Alerta: el fenómeno de la Niña nos amenaza por tercer año consecutivo

Pedro Luis Barco DíazPedro Luis Barco Díaz

Las agencias internacionales de meteorología pronosticaron este mes que el fenómeno de la Niña, que se oficializó desde el 2020, persistirá otro año, configurando un triple episodio del cual aún no se sabe su magnitud, que puede ser débil, moderada o fuerte.

Como se sabe, este es un fenómeno de variabilidad climática, natural y recurrente, que se manifiesta por un enfriamiento de la superficie oceánica en la costa tropical de América del Sur, y produce temporalmente un comportamiento anormal del clima.

Este fenómeno ocurre cuando los vientos alisios que vienen del Este son más fuertes y arrastran las aguas superficiales cálidas desde la zona ecuatorial de la costa de Sudamérica hacia Asia. Esto permite que el agua fría de la corriente de Humboldt vaya hacia arriba y enfríe su superficie.

La Niña actúa de diferente manera en Suramérica: mientras que, para Colombia, Venezuela, y el norte del Brasil representa lluvias, para Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia sur de Brasil y Chile representa sequía.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en su boletín mensual No. 169, Seguimiento al Ciclo ENOS el Niño, observó que “las condiciones oceánicas y atmosféricas permanecían en los niveles de La Niña”, por lo que las variaciones climáticas del país serán moduladas, sobre todo, por las perturbaciones de la escala intraestacional, por la evolución del fenómeno de La Niña y por la activa temporada de huracanes de este año.

Es decir que seguirá lloviendo por el inicio de la segunda temporada de lluvias sumado a la continuación del fenómeno de la Niña, que ya lleva 20 meses, y que en el Atlántico la temporada de huracanes, cuyos meses picos son octubre y noviembre, será de cuidado.

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Por eso, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a fines del mes anterior, circularizó a los gobernadores, alcaldes y en general al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que “preparen e implementen las acciones requeridas para proteger la vida y los bienes de la población”. Se prevé, según estimaciones oficiales, un incremento del 50 por ciento en lluvias.

Los consejos territoriales de gestión del riesgo deberán elaborar un mapa de los riesgos, identificar las familias y viviendas en alto riesgo y elaborar un plan de respuesta a emergencias cuya implementación sea inmediata.

El presidente Gustavo Petro también invitó a que se iniciara una discusión nacional en torno a la conveniencia de declarar la emergencia económica, social y ecológica para enfrentar las consecuencias de este amenazante fenómeno.

Lo primero que debemos recordar es que el sistema de Gestión del Riesgo Nacional es reciente (Ley 1523 de 2012) y se originó por el fenómeno de la Niña de 2010-2011 que ocasionó, según datos oficiales, “2.811.997 personas afectadas, 669.064 familias, 386 muertos, 477 heridos, 77 desaparecidos, las viviendas destruidas son 12.138 y las averiadas son 359.184”.

Aún están frescas en la memoria del país la avalancha en el municipio de Villa Pinzón, las inundaciones en la Sabana de Bogotá y en el Valle del Cauca; la remoción en masa en la cabecera del municipio de Gramalote (Norte de Santander), el boquete de más de 200 metros en el Canal del Dique y los cinco municipios que quedaron bajo al agua: Manatí, Santa Lucía, Candelaria, Campo De La Cruz y Repelón.

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Esto ocasionó que, en enero de 2011, el gobierno de Santos declarara el estado de emergencia económica, social y ecológica, para conjurar la grave calamidad pública ocasionada por los efectos de la Niña. El problema fue que el gobierno, después, prorrogó el estado de excepción y la Corte Constitucional lo declaró inexequible.

Como consecuencia se cayó, “por inconstitucionalidad por consecuencia”, el decreto 141 de enero 21 de 2011, el cual, en su parte considerativa, hacía el más poderoso memorial de agravios que se ha realizado contra la falta de planificación, flojera e inoperancia de las autoridades ambientales regionales que, por inacción, han propiciado la intensificación de los procesos de degradación ambiental.

El problema es que ahora las cuencas se encuentran más vulnerables que en la década anterior. Los problemas de falta de coordinación institucional y de planificación específica, así como la negligencia en el cumplimiento de las funciones de policía de las autoridades regionales, no se han solucionado.

Por lo tanto, la ocupación indebida de predios en zonas de riesgo, la ocupación de rondas hídricas, la desecación de humedales, la canalización de lagos, la desviación de cauces, la explotación de materiales de arrastre y de otros minerales siguen ocurriendo en todo el territorio colombiano.

Principalmente, porque las autoridades ambientales se han negado a hacer cumplir las obligaciones ambientales de los dueños de los predios rurales (decreto 1449 de 1977) que los obliga a proteger los bosques de sus propiedades, pese a que la ley 99 de 1993 precisa en el segundo parágrafo del artículo 107, que “las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o los particulares”.

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Los municipios tampoco han incorporado dichas obligaciones en los planes de ordenamiento territorial, ni las autoridades ambientales en los planes de ordenamiento de manejo de cuencas (Pomcas), así como en los planes de ordenamiento del recurso hídrico (Porh).

Por lo tanto, es difícil ser optimista ante la llegada de un fenómeno ambiental que se repite por tres años consecutivos, a un país que tiene sus cuencas degradadas, sus montañas sobrecargadas de agua, sus embalses repletos y, a Hidroituango, todavía con dudas.

En consecuencia, se debe actuar con sabiduría. No se puede decretar un estado de excepción —que reviste de poderes omnímodos al presidente de la República— por el hecho de la triple llegada de la Niña, sin conocer al detalle los datos sobre su intensidad y magnitud.

Tampoco es deseable que la declaratoria se expida después de ocurrida la tragedia, es decir, que encuentre al Ejecutivo atado de manos, como ha ocurrido en el pasado. La declaratoria debe darse antes de que los desastres desborden las facultades ordinarias.

La ley determina que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social que involucra a las entidades y empresas públicas en todos los niveles, al sector privado y a la ciudadanía en general.

Por eso, todos los colombianos debemos no solo debatir sobre la propuesta presidencial, sino adelantar acciones preventivas en nuestros entornos.

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