Familia de conductor que murió en atentado a Uribe será indemnizada por “negligencia”

El Consejo de Estado ordenó a la nación indemnizar a la familia de Donaldo Pisciotti Duarte, el conductor que murió en el atentado cometido contra Álvaro Uribe Vélez el 14 de abril de 2002 en Barranquilla. Para el alto tribunal, hubo negligencia por parte de la Policía pues el hecho se pudo haber previsto debido a las amenazas que había sufrido Uribe Vélez en el pasado.

“Existía información conocida por la Policía que indicaba el peligro que existía sobre posibles atentados contra el entonces candidato. No obstante ello, hay testimonios que indican que la coordinación de la seguridad fue tardía”, explica el Consejo de Estado.

Así las cosas, la Policía Nacional deberá pagar más de 977 millones a la familia de Pisciotti Duarte.

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La decisión del Consejo de Estado sienta un precedente importante porque llama la atención para que las autoridades garanticen la seguridad de lo ciudadanía cuando se celebran eventos políticos con personalidades que han recibido amenazas, así aún no sean funcionarios elegidos.

El atentado

El ataque, atribuido a las Farc, ocurrió durante un acto de campaña de Álvaro Uribe Vélez, entonces candidato presidencial, en Barranquilla. Cuando la caravana iba en la carrera 46 con calle 30, rumbo al hotel El Prado, explotó un artefacto. Uribe Vélez salió ileso gracias al blindaje de la camioneta que lo transportaba. Sin embargo, la explosión alcanzó un bus de servicio público del que Pisciotti Duarte era conductor. Además de él, el atentado dejó otras tres personas muertas.

Su familia demandó al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla con el fin de obtener una indemnización.

Atentado a Uribe en 2002

“El explosivo era un hecho previsible, porque el entonces candidato había sido objeto de amenazas y otros atentados contra su vida” fue el argumento de la familia de Pisciotti Duarte, de acuerdo con el Consejo de Estado.

Además, no se tomaron las medidas de seguridad por la vida del aspirante y de las personas que estaban cerca de la caravana atacada en esa jornada.

La defensa de las autoridades

Sin embargo, para el Ejército Nacional no hubo omisión en sus funciones “porque dispuso los recursos humanos y físicos posibles para garantizar la seguridad del candidato presidencial y de la ciudadanía”, según la sentencia del Consejo de Estado. Además, “el atentado se dirigió contra un candidato presidencial que no era funcionario público ni representaba al Estado”.

La Policía Nacional, por su parte, señaló que “no tenía conocimiento de amenazas ni de que la ciudadanía estaba en peligro con ocasión de la visita del candidato presidencial”. El DAS no se pronunció.

En una sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 12 de abril del 2012, decidió no acceder a las pretensiones de la demanda. Según el tribunal, no se acreditó la omisión que dio lugar a la producción del daño; además, las actas de la Sijín demostraban la garantía de la seguridad de las personas que tendrían parte en este acto político.

Después de esta decisión, los familiares de Donaldo Pisciotti Duarte apelaron la sentencia, argumentando que el “atentado terrorista no era imprevisible porque el candidato presidencial había sido objeto de otros atentados, inclusive en la ciudad de Barranquilla. Además, las autoridades tenían conocimiento de las amenazas dirigidas contra los candidatos a la Presidencia de la República”.

Los demandantes señalaron que este tribunal omitió las pruebas: “El tribunal omitió valorar pruebas que, a su juicio, son demostrativas de las omisiones y responsabilidad de las entidades demandadas porque el “despliegue” fue insuficiente para prevenir el atentado, en especial por la falta de ‘vigilancia y patrullaje de la ruta que iba a seguir la caravana’ del candidato presidencial”

Además, aseguraron que si bien el atentado fue cometido por un tercero, este hecho es imputable a la nación y “se debió a una omisión por parte de sus agentes”.

Lo que dice el Consejo de Estado

El caso llegó al Consejo de Estado y esta corporación sostuvo que le corresponde a la Policía Nacional indemnizar el daño que sufrieron los familiares de la víctima, pues el atentado no era un hecho imprevisible e irresistible, dado que se tenía información sobre el riesgo que existía alrededor de la ocurrencia de actividades terroristas.

“La Policía ha debido estudiar si se podía llevar a cabo esta actividad proselitista sin poner en riesgo la vida de personas y, en caso de concluir que era posible adelantarla sin generar este riesgo, fijar las condiciones de seguridad necesarias para garantizar que se cumpliera sin contratiempos como los señalados”, dice el alto tribunal.

También señaló en segunda instancia que había información conocida por la Policía que indicaba el peligro que existía sobre posibles atentados contra Uribe, así como testimonios que señalaron que la seguridad fue atemporal, que la entidad no tuvo conocimiento de la ruta que seguiría la caravana, por lo que no podría validar las condiciones de seguridad y tomar las medidas preventivas del caso.

“En el proceso también fueron expuestas pruebas documentales con las que contaba la Sijín sobre otros atentados contra el hoy expresidente Uribe, sobre la inminencia de otro y sobre los planes de la entonces guerrilla de las Farc para perpetrar un atentado terrorista contra los candidatos Álvaro Uribe Vélez y Horacio Serpa Uribe”, señaló el Consejo de Estado.

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