Re-cuento: Michín, el gato Barbosa

Michín dijo a su mamá: ‘voy a volverme Pateta, y el que a impedirlo se meta, en el acto morirá’. Así parece haber jurado Francisco Barbosa antes de salir de Palacio, al cambiar su traje de consejero presidencial para los Derechos Humanos por el de fiscal para caer parado en el que consideró, desde entonces, un trono de rey supremo a cualquier Duque mortal.

Todo en Michín es magnificencia. Nos dijo que él “probablemente tiene la mayor formación entre las personas de su edad en el país”, y que “para conseguir un nuevo fiscal este país tiene que pensarlo muy bien”. Dudo que los pergaminos basten cuando se tiene poco o nada de experiencia en derecho penal y cuando varias de sus actuaciones han dejado tanto que desear en términos técnicos, éticos y democráticos.

Además, ¿cómo un ser tan estudiado puede afirmar que su cargo es el “segundo más importante de esta nación”, que estaba haciendo “la mejor fiscalía de la historia” a solo 90 días de gestión (ni el 10 por ciento del periodo), y que se han reducido los asesinatos a líderes sociales durante el gobierno de Duque, según un informe que hizo cuando era consejero, el cual tiene sendas fallas metodológicas, como lo explicó Rodrigo Uprimmy?

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Maullidos megalómanos de quien se cree un extraordinario gato temido por los bandidos (aunque parezca otro gato de Pombo), pero que, en vez de investigar y acusar verdaderos malhechores, dedica parte de sus esfuerzos a atemorizar periodistas, políticos y cualquier ciudadano que lo cuestione. Pues decir que cuando “hay críticas a la acción de la Fiscalía siempre hay detrás algún delincuente parapetado” es un atentado contra la democracia porque se equipara vulgarmente crítica con delincuencia, criminalizando el derecho a la libre expresión.

Una de las más recientes pruebas de tiranía pura y dura fue su orden de “inspección judicial” (¿allanamiento?) a Noticias Uno “con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio y/o video de la trasmisión realizada el 19 de octubre de 2013”, presumiendo el delito de “revelación de secreto”. Lo que resulta inconstitucional, porque atenta contra la libertad de prensa, de opinión y de información, y contra las fuentes periodísticas: ciudadanos que tienen el derecho y el deber de denunciar irregularidades, agresiones y fechorías, y a ser protegidos mediante reserva. Pero como esta red independiente lo ha interpelado y él es incuestionable, advierte cual Michín: “Voy a volverme Pateta, y el que a impedirlo se meta, en el acto morirá”.

Respuesta que también se ha evidenciado con sus persecuciones cantinflescas a varios políticos. Ordenó la captura “preventiva” del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en medio de su manejo de la pandemia en el departamento (no había riesgo de que huyera –requisito para ese tipo de captura) y el proceso en cuestión es de 2005, por lo que las pruebas están establecidas y custodiadas (no hay riesgo de alteración– otro requisito). Es decir, una orden innecesaria, injustificada y arbitraria.

Está el caso de la senadora Angélica Lozano y de la alcaldesa Claudia López, quienes en medio de la cuarentena incumplieron la restricción de pico y género, y Michín sugirió que esa infracción era un asunto penal. La Corte Suprema de Justicia dio su negativa, considerando que carecía de relevancia penal y se resolvía con una multa a la senadora.

Además, el amigo del “Presi” ha tenido entre ojos a algunos candidatos presidenciales. A Fajardo le ordenó imputación de cargos por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato de sustitución de deuda cuando fue gobernador. Frente a lo que varios expertos han dicho que el sustento jurídico era precario, y que parece más un asunto político por el momento electoral. Sobre Petro dijo, sin prueba fehaciente, que en las elecciones pasadas hubo “una presunta financiación de mineros a su campaña” en La Guajira, lo cual es irresponsable como fiscal general.

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Francisco Barbosa e Iván Duque
Francisco Barbosa e Iván Duque

Los disparates no paran ahí. Durante el estallido social, Michín dijo que, para los vehículos que obstruyeran vías públicas y afectaran derechos ciudadanos, “la Fiscalía ejercería extinción de dominio y se quedaría con los camiones en el marco de la extinción”. Pero reconocidos penalistas advirtieron que era una determinación sin soporte legal porque esos vehículos no procedían de actividades ilegales. Y, lo más perverso, estaba equiparando la protesta social, que es un derecho, con actuaciones ilegales.

Talante que también se vislumbra en su implacable acusación a jóvenes protestantes (contrario a las dilaciones con el evidente caso del caleño Andrés Escobar), y en sus juicios sobre la Primera Línea, a la que ha catalogado como “banda”, acusando, además, a una de ellas de “terrorismo”, como lo anotó El Espectador en julio de este año.

No estoy justificando la violencia, ni el vandalismo, ni la delincuencia. La Fiscalía debe investigar y, de ser el caso, acusar, pero brindando todas las garantías. Lo que hago es llamar la atención sobre la peligrosa narrativa de Michín, en la que nos convierte en terroristas o delincuentes a quienes lo cuestionamos, a quienes pensamos distinto y a quienes nos movilizamos. Es decir, a quienes ejercemos nuestros derechos, los cuales son legítimos y sanos para una democracia. Y eso que el hombre viene de ser consejero presidencial para los Derechos Humanos. Aterrador.  

Y el recuento sigue. Está el viaje de “trabajo” de Michín a San Andrés en medio del estricto confinamiento nacional por la pandemia, a donde se desplazó en avión oficial de viernes a lunes festivo con su esposa, su hija, una amiga de ella, su amigo, el contralor, y su pareja. A lo que se suma que la aeronave regresó el martes a la isla a recoger parte del esquema de seguridad, al parecer, porque con los puestos que llenaron sus familiares, no cupieron todos.

Lo más desconcertante es que Michín, en vez de reconocer el error, salió con su armadura déspota a decir: “Siempre que tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia, lo haré”. Maullidos de gato que quiebran la democracia y mandan un pésimo mensaje a la sociedad: los servidores públicos, llamados a prestar servicio a los ciudadanos tal y como su nombre lo dice, hacen lo que les da la gana y abusan de su poder cuanto quieren, con recursos públicos, es decir, a costa de nuestros bolsillos. ¿Cómo pretendemos ser una sociedad viable cuando nuestros mandatarios y, peor aún, los entes de “control” están fuera de control?

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El fiscal debería ser investigado. Este país necesita señales que den esperanza y credibilidad institucional, y lo que el Gobierno (incluido Michín por lo de comodín) ha dado es desgobierno, desesperanza y hasta risa. Pues, para rematar, por primera vez en la historia de la entidad, el fiscal contrató un estratega político como asesor, al parecer, para asuntos de comunicaciones.

Desde entonces, él “es” la Fiscalía. Un todopoderoso que se atribuye personalmente buena parte de los logros de miles de funcionarios de la entidad. A inicios de la campaña por la eliminación de la violencia contra la mujer, se montó en la página web de la institución una nota de La W Radio con el titular: “El que se meta con una mujer se mete también con el fiscal: Francisco Barbosa”. También empezaron a hacerse recurrentes en el Twitter oficial, titulares como: “Bajo el liderazgo del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se logró la judicialización de John Fernando Oliveros, alias Agustín Puente (…)” (04/09/2020, 11:48 am). Qué inseguridad la de él y la del país al estar en manos de Michín.

Podría quedarme escribiendo varios tomos de la nueva versión de Michín, porque sus actuaciones son un sinfín de gazapos y su carácter vanidoso, malevolente y fanfarrón representa lo contrario a lo que necesitamos en ese cargo. La suma de un poder real a uno imaginado es tremenda hecatombe. Más aún cuando se trata de un poder que puede hacernos perder el mayor valor de la vida, la libertad en todas sus expresiones, entorpecer investigaciones realmente importantes, acusar inocentes y perseguir ratonzuelos.

Si bien fiscales de bolsillo han sido muchos, este Michín, que se relame en autoadulaciones de “probo” y “preparado”, debía saber, o al menos haber aprendido de experiencias anteriores, y declararse impedido para ejercer el cargo por su cercanía con el presidente; y, además, separarse del proceso de la Ñeñepolítica, en el que, contradictoriamente, se ha avanzado en los procesos de los policías que interceptaron legalmente al Ñeñe, pero en los casos de Priscila Cabrales y Caya Daza, que están vinculadas, no hay mayor progreso, y tampoco se han abierto investigaciones a otros políticos de la costa Atlántica relacionados con la compra de votos en las conversaciones que se le interceptaron a Hernández.

Estos asuntos de bolsillo no solo se dan con Michín, y desafortunadamente las cosas no se resuelven con “separar” al fiscal de algún proceso y poner uno ad hoc. Lo que se necesita es una reforma constitucional que reestructure la forma de elegir al fiscal general y algunos de sus procedimientos. Proyecto de ley que existe, pero que ya Barbosa ha criticado.

Este es pues el re-cuento de sandeces y peligros que hay detrás de Michín. Desafortunadamente, nuestra memoria es pésima y nuestra indiferencia ante los cuentos públicos peor, aunque esté en juego nuestra libertad. No es cuestión de quejadera inútil, se trata de la justicia, la democracia y la confianza institucional.

Ojalá la nueva versión de Michín termine parecida a la original, y que Barbosa se retire y vuelva a su hogar, donde a bien podrá viajar con su familia y su propio caudal: “(…) paso a paso vuelve a casa, con aire humilde y contrito: ‘confieso mi gran delito y purgarlo es menester; has de ver que nunca más seré malo, ¡oh Mamita! Dame palo ¡pero dame qué comer!‘”. En últimas, cualquier gato no puede obrar como fiscal. 

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3 Comentarios

  1. Maria Camilia, triste realidad en una de las instituciones que por transparencia debiera ser de las que más credibilidad generará en la ciudadanía. Felicitaciones por tu pluma.

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