Federico Gutiérrez ajustaría el sistema de salud actual

El candidato del partido Equipo por Colombia propone mantener, “ajustando lo necesario”, las diferentes partes y actores que conforman el sistema, “sin destruir lo construido en 30 años”.

No es ilógico asumir que habría pocos cambios estructurales durante un eventual gobierno de Federico Gutiérrez, cuya candidatura se catapultó tras el apoyo del partido de Gobierno, representado por Álvaro Uribe Vélez que, como senador del Partido Liberal, fue ponente en 1993 de la Ley 100.

“Proteger los recursos”

El pasado 6 de abril, durante la presentación oficial de su programa, Fico manifestó que reducirá “los trámites innecesarios” para acceder a los servicios de salud y hará “cambios profundos para poner al paciente en el centro del sistema”.

Entre ellos está la “operación de una plataforma de interoperabilidad para la historia clínica” (promesa recurrente en época de elecciones desde hace más de una década) y los trámites virtuales. Ambos procesos, en la actualidad, son implementados por cada EPS e IPS de forma autónoma.

Federico Gutiérrez promete crear una plataforma pública, “Colombia Compra Eficiente en Salud” —sobre la cual no ahonda— e implementaría “parámetros de desempeño” para proteger los recursos, labor desempeñada en la actualidad por la Superintendencia de Salud.

En este sentido, El Ministerio de Salud anterior, en cabeza de Alejandro Gaviria, implementó en 2017 el aplicativo Mipres (mi prescripción), dispuesto en la página web de la cartera, con el fin de reforzar la vigilancia y unificar las solicitudes de los servicios no incluidos en el plan básico de beneficios (PBS, antiguo plan obligatorio de salud o POS). 

Se trata de una plataforma “engorrosa” —según una médica consultada por este medio y que solicitó reservar su identidad—. Otro médico entrevistado por Diario Criterio agrega sobre el tema que esto se debe a que el diligenciamiento de dicha plataforma “desincentiva” el trámite de las solicitudes excluidas por el plan de beneficios, reduciendo, consecuentemente, los gastos en salud.

El Ministerio de Gaviria, adicionalmente, redujo el precio de varios medicamentos e implementó el uso de biosimilares en pro de la sostenibilidad financiera del sistema.

De lo anterior, además de la plataforma pública mencionada, la principal medida para proteger los recursos de la salud en una administración de Gutiérrez se dirigiría a fortalecer la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Salud, lo cual implicaría inyectarle capital. Quedaría pendiente definir cómo evitaría la corrupción dentro del ente de vigilancia, por ejemplo, el proceso de nombramiento de múltiples interventores de EPS e IPS (reglamentado hoy por las resoluciones 2599 de 2016 y 11467 de 2018) algunos de los que, en la última década, han sido destituidos por desviar recursos del sistema.

Descongestionar las urgencias

“Una descongestión de 20 por ciento en los servicios de urgencias de las grandes ciudades” es otra de las metas para el sector de la salud que el exalcalde de Medellín expuso en la presentación de su plan de gobierno y se interpreta como la inyección de capital a las IPS públicas y privadas que presten este servicio.

El mejoramiento y el mantenimiento estructural y del talento humano de todas las IPS hospitalarias en las capitales son procesos longitudinales, es decir, que deben mantenerse en el tiempo, un gasto mayor que tendría que reglamentar de forma permanente y a largo plazo.

Esto deja en duda qué tanto populismo hay en la propuesta, ya que restaría ver qué tan compatible es la ampliación y el sostenimiento de todos los servicios de urgencias (al menos los públicos) de baja, mediana y alta complejidad en las capitales con el Presupuesto General de la Nación (PGN), en caso de que el candidato del Equipo por Colombia ganase las elecciones, si se tiene en cuenta que la piedra angular de su candidatura es la seguridad y la defensa, cartera que ocupó el segundo lugar en el PGN de 2018 —después de la educación—, mientras que el rubro para la salud ocupó el cuarto.

¿Mejores condiciones laborales o cambiar el Código de Trabajo?

Algunas de las quejas más recurrentes de los trabajadores del sector de la salud incluyen la demora en los pagos de nómina, la contratación indirecta y por orden de prestación de servicios (OPS); y la falta de insumos y personal que se evidencian en las ciudades y se profundizan en las regiones.

Para ello, Gutiérrez promete “el fomento de la Ley del Régimen de Carrera Sanitaria (en Colombia, reglamentada por la Normatividad de Recursos Humanos) para garantizar mejores condiciones laborales”, que, probablemente, requeriría una reforma del Código de Trabajo. Igualmente, “revisar los límites a la integración vertical (subcontratación), de acuerdo con las normas establecidas”, y “mejorar la vigilancia y control para garantizar su cumplimiento”.

Becas canjeables para las regiones

Según la Política Nacional de Talento Humano en Salud de 2018, la financiación de la formación del personal del sector es responsabilidad tanto de los empleadores como de los profesionales.

En este contexto, Fico promete “un fondo público para cofinanciar la formación y educación del talento humano en salud a través de becas canjeables por servicios, para estimular la formación del talento humano necesario en ciudades intermedias y pequeñas”. Lo que su campaña no especifica es si la financiación sería por parte del Ministerio de Educación o de Salud.

Telemedicina ¿…sin Internet?

Desde 1990, el modelo neoliberal introdujo la descentralización al sistema de salud colombiano. Actualmente, la atención médica en las regiones está regulada por la resolución 2626 de 2019, que adoptó el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), y el Sistema General de Participación (Ley 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007).

En este contexto, Gutiérrez promete construir, “por lo menos, diez hospitales y 40 centros ambulatorios integrales en ciudades pequeñas e intermedias”; mejorar la administración de las entidades e IPS públicas “a través del nombramiento del 100 por ciento de los gerentes por méritos” (actualmente en manos de alcaldes y gobernadores, y reglamentada por el artículo 22 del decreto 785 de 2005), pagar a los hospitales por giro directo (tarea fundamental de las EPS, según la Ley); implementar una “política pública de medicina por georreferenciación” para pacientes de alto riesgo, en alianza con el sector privado (IPS y EPS); y fortalecer “la telemedicina y la telesalud” para “acercar servicios de calidad a zonas apartadas”.

El problema con este último punto, sin embargo, es que dependería de los avances que el eventual gobierno de Gutiérrez hiciera en el campo de las telecomunicaciones en las áreas rurales.

Por ejemplo, el año pasado, solo el 23,9 por ciento de las familias rurales en el país tuvo acceso a Internet, mientras que en el total nacional el porcentaje fue de 56,5. Hay departamentos enteros donde el acceso a la comunicación en línea es casi nulo (para abril de 2022, un la conectividad en Vaupés fue de 0,13 por ciento y, en Amazonas, de 1,64 por ciento, según cifras del mismo MinTIC).

Diario Criterio intentó comunicarse con el equipo de Federico Gutiérrez, pero no recibió respuesta a la fecha de esta publicación.