Fiscalía: ¿traslados como sanción?

Todo parece indicar que la cuestionable práctica de traslados a fiscales como castigo por errores en procesos, investigaciones incómodas o favores políticos del fiscal general es más común de lo que parece.

El reciente escándalo surgido a raíz de la orden de reubicación de la fiscal Angélica Monsalve, quien tiene a su cargo la investigación penal contra la poderosa familia Ríos Velilla, revivió un secreto a voces dentro de la Fiscalía: los traslados como castigo.

Aunque oficialmente esa cuestionable práctica no es admitida dentro del ente investigador, y por el contrario se justifica con el argumento de “necesidades del servicio”, varios funcionarios consultados por Diario Criterio coincidieron con que esa es precisamente el arma de intimidación con la que cuentan las directivas.

Explican que, por cuenta de los traslados o reubicaciones, ponen en cintura o castigan a fiscales incómodos que no cumplen con favores en torno a los procesos o como una manera de persecución laboral.

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Fredy Machado, vocero de Asonal Judicial en el complejo de Paloquemao (Bogotá), no dudó en recordar algunos polémicos episodios en torno a cuestionables traslados de fiscales.

“Todo el que ha laborado para el ente acusador sabe que los traslados son una potente herramienta de terror que doblega cualquier resistencia o intento de protesta”, aseguró Machado.

Según el dirigente sindical de la rama judicial, en esa misma lista de fiscales perseguidos, como el caso de Angélica Monsalve, hay muchas historias.

Hay que recordar que la fiscal Monsalve, quien actualmente labora como fiscal seccional de Bogotá, será enviada a trabajar al Putumayo, al parecer, por negarse a cambiar su decisión de imputar a los hermanos Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Velilla y su sobrino el exconcejal Felipe Ríos Londoño.

“Muchas son las personas que han sido víctimas de esta perversa política laboral. En especial, se sabe de algunos coordinadores que, con más de 10 años en sus cargos, siguen impolutos en sus posiciones de ‘privilegio’ con la sencilla fórmula de atacar, contraatacar y madrear a sus dirigidos. Y si no te gusta: el traslado sanción”, escribió recientemente el dirigente sindical.

Por ejemplo, el propio Machado recuerda el caso de una secretaría en la seccional de Pereira (Risaralda) que, por un error, fue trasladada al departamento del Vaupés.

El error de esa funcionaria, identificada como Lina Marcela Cuervo y que se desempeñaba como Clasificadora de Denuncias, es haber escrito el nombre del contralor Carlos Felipe Córdoba como indiciado de una denuncia contra esa entidad en Risaralda.

En la Fiscalía aún no olvidan el caso del fiscal José Tous, asignado a San Andrés y Providencia, donde tenía arraigo y familia. Pese a ello, súbitamente fue trasladado a Samaniego (Nariño) en la era del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez Neira.

Similar historia sucedió con el director de Fiscalías en Nariño, quien hace poco fue degradado y enviado a la seccional en Riohacha (La Guajira). Su pecado, cuentan funcionarios a Diario Criterio, fue abrirle investigación a una colega suya que dejó vencer los términos de un proceso penal. Todo indicaría que la funcionaria tenía amigos poderosos dentro de la entidad.

O la renuncia súbita que presentó la fiscal Amparo Cerón, encargada del mega proceso por el escándalo de los sobornos de la multinacional Odebrecht.

En la carta de renuncia irrevocable que Cerón le presentó al fiscal general Francisco Barbosa, luego de ser relevada de la coordinación de ese macro expediente, ella cuestionó la coincidencia de esa decisión con las citaciones previas que hizo a los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y al empresario Luis Carlos Sarmiento.

Otros polémicos traslados en la Fiscalía

Los traslados son justamente una de las polémicas que más abruman al actual fiscal Francisco Barbosa.

A comienzos de 2021, Barbosa fue protagonista porque expidió varias resoluciones en las que ordenó la reubicación de 21 fiscales delegados ante tribunal y al menos 40 investigadores que salieron de Bogotá para otras regiones del país, algunas de ellas consideradas zonas rojas.

Uno de esos traslados cuestionables fue justamente el de dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y que estaban a punto de tomar decisiones de fondo contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en la contratación.

Las afectadas con esa decisión de Barbosa fueron las fiscales Elba Beatriz Silva Vargas y Patricia Jacqueline Feria Bello.

No obstante, Barbosa no ha sido el único y el más polémico con los traslados, relevos o reubicación de fiscales.

El país aún no olvida la declaratoria de insubsistencia que hizo la entonces fiscal general Viviane Morales contra el fiscal Germán Pabón, quien llevaba el proceso contra los primos Nule por el escándalo conocido como el Carrusel de la contratación en Bogotá.

En la era del fiscal Eduardo Montealegre también hubo un polémico traslado por “necesidades del servicio”. Se trató de Patricia Hernández, fiscal delegada encargada de Justicia y Paz, a quien sorpresivamente trasladaron a Florencia (Caquetá).

Esa decisión fue tan extraña y sorpresiva, que los magistrados del Tribunal Superior de Medellín se pronunciaron en contra de ese traslado intempestivo de Hernández, quien además tenía a su cargo procesos contra los exjefes paramilitares Diego Fernando Murillo, alias don Berna, y de Ramiro ‘Cuco’ Vanoy.

Algo parecido sucedió con el fiscal a cargo de la investigación contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por sus presuntos vínculos paramilitares, concretamente con el grupo de los 12 Apóstoles.

Justo antes de que el fiscal del caso tomara decisiones de fondo contra el hermano del expresidente, el proceso fue enviado a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dada la connotación de la investigación y la gravedad de los hechos.

Más allá de los argumentos jurídicos y las explicaciones administrativas de esos traslados, no hay duda de que la mayoría obedece a un patrón de castigo.

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