El fantasma de fraude y las elecciones más complejas en la historia de Colombia

Los colombianos asisten a las urnas sin la solicitada auditoría externa, voceros de izquierda y derecha hablando de fraude electoral, un registrador bajo amenaza de suspensión, y a las firmas contratistas que manejarán el software del preconteo y escrutinio bajo sospechas.

La elección presidencial en Colombia se convirtió en un novelón cargado de intrigas, denuncias, señalamientos y mucho drama.

La primera temporada de esa puesta en escena arrancó con las elecciones al Congreso del pasado 13 de marzo, que estuvieron marcadas por insólitos tropiezos tecnológicos y terminaron con el grito de presunto fraude.

Y como si se tratara de un guión de ficción que todo lo puede, lo que empezó como una denuncia de irregularidades durante el preconteo que beneficiaba a los partidos aliados al gobierno y afectaba al Pacto Histórico de la oposición terminó convirtiéndose en todo lo contrario.

Es decir, pese a las evidencias de que durante el preconteo a los candidatos del Pacto Histórico le habían restado más de un millón de votos que recuperaron durante el escrutinio, desde la derecha y sus voceros pusieron a rodar un discurso sugiriendo todo lo contrario.

A partir de ese argumento es que aparece en la escena pública la famosa acción popular y denuncia penal contra la Registraduría. En la primera se solicitó como medida cautelar la designación de un registrador ad hoc, lo cual fue negado por el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que atendió la demanda.

Y en cuanto a la denuncia penal contra el registrador Alexánder Vega, esta apenas se encuentra en etapa de indagación preliminar, aunque ya generó mucho ruido y especulaciones.

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Lo cierto es que esos dos procesos legales sirvieron de insumo para que voces altoparlantes de todas las vertientes políticas se sumaran al discurso de fraude electoral e inexistencia de garantías para la votación presidencial de este domingo 29 de mayo.

Ese enrarecido ambiente preelectoral sirvió para que, una semana antes de la cita a las urnas, los colombianos padecieran el penoso rifirrafe entre los aspirantes presidenciales, atacando a las instituciones encargadas de velar por la transparencia en los comicios y al Gobierno.

Por un lado, el candidato de izquierda Gustavo Petro, hablando de “Golpe de Estado”, porque supuestamente tenía información del aplazamiento de las elecciones.

Por el otro, el presidente del Congreso, el senador Juan Diego Gómez, exigiendo que se nombre un registrador ad hoc, porque el actual, según él, no ofrece garantías.

Para rematar, el expresidente conservador Andrés Pastrana, azuzando el ambiente con su tesis de fraude electoral, basado en una reunión pública que Gustavo Petro tuvo en España, con directivos de Indra, la nueva empresa contratista que proporcionó el Software con el que se realizará el escrutinio de los votos.

Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, a cinco días estas elecciones, se supo que la tan anhelada auditoría internacional no se haría, pese a que días antes el propio registrador Alexánder Vega anunció que ya estaba lista.

En conclusión, los colombianos asisten este domingo a las urnas sin la solicitada auditoría externa, voceros de la derecha y la izquierda hablando de fraude electoral, un registrador bajo amenaza de suspensión y a las firmas contratistas que manejarán el software del preconteo y escrutinio, bajo sospechas.

Supuesto fraude electoral a favor de…

Página de la Registraduría. Registrador Alexánder Vega y el presunto fraude electoral
Registrador Alexánder Vega y el presunto fraude electoral.

Uno de los temas más espinosos de todo este ambiente electoral son las denuncias de un presunto fraude electoral durante las elecciones al Congreso del pasado 13 de marzo.

El pasado 24 de abril, Diario Criterio publicó una investigación periodística en la que revelaba los documentos que sustentarían la denuncia penal instaurada por el abogado Sergio Alzate contra el registrador Alexánder Vega por presunto fraude electoral. El informe revela la existencia de supuestos audios, chats y contratos que serían parte de la evidencia que fue entregada a la Fiscalía General para su respectiva investigación.

Lea esa investigación aquí: Anatomía de un presunto fraude electoral en la Registraduría

Lo insólito del asunto es que, pese a que toda la evidencia dejaría al descubierto que las presuntas irregularidades en torno al proceso de preconteo habrían beneficiado a los candidatos de los partidos aliados al Gobierno, líderes de la derecha intentar usar esas mismas pruebas, pero para demostrar lo contrario.

Dicho en palabras más simples, la tesis que manejan desde los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, es que las irregularidades en realidad se presentaron en el escrutinio y no en el preconteo.

Carta Juan Diego Gómez, presidente Congreso
Carta Juan Diego Gómez, presidente Congreso, sobre presunto fraude electoral.

A simple vista, esa tesis parece absurda, porque precisamente con el escrutinio realizado por notarios y jueces de la República, sumado a la veeduría que realizaron los más de cien mil testigos electorales del Pacto Histórico, se descubrió la irregularidad.

Gracias a ese proceso de escrutinio y a la veeduría de los testigos, fue posible corregir y recuperar el millón de votos que no se les contabilizó a los candidatos del Pacto Histórico durante el preconteo. Por cuenta de esa corrección, la coalición opositora de izquierda pasó de 15 a 20 senadores.

Sin auditoría externa

Casi todos los analistas coinciden al afirmar que la falta de una auditoría externa no se puede interpretar como una señal de fraude en estas elecciones a la presidencia, sino como la ausencia de una herramienta adicional que daría más tranquilidad.

Es necesario hacer esta precisión. En medio de todo el debate se perdió de foco que los procesos electorales en Colombia ya cuentan con una auditoría, pero no es pública, sino secreta y de uso exclusivo para la Registraduría. Actualmente esa entidad electoral tiene un contrato vigente con la firma JAVH McGregor.

Lo que se pedía desde veedurías y colectivos ciudadanos es la transparencia en el funcionamiento de los siete softwares que usa la Registraduría en los procesos previos (selección de jurados) durante (preconteo) y posterior a las votaciones (escrutinio).

Para ello, reclamaban la existencia de una auditoría independiente y externa, que pudiera auditar los códigos fuente, las funciones y órdenes dadas a los programas informáticos y que los mismos no tuvieran puntos débiles u órdenes dormidas para manipular la información.

Fue el propio magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Guillermo Pérez quien denunció en su momento que la demora en el proceso de contratación de la auditoría externa se debió, en parte, al tiempo que tardó el gobierno de Iván Duque en girar los dineros para dicho proceso contractual.

Desde organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la fundación Karisma, venían alertando con meses de anticipación la necesidad de esa auditoría externa, incluso antes de las elecciones al Congreso.

“En todo caso, a pesar de todas las falencias que ha tenido el proceso y que deberán abordarse a futuro, lo que hemos visto de los problemas de marzo es que la trazabilidad manual del proceso ha permitido hacer control y veeduría en lo sustancial”, escribió recientemente en una columna de opinión Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma.

Lo increíble de todo ese ambiente electoral es que, justamente en medio de una de las votaciones más trascendentales y complejas, en las que podría cambiar el rumbo el rumbo del país, el fantasma del fraude electoral esté rondando las urnas.

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