Qué tan seria es la embestida judicial contra los jóvenes de la Primera Línea

Cuando ya casi nadie hablaba de los muchachos encapuchados de la Primera Línea, las autoridades reactivaron sus investigaciones contra varios de ellos y esta vez sí lograron imputarlos y privarlos de la libertad. ¿Qué pasó?

Las investigaciones contra los jóvenes integrantes de la denominada Primera Línea que lideraron bloqueos en el paro del pasado 28 de abril, y que duró casi dos meses, se convirtió en un punto de honor para la Fiscalía.

Más allá de los presuntos delitos cometidos por los manifestantes encapuchados, la entidad investigadora sufrió un duro revés cuando los jueces de control de garantías no acogieron las tesis con las que pretendieron imputar y llevar tras las rejas a por lo menos 160 supuestos delincuentes, en medio del fragor de las protestas de mayo y junio.

En esa ocasión, tan solo 49 de ellos fueron cobijados con medidas de aseguramiento. Los demás quedaron en libertad y algunos de ellos vinculados a los casos penales.

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Pero el golpe más fuerte para los fiscales que tenían a cargo esos procesos corrió por cuenta de las reprimendas que recibieron de varios jueces, porque las investigaciones eran muy escuetas, sin elementos materiales probatorios, violatorias de derechos y garantías o en varios casos los delitos imputados no fueron sustentados ni relacionados con los procesados.

Sin embargo, desde hace varias semanas la Fiscalía General se viene sacando el clavo y a cuentagotas ya logró que al menos una veintena de integrantes de la Primera Línea en Bogotá y el Valle del Cauca fueran imputados y cobijados con medidas de aseguramiento intramural.

Primera Línea
Integrantes de la Primera Línea

Los delitos que les endilgan van desde concierto para delinquir agravado, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, violencia contra servidor público, perturbación en servicio de transporte público, hasta instigación para delinquir con fines terroristas, hurto calificado y agravado, secuestro simple y tortura agravada.

Es decir, los fiscales casi que recorrieron el Código Penal con todos los cargos formulados. Pero, a diferencia de las redadas masivas en medio de la protesta social, en esta ocasión pareciera que las investigaciones están bien amarradas con pruebas documentales, audios, videos y conversaciones por chat.

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¿Persecución judicial?

No obstante, en redes sociales el asunto ha sido visto y catalogado como una persecución judicial y varios internautas les enrostran alguna responsabilidad a los políticos que alentaron a los jóvenes a continuar con las protestas y los bloqueos pero que ni dan la cara.

“Duele ver que diez jóvenes de la Primera Línea, que se dejaron incendiar por políticos generadores de odio, puedan pasar 22 años de su vida en la cárcel… También deberían pagar con prisión quienes los llevaron a incendiar el país”, escribió el tuitero William Calderón

Por su parte, el senador indígena Feliciano Valencia cuestiona que las órdenes de captura que emite la Fiscalía por presunto terrorismo sí avanzan contra los jóvenes de la Primera Linea, pero se estanca contra la “gente de bien” o policías que les disparaban.

“La Fiscalía dicta orden de captura por terrorismo a los miembros de la Primera Línea, muchos de ellos comunicadores o asistentes médicos que protegían a manifestantes, pero no hay una sola captura de la ‘gente de bien’ o de policías que les disparaba. ¿Dictadura civil uribista?”, escribió en su cuenta de Twitter.

De hecho, uno de los videos que se viralizó en redes sociales lo hizo el internauta Alejandro Villanueva, en el que critica la actitud de las autoridades y la hipocresía de los políticos porque “como ya no está de moda, a la primera línea la abandonaron”.

El joven tuitero añadió: “como ya como no es viral, no está de moda, (a los políticos) les importa un (inaudible) que a las personas que hace unos meses llamaban héroes estén en la cárcel, estén siendo amenazadas, estén siendo perseguidas”.

Frente a esos cuestionamientos, el senador Gustavo Bolívar le respondió a Diario Criterio: “Mi acompañamiento se dio durante el paro con la entrega de implementos de seguridad, y después del paro, entregando ayudas económicas a familias de las víctimas con el dinero de la vaqui”.

Ahora estoy escribiendo un libro sobre el tema que se llamará ‘Amor a primera línea’. Estoy trabajando en proyectos de ley para presentar en marzo que nos ayuden a proteger a la juventud vulnerable”, agregó Bolívar.

¿Procesos bien amarrados?

Más allá de esos cuestionamientos, que son válidos y respetables, en esta ocasión los jueces de control de garantías sí quedaron más convencidos de la existencia de una inferencia razonable para pensar que los procesados podrían estar involucrados en los hechos que les imputó la Fiscalía.

Prueba de ello es que, en las audiencias para legalizar capturas, los fiscales revelaron audios, videos y chats en los que aparecen los procesados, al parecer, reconociendo la autoría de delitos.

En otras pruebas se menciona al ELN, pero no queda claro el contexto de esa referencia que el fiscal y algunos medios de comunicación interpretaron como la clara injerencia de esa organización guerrillera en la protesta social a través de los jóvenes de la Primera Línea.

Lo cierto es que, con corte al 29 de octubre de 2021, la Fiscalía ya tiene abiertos 17 procesos cuyas investigaciones involucran a 137 jóvenes indiciados.

De esos 17 procesos, solo cuatro ya están en etapa de juicio, dos en indagación y los restantes 11 en investigación, pero con imputaciones.

Llama la atención que, de ese grupo de imputados, 37 jóvenes fueron cobijados con medida de aseguramiento. Eso quiere decir que a esa cifra hay que sumarles las recientes 20 capturas.

Los procesos están ubicados en varias regiones del país. En el Valle del Cauca se desarrollan cuatro; Bogotá y Antioquia con dos; los restantes en departamentos como Tolima, Quindío, Cauca, Caldas, Risaralda, Bolívar, Santander y Cundinamarca.

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Primera Línea de Engativá

Quizás una de las investigaciones más impactantes es la que se perfiló como la Primera Línea de Engativá, no solo por los delitos que se les imputaron, sino por la calidad de los 13 procesados.

Todos ellos son jóvenes que apenas cumplían la mayoría de edad, como es el caso de Laura Sofía Bermúdez Galán, a quien los investigadores perfilaron como alias Fresa y le imputaron entre, todos los delitos, el de concierto para delinquir agravado e instigación para delinquir con fines terroristas.

En el video de captura, es evidente la cara de desconcierto de la joven y la impotencia con la que asume su penosa situación. Esas mismas imágenes se repitieron en las audiencias de legalización de captura junto con los otros 12 imputados.

Lo cierto es que los investigadores lograron documentar cinco hechos delictivos ocurridos el 28 de mayo, 13 de junio, 20 de julio y 9 de agosto, en los que ellos habrían participado como miembros de la Primera Línea de Engativá.

Según la Fiscalía, ellos serían los autores de la destrucción de locales en el Centro Comercial Héroes, de la Autopista Norte con calle 80 en Bogotá. Durante los actos violentos fueron lanzadas bombas molotov y los vigilantes del establecimiento habrían sido amenazados de muerte.

También documentaron supuestos enfrentamientos con la fuerza pública en los que habrían usado sustancias peligrosas.

La Fiscalía les sumó los bloqueos en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba, choques violentos con la fuerza pública y lesiones a un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), al igual que la retención y destrucción de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en la localidad de Suba. Y las confrontaciones con la fuerza pública, en Suba, donde resultó quemado en la espalda un integrante del Esmad.

De esos dos últimos hechos es que los investigadores lograron acceder a audios y videos en los que los jóvenes reconocen la autoría de varios de los delitos, ya que tenían por costumbre compartirlos en un grupo de WhatsApp que crearon.

En el primero, uno de ellos reconoce que secuestraron y quemaron un bus del SITP.

Y en el otro, uno de los muchachos narra un incidente con un patrullero de la Policía a quien le arrojaron una bomba molotov por la espalda. No obstante, en ese audio no queda claro si el joven es quien comete la acción criminal o simplemente está contando un hecho que vio. Eso solo se sabrá en el juicio.

Pero el audio más llamativo para las autoridades, y que usaron varios medios de comunicación, es uno que presentó la Fiscalía en las audiencias de legalización de captura y que revelaría la supuesta financiación del ELN a los jóvenes de la Primera Línea que participan en la protesta social.

En ese punto específico se debe aclarar que, si bien uno de los muchachos menciona claramente al ELN, en el fragmento presentado en la audiencia no se puede inferir con precisión a qué se refiere cuando dice “el ELN nos debe a nosotros 100”.

Pese a ello, el fiscal no dudó en relacionar esa mención, con la tesis que vienen manejando las autoridades, en el sentido de que organizaciones criminales como disidencias de las Farc y el mismo ELN estarían financiando la protesta social a través de la Primera Línea.

¿Secuestro y tortura de policías?

Los jóvenes más enredados judicialmente son los ocho integrantes de la denominada Primera Línea La Y, a quienes la Fiscalía les imputó por el secuestro y tortura de ocho policías.

Primera Línea La Y, Palmira
Primera Línea La Y, Palmira

El supuesto hecho criminal sucedió el 27 de mayo en la vía Cali–Palmira del Valle del Cauca, donde los jóvenes de la Primera Línea habían instalado un punto de bloqueo.

“Donde se presume que retuvieron a ocho miembros de la Policía Nacional, adscritos al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), a los cuales al parecer amarraron, golpearon, torturaron y despojaron de sus pertenencias (documentos de identidad, teléfonos celulares y dinero)”, dice la Fiscalía en la imputación.

También se presume que son los responsables de incendiar el vehículo en el que se movilizaban los policías, vestidos de civil porque estaban en su día de descanso. 

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Como se recordará, horas después del hecho y tras una negociación, las víctimas fueron entregadas a una comisión médica y a delegados de organismos de derechos humanos.

Sin embrago, en este caso el material probatorio recaudado por la Fiscalía son videos, entrevistas a testigos y reconocimientos faciales. Eso quiere decir que solo cuando se adelante el juicio, se sabrá con certeza el grado de responsabilidad de los jóvenes en esos graves delitos que les imputaron.

El caso de los tres agentes de la Dijín

Otro presunto secuestro que tuvo mucho eco en medio del paro, fue el ocurrido el 26 de mayo en la variante del municipio de Bugalagrande (Valle).

Según la Fiscalía, en el punto de bloqueo que instalaron manifestantes de la Primera Línea, retuvieron ilegalmente a tres integrantes de la Dijín de la Policía Nacional.

En las indagaciones se logró determinar que los policías fueron objeto de tortura, múltiples lesiones con elementos contundentes y cortopunzantes; les habrían hurtado sus celulares, computadores, armas de dotación y documentos, además les arrojaron gasolina e incendiaron el vehículo en el que se transportaban”, dice el documento oficial de la Fiscalía.

Por ese hecho fue capturado esta semana en Popayán (Cauca) el joven Jonathan Andrés Ramírez Serna y llevado hasta Bugalagrande (Valle), donde un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural.

Jonathan Andrés Ramírez, Primera Línea
Jonathan Andrés Ramírez, Primera Línea

Ramírez Serna fue imputado como presunto responsable de delitos de secuestro simple agravado, tortura agravada, homicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado y daño en bien ajeno agravado. Él no aceptó cargos.

¿Y la Primera Línea Jurídica?

Diario Criterio consultó con varios de los abogados que hacen parte de lo que ellos mismos denominaron “la Primera Línea Jurídica”, creada como un colectivo para defender de manera gratuita a todos los jóvenes judicializados o violentados por la Policía durante la protesta social.

Se trata de un pool de abogados liderado por Miguel Ángel del Río, Augusto Ocampo y Élmer Montaña, quienes junto con otros litigantes defienden gratuitamente a los capturados dentro del paro.

Para Augusto Ocampo, lo que está haciendo la Fiscalía con las capturas e imputaciones es más que obvio dentro de sus funciones como responsable de ejercer la acción penal. “Otra cosa es que los jueces compren esas hipótesis, que en muchos casos parecen englobadas con delitos que carecen de elementos probatorios”.

En similar postura se expresó el abogado caleño, exfiscal y activista Élmer Montaña, para quien esos procesos tienen errores tan absurdos como el de capturar a recicladores para mostrar resultados.

Concretamente, defendí a un reciclador que ya está en libertad pero que fue capturado por el simple hecho de estar en el sitio del bloqueo”, dijo el abogado Montaña.

Agregó que la Policía llegó a ese sitio a levantar el bloqueo, disparando sus armas y atropellando a todo el mundo, “pero nunca tuvieron en cuenta que ese sector es un lugar tradicional donde diariamente les dan desayuno a personas vulnerables y mi defendido ese día, como de costumbre, madrugó a las cuatro de la mañana por su desayunito y le echaron mano”.

Por su parte, el abogado Uberney Marín, quien junto a otros colegas defendió gratuitamente a 60 jóvenes capturados, recordó que en el caso de las redadas masivas ejecutadas en Cartago (Valle), Pereira y Dosquebradas (Risaralda), solo hay uno de ellos sigue tras las rejas, pero 42 fueron judicializados.

En esa región del país el tema se volvió noticiamporque uno de los abogados aseguró, en plena audiencia de legalización de captura, que a su defendido lo habían imputado por “porte ilegal de tachuelas”, ya que ese fue lo único que le hallaron en el bolso al momento de la captura.

Ayuda internacional

Lo ocurrido con los jóvenes de la Primera Línea fue tan delicado y atípico, que hace poco los abogados y activistas del Eje Cafetero presentaron un informe sobre violación de derechos humanos ante las Naciones Unidas.

En ese informe detallan cada uno de los casos de vulneración de derechos, las capturas, maltratos y hasta torturas a las que fueron sometidos los jóvenes manifestantes, durante las detenciones que hizo la Policía.

En efecto, esas presuntas violaciones también hacen parte de un infirme ejecutivo elaborado por Temblores ONG, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS).

El documento, que arrojó cifras aterradoras en materia de violación sistemática de derechos por parte de la fuerza pública durante la protesta social, fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con el informe, la represión con la que el Estado enfrentó los reclamos de la ciudadanía dejó 4.687 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública.

Lo llamativo para muchos es que por esos presuntos crímenes aún no hay cifras y capturas rimbombantes como las que vienen sucediendo en contra de los jóvenes de la Primera Línea.

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4 Comentarios

  1. En la CIDH aterrizo recientemente el abogado Bernal promovido por Duque, alli no les espera nada bueno a este informe remitido ya que este señor exmagistrado legisla sustentado con biblia en mano, aparte de ser xenofoba y homofobico.

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