¿Quién ordenó asesinar al arzobispo de Cali?

La Corte Suprema de Justicia confirmó condena contra un exmiembro del secretariado de las Farc, por el crimen del arzobispo Isaías Duarte Cancino.

En la actualidad solo una persona (sicario) ha purgado pena en centro carcelario por el asesinado del arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, ultimado a tiros cuando salía de oficiar una misa en la parroquia el Buen Pastor del mítico Distrito de Aguablanca, en la capital del Valle.

El crimen fue perpetrado a las 8:00 de la noche del 16 de marzo del año 2002. En el ataque sicarial, ejecutado por dos gatilleros, también resultó herido el sacerdote Joaquín Eduardo Cortés Tabares.

Los dos sicarios fueron identificados como Carlos Augusto Ramírez Castro, alias El Calvo, y Alexánder De Jesús Zapata Ríos, alias El Cortico. El Calvo fue asesinado el mismo año de los hechos, mientras que El Cortico fue condenado a 40 años de prisión, pero en 2020 le concedieron el beneficio de libertad condicional.

Desde el mismo día del homicidio del arzobispo, todas las hipótesis giraban en torno a que el jerarca de la iglesia católica en la ‘Sucursal del Cielo’, habría sido asesinado como retaliación por sus duras posturas y denuncias contra el crimen organizado y las Farc.

Por un lado, denunció en sus homilías la infiltración de dineros del narcotráfico en las campañas políticas al Congreso. Especialmente apuntó sus reflectores hacia candidatos al Congreso con estrechos vínculos con miembros del temido cartel del norte del Valle.

Por el otro, criticó duramente las acciones criminales que la guerrilla de las Farc venía ejecutando en el suroccidente del país y especialmente en la capital caleña, como el secuestro de los diputados del Valle y los feligreses de la parroquia La María.

Es decir, en su momento estaba claro por qué mataron al arzobispo, pero aún faltaba revelar quién ordenó su muerte. Para la fecha del crimen, en los reflectores de la opinión pública y las autoridades había dos organizaciones al margen de la ley, sospechosas: el cartel del norte del Valle y las Farc, ambas hoy extintas.

Pero el reciente fallo que acaba de emitir la Corte Suprema de Justicia tras resolver un recurso de casación en el que confirma la condena a 25 años de prisión contra Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, como autor mediato del homicidio agravado del arzobispo caleño, le da un giro a toda la investigación.

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El expediente judicial es una compilación de testimonios de exguerrilleros que ratifican en diversos escenarios que, la orden para asesinar al arzobispo Isaías Duarte Cancino, provino del secretariado de las Farc.

Para la fecha de los hechos y de acuerdo con informes de inteligencia militar y policial, la cúpula de las Farc estaba integrada por Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo; Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes; Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano; Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenco; Noel Mata Mata, alias Efraín Guzmán; Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy; Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

Iván Márquez y el arzobispo Duarte Cancino

No obstante, muchos colombianos cuestionan que en ese fallo solo condenen a Iván Márquez y no se resuelva la responsabilidad de los otros siete miembros del secretariado acusados por el homicidio del arzobispo de Cali.

La explicación es sencilla. De los ocho jefes de las Farc acusados por el crimen de monseñor Duarte Cancino, cinco de ellos (Tirofijo, Raúl Reyes, Alfonso Cano, Efraín Guzmán y el Mono Jojoy) están muertos y esa condición extingue la acción penal.

De los tres exjefes de las Farc acusados por el crimen del arzobispo y que aún viven, dos de ellos (Pablo Catatumbo y Timochenco) se acogieron al proceso de paz y como tal gozan de los beneficios legales que otorga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Así las cosas, solo uno de los exjefes de las Farc (Iván Márquez) está bajo la competencia de la justicia ordinaria y puede ser objeto de investigaciones y decisiones judiciales en su contra. Eso fue exactamente lo que sucedió con el reciente fallo que la Corte Suprema de Justicia emitió contra Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

Si bien Iván Márquez hizo parte del proceso de paz que firmaron el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, el exguerrillero fue expulsado de la JEP en octubre de 2019 porque retornó a la ilegalidad en medio del escándalo por el proceso judicial que adelantaba la DEA contra su sobrino y Jesús Santrich, por supuesto narcotráfico.

Márquez oficializó su deserción al proceso de paz en agosto de 2019, cuando a través de un video que publicó en YouTube, anunció que había creado una nueva organización disidente, llamada Nueva Marquetalia.

Es por esa razón que, en el proceso por el homicidio del arzobispo de Cali, la Corte Suprema de Justicia se pronunció solo respecto a Iván Márquez, porque sobre los otros dos acusados (vivos) en esa investigación (Timochenco y Catatumbo), es la JEP quien debe tomar decisiones.

La otra arista de esa condena inapelable que acaba de proferir la CSJ es que, si Iván Márquez logra acogerse al proceso de Paz Total que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro, seguramente ese fallo hará parte de los delitos a negociar.

Pablo Catatumbo y el arzobispo

El proceso judicial que contiene la investigación por el homicidio del arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, contiene revelaciones inéditas que aún siguen sin resolverse.

Por ejemplo, en las pruebas testimoniales recogidas en el expediente judicial, aparecen varias versiones que apuntan en el mismo sentido: la participación del exjefe guerrillero Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, como presunto determinador del crimen del arzobispo.

Varios de los testigos coinciden al asegurar que Pablo Catatumbo fue el encargado impartir las instrucciones finales, seguimientos y suministrar el dinero que se le pagó a los sicarios para acabar con la vida del arzobispo caleño.

Uno de esos testigos, Abel Alexánder Holguín, exintegrante del Frente Sexto de las Farc, declaró ante la justicia que escuchó cuando Pablo Catatumbo dijo en una reunión de su compañía con unidades del Bloque Móvil Arturo Ruiz, que él había ordenado la muerte del arzobispo porque estaba en contra de la organización.

“Lo había mandado levantar porque le había salido chimbo y que con las FARC no se juega”, aseguró el testigo.

Ahora, el balón de la justicia y lucha contra la impunidad está en el campo de la JEP, cuyos magistrados tienen la obligación moral de contarle a los colombianos quién, de los exjefes de las Farc, ordenó el asesinato del arzobispo Isaías Duarte Cancino.

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