de la ocurrencia de esos hechos”.

De acuerdo con informes de víctimas, Torres Escalante “ordenó tácita o explícitamente la muerte de personas con el espurio y fútil propósito de incrementar las cifras de resultados operacionales requeridos por el más alto nivel de comandancia de la fuerza”, según cita la JEP.

Para la Jurisdicción de Paz, el mayor general (r) “garantizó el funcionamiento de la organización criminal instalada en la Brigada XVI, que incluso se vio favorecida por la inclusión de agentes del DAS y terceros civiles en la ejecución del plan criminal”.

Así las cosas, la JEP decidió imputarlo como autor mediato de los crímenes: durante su periodo como comandante de la brigada, 191 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate.

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“Política de supresión de grupos sociales diversos o excluidos de zonas urbanas”

La mayoría de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de este caso eran hombres de entre 18 y 25 años, aunque la JEP encontró los casos de nueve mujeres asesinadas: una de ellas estaba embarazada y dos eran trabajadoras sexuales.

También se reportó el caso de un joven con orientación sexual diversa: “Es por ello que, por primera vez, la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género“, explica la Jurisdicción en un comunicado.

Exactamente, la Brigada XVI creó una política para estigmatizar y suprimir “grupos sociales diversos o excluidos” en “barrios de las zonas urbanas de Yopal, Aguazul y Tauramena”.

“La condición de género, labor, cultura, condiciones cognitivas y nivel económico de las víctimas eran motivos suficientes de estigmatización y señalamiento que determinaban ser identificados por el personal del Ejército como susceptibles de ser eliminadas, puesto que ‘no servían al desarrollo de una comunidad'”, dice la JEP, en el auto de imputación, con base en la versión voluntaria del cabo segundo (r.) Leandro Eliécer Moná Cano, uno de los procesados.

Para cometer esos crímenes, integrantes de la Brigada XVI, vestidos de civil, recorrían las zonas donde estaban sus blancos para señalarlos de “ladrones, delincuentes, guerrilleros, violadores”.

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Por su parte, miembros del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) perseguían y sentenciaban a muerte a personas con orientación sexual diversa. Incluso, había torturas.

En un caso específico, ocurrido en enero de 2007, Moná Cano ayudó a asesinar a un hombre que fue señalado, sin pruebas, de haber abusado de una niña.