‘Fracking’ en Colombia, un debate de esperas y desplantes

El Consejo de Estado retomó la discusión para revisar si anula o mantiene las normas que permiten esta práctica extractivista. A su vez, líderes ambientales buscan frenarlo, en especial las pruebas piloto que se adelantarán en Puerto Wilches.

Las próximas semanas serán definitivas para el futuro del fracking en Colombia.

Por un lado, en el Consejo de Estado se debate el futuro de dos demandas en contra de esta práctica: una que busca darle o no nulidad a las normas que la validan y otra en contra de los pilotos que fueron aprobados y se realizarían en Puerto Wilches (Santander).

Sumado a ello, 52 congresistas y activistas buscan darle celeridad al proyecto de ley que busca prohibir el fracking en territorio colombiano argumentado las afectaciones ambientales y de salud que esto podría ocasionar.

El epicentro del fracking en Colombia es Puerto Wilches, ubicado a unos 50 kilómetros de Barrancabermeja y a 146 de Bucaramanga, donde hallaron potencial para esta práctica.

En este municipio ubicado en la cuenca del Magdalena medio se aprobaron los dos pilotos: Kalé, de Ecopetrol, y Platero, de Exxon Mobil.

Puerto Wilches tiene grandes reservas acuíferas —a pesar de que no sean potables— y una economía que depende en 90 por ciento o más del cultivo de palma de aceite, que requiere de grandes cantidades de agua para su producción.

El fracking es un asunto que no ha sido ajeno para sus pobladores y, aunque algunos han manifestado abiertamente su rechazo a la técnica, otros han estado a la espera de conocer más detalles para asumir una posición.

Las demandas

La Alianza Colombia Libre de Fracking viene acompañando este proceso con la comunidad que busca evitar que se realice el fracturamiento hidráulico —el nombre con el que se conoce—. A la par, Ecopetrol adelanta una labor de socialización y un trabajo de diagnóstico para establecer la línea base que le permita conocer cuáles son los impactos que podría tener la extracción de petróleo a partir de la técnica.

La demanda que llegó al Consejo de Estado en contra del fracking llegó en el 2016 y lo que busca es que se tumben el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que permiten la exploración y explotación de hidrocarburos desde yacimientos no convencionales, a través del fracturamiento hidráulico.

Puede leer: 52 congresistas promueven por tercera vez proyecto de ley para prohibir el fracking

La otra demanda que se analiza es en contra de la norma que dio vía libre a los pilotos de fracking en Colombia, pues, aunque la primera surta un efecto que la deje sin piso, las pruebas de exploración e investigación podrían continuar pues están bajo normas diferentes.

Con el trámite en el Congreso, la ruta ha sido lenta. En dos ocasiones se ha presentado el proyecto de ley, pero en ambas ocasiones se hundió, una de ellas por falta de quórum. Hace un par de semanas se aginaron ponentes y lleva un ritmo despacioso, por lo que congresistas que la respalda y activistas han reclamado celeridad.

Lo que el ‘fracking’ traería

Desde la comunidad se ha insistido en que adelantar el fracturamiento hidráulico pone en riesgo a la población. Según Carlos Andrés Santiago, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, están demostrados “los riesgos y los impactos del ‘fracking’ en la contaminación del agua, afectación a la salud, destrucción de la biodiversidad, los impactos sociales, los impactos a la comunidad”.

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, ha dicho que el gobierno está pendiente de los proyectos piloto que les permitirán “identificar si esa técnica tiene afectaciones para el medioambiente”.

Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), dijo hace algunas semanas que si se logran desarrollar proyecto de fracking de forma sostenible “la riqueza que viene para el país es inmensa. Estamos hablando de una multiplicación de las reservas de los hidrocarburos líquido por 10 y las de gas por 25 solo por cuenta de los yacimientos no convencionales”.

Según ha revelado la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se ha compartido que con la explotación del fracking podría aumentarse en 25.000 millones de barriles de crudo adicionales, un contraste ante la baja producción que se ha tenido con los métodos convencionales de exploración.

Le puede interesar: Colombia, el país con más líderes ambientales asesinados: en 2020 fueron 65

Diálogo con la comunidad

La ANH dijo que se ha tenido un camino de diálogo con la comunidad donde han participado las compañías involucradas, el gobierno y las entidades territoriales, además se están definiendo líneas base regionales y “se espera que Ecopetrol radique en el corto plazo el Estudio de Impacto Ambiental de Kalé”.

Precisamente, el Ministerio de Salud emitió la Resolución 1541, que establece que serán los mismos municipios los responsables de levantar la línea base de salud. El Minsalud determinará las variables a monitorear y las entidades territoriales podrán conformar un Comité Técnico de Acompañamiento para que vele por el cumplimiento de la línea base.

A Santiago le parece extraño que el Ministerio les imponga esta carga a los municipios, y directamente a Puerto Wilches —el único con pilotos de fracking—, pues, según le dijo a Diario Criterio, “el mismo alcalde ha manifestado que no tiene ni los recursos ni la experiencia para adelantar esta tarea”.

Activismo ambiental

La comunidad y los activistas ambientales están enfocados en evitar que se adelante este tipo de exploración y explotación, y son conscientes del riesgo que esto representa. No han sido ajenos a amenazas e intimidaciones, pero apuestan por seguir adelante con su labor.

Santiago explica que en la región no están dadas las condiciones de seguridad, pero siguen adelante con su trabajo. “La llegada de los pilotos de ‘fracking’ llegó junto con una práctica de intimidación a grupos y personas que abiertamente nos hemos opuesto”, dice, y agrega que estas han sido denunciadas en su totalidad a las autoridades.

La preocupación es mayor al saber que en Colombia fueron asesinados 65 protectores del medioambiente en 2020, según reveló la organización no gubernamental (ONG) Global Witness. Esto se suman a las intimidaciones y amenazas que otros cientos recibieron.

El fracking es un tema que se sigue moviendo en el país y en el que se esperan decisiones prontas, por eso el llamado es a evitar dilaciones y desplantes que ralentizan el debate.