¿Qué pasó con los 19 soldados que se negaron a ejecutar ‘falsos positivos’?

Hace 15 años, toda una compañía de soldados profesionales contraguerrilla fue retirada del Ejército por negarse a cometer un ‘falso positivo’. El caso está en la CIDH.

En medio de la macabra práctica de ejecuciones extrajudiciales de campesinos, habitantes de calle y jornaleros cometidas por miembros del Ejército para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, hay una historia increíble: la de la compañía contraguerrilla Atila 1.

Se trata de un pelotón de 19 soldados profesionales que se negaron a cometer esos crímenes y como castigo fueron retirados discrecionalmente del Ejército.

Quince años después de cometerse esa injusticia, ellos siguen esperando que la institución los reintegre, les devuelva el honor militar, limpie sus nombres y compense todo el daño causado.

Aunque el caso ya se encuentra en estudio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llama la atención que algunas de las victorias legales parciales, como tutelas para valoraciones médicas, hayan sido dilatadas o desatendidas por la institución castrense.

Esa es la cruda realidad de la compañía contraguerrilla Atila 1, adscrita al Batallón de Infantería Mecanizado Número 6, Cartagena, ubicado en Riohacha (Guajira).

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Los soldados y la menor guerrillera viva

La historia comenzó el 22 de abril de 2008, cuando la compañía Atila 1 desarrollaba la operación Macedonia, tendiente a ubicar y rescatar al periodista Mario Alfonso Puello, secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), junto con dos funcionarios de la Universidad Nacional.

Aunque Atila 1 llegó hasta el campamento de esa guerrilla, hubo enfrentamientos por más de dos horas y la incautación de arsenal de guerra, computadoras y dinero en efectivo, no hallaron rastro de los secuestrados.

Lo que sí hallaron los soldados de la compañía Atila 1 fue a una menor de edad (subversiva) que estaba sangrando, al parecer, por un aborto inducido.

Como era obvio y así lo dicta el Derecho Internacional Humanitario, los soldados le brindaron asistencia médica a la menor guerrillera y la trasladaron a un centro asistencial.

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Sin embargo, la sorpresa vino cuando reportaron la operación ante el comandante del batallón, un teniente coronel de apellido Saldaña, quien los habría increpado y cuestionado porque llevaron con vida a la menor guerrillera.

Según los saldados profesionales, el comandante del batallón necesitaba bajas para mostrar resultados. Para la época estaba en furor la política de Seguridad Democrática del gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe, y los resultados operacionales se medían con muertos en combate, lo que se conoció como ‘body count’.

Tan solo pasaron 46 días desde la operación Macedonia de la compañía contraguerrilla Atila 1, y el 7 de junio de 2008 los 19 soldados profesionales fueron notificados de su retiro discrecional de la institución. El acto administrativo solo tenía como argumento “razones del servicio”, una causa tan abierta como abstracta:

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Desde entonces, los uniformados comenzaron una batalla legal que ha tenido todas las dilaciones y trabas posibles. El primer obstáculo fue conseguir las razones exactas por las que fueron retirados.

Luego de peticiones y tutelas, se conoció el famoso argumento legal que usó el Ejército para sacarlos por la puerta de atrás: “se habían negado a combatir y, en su lugar, se habían dedicado a apropiarse de los elementos abandonados por los subversivos en su huida”.

Esa motivación oficial tiene dos vicios de fondo.

El primero es que en los mismos radiogramas de la operación Macedonia de la compañía Atila 1 se advierte que ellos combatieron durante dos horas y cuarenta minutos contra los guerrilleros del ELN:

Segundo, si así hubiera ocurrido, esa causal de retiro no aplicaría para siete de los 19 soldados, ya que ellos se quedaron en el campamento base, preparando alimentos, es decir, no hicieron parte de la ofensiva ocurrida a casi una hora de camino.

Pero nada de ello ha servido de insumo legal para que dentro del Ejército admitan que el retiro de los 19 soldados del pelotón contraguerrilla Atila 1 en realidad se trató de una retaliación por no producir bajas en combate y negarse a ejecutar ‘falsos positivos‘.

“El Ejército y el Estado colombiano han mantenido en impunidad uno de los peores atropellos cometidos contra 19 soldados, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y el desarrollo de su política de Seguridad democrática”, argumentó Carlos Varela, defensor de Derechos Humanos que acompañó al equipo jurídico del famoso caso Atila 1.

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Triste aniversario para los 19 soldados

Mientras el proceso jurídico de los 19 soldados profesionales de la compañía contraguerrilla está en estudio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los exuniformados intentan sobrevivir.

Por ejemplo, el exsoldado profesional Eder de Jesús Coronel Torres duró diez años trabajando como cotero (cargador de bultos), ya que era lo único que le ofrecían porque no tiene título profesional. Hace poco logró engancharse como vigilante en Valledupar (Cesar).

Coronel Torres no duda en calificar como un atropello lo que hicieron con él y sus compañeros de pelotón: “una injusticia que cometieron con nosotros, después de salvaguardar los derechos humanos a una niña de 17 años que capturamos y protegimos. Después de eso, vino nuestro retiro porque no accedimos a cometer ese ‘falso positivo‘”.

Similar destino padece su compañero exmilitar José Barros Urueta. El exsoldado profesional ahora se gana la vida como motoxista en la ciudad de Riohacha (Guajira).

Uno de los casos más lamentables ha sido el del exsoldado profesional Jairo Rafael González García, porque, además de atravesar por un intento de suicidio, cayó en las drogas. Aunque se internó en las selvas de Belén de Bajirá (Chocó) para extraer madera, también ha probado suerte como pescador en Chile.

“Al soldado Maruén Gómez Padilla de nada le sirvió tener la medalla ‘Almirante Padilla’, ni haber servido a la patria 14 años, ni haber sido reconocido como héroe por el entonces candidato Gustavo Petro, quien debería, en un acto de buena voluntad política, reintegrar a estos humildes soldados”, insistió el activista Carlos Varela.

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