Fiscalía, ¿obstáculo o aliado para la paz?

César TorresCésar Torres

El plan esbozado por el presidente, Gustavo Petro, no puede arriesgarse a que la Fiscalía conspire y se convierta, otra vez, en un obstáculo para la paz, como lo hizo bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez.

El Gobierno que recién comienza en Colombia parece tener un plan de paz. Lo ha denominado paz total. Tiene dos objetivos diferentes, pero complementarios: el primero, terminar la confrontación armada que hay entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el segundo, quitarles el control territorial a los grupos armados ilegales que lo ejercen, aunque carecen de ideología y postulados políticos.

Con el ELN, se dialogaría y se buscaría lograr acuerdos políticos. A los grupos armados ilegales que no tienen ideales en ese orden, pero ejercen control sobre poblaciones y territorios, se les ofrecería condiciones favorables para que se acojan a la ley.

Son procesos distintos. Cada uno tendrá su propio enfoque, dinámica y características. Se deberían llevar a cabo independientemente, aunque, para el Gobierno, hagan parte de la construcción de la paz total.

En ambos casos, la Fiscalía tendrá un papel como ente acusador. Es una institución muy poderosa. Tanto, que el fiscal general actual dijo que su puesto es el segundo más importante del país.

Dicha entidad, tan fuerte, cumplirá, pues, su papel, tanto en la dinámica con el ELN, como en la que se siga con los grupos armados que no tienen vocación política. Tal vez lo haga siguiendo una de las dos vías que ha usado en los últimos años: creando una instancia especializada dentro de ella misma, como en las negociaciones del gobierno Uribe con los paramilitares; o inmiscuyéndose, directa o indirectamente, en el trabajo judicial que hagan los entes de investigación y juzgamiento aprobados en un eventual acuerdo, como lo intentó varias veces con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Puede interesarle, de César Torres: ¿Poder sin gobierno y gobierno sin poder?

Sea cual sea el modo que la Fiscalía use para adelantar su trabajo en estos escenarios, es necesario señalar, con la mayor exactitud posible, el papel que tendrá en la investigación de hechos cometidos por integrantes del ELN o quienes hagan parte de las organizaciones que se acojan a la ley.

El plan esbozado por el presidente, Gustavo Petro, no puede arriesgarse a que la Fiscalía conspire y se convierta, otra vez, en un obstáculo para la paz, como lo hizo bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, quien puso trampas y construyó acusaciones falsas contra excombatientes que estaban en el camino de hacer política sin armas, hasta llevarlos de regreso a la guerra.

Y tampoco puede correr el riesgo de que la Fiscalía, por pura y física inactividad, garantice la impunidad de personas que estuvieron directamente involucradas en la acción militar y/o de terceros civiles, sin ideología y vocación de poder político, que han sido los beneficiarios, instigadores, organizadores y/o financiadores de grupos armados agresores de la población. La impunidad propiciada por esta institución también ha sido un obstáculo para la paz.

Si se delimitan con exactitud las funciones del ente investigador en lo que concierne al proceso con el ELN y al de acogimiento a la ley de los otros grupos armados ilegales se generaría confianza en las partes interlocutoras, en las personas que simpatizan con la causa de la paz y están dispuestas a participar en su construcción, y en la sociedad en su conjunto. Sería una medida defensiva de la seguridad jurídica de los dos procesos.

También, de este autor: Nosotras, las gentes

Señalar taxativamente las funciones que la Fiscalía tendrá en este aspecto es una de las primeras decisiones tendientes a hacer de esa poderosa institución un aliado de la política de paz total.

Pero esa decisión no basta. Es menester involucrarla en proyectos y espacios concretos de construcción de paz en los que su misión institucional se materialice. Así aparece descrita en el portal de la entidad: “La Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al acceso a la justicia de los habitantes del territorio nacional (…) Así mismo, protege los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de los delitos y participa activamente en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado”.

La mesa de negociación con el ELN y el diseño de la política de acogimiento a la ley dirigido a los grupos armados ilegales que no tienen proyecto político son algunos de los espacios de construcción de paz en los que la Fiscalía puede concretar su misión. En ellos, la institución también puede hacer realidad su visión de contribuir a “una sociedad libre de violencia”.

Definir las atribuciones de la Fiscalía en los dos ámbitos de paz y permitir su participación de manera diferenciada en los mismos es una manera de lograr que la entidad abandone su papel de obstaculizar todo intento de paz y se convierta en su aliada y promotora.

Quizá las personas que hoy la dirigen y quienes la dirijan en el futuro asuman las palabras del general Dwight Eisenhower: “La paz y la justicia son las dos caras de la misma moneda”.

Lea todas las columnas de César Torres aquí.