“La fumigación con glifosato ha transgredido la democracia colombiana”

Un informe del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria revela que la aspersión aérea, además de incumplir la promesa de reducir los cultivos ilícitos, perjudica el derecho a la paz y a la participación de miles de colombianos.

El debate sobre la fumigación con glifosato ha estado cargado de numerosos argumentos que hablan sobre sus efectos en la salud, la economía y el medioambiente. Sin embargo, en pocas ocasiones se aborda la perspectiva del impacto negativo en la sociedad, la política y la institucionalidad.

Un grupo de investigadores del Observatorio de Tierras analizó cómo esta práctica afecta la democracia y la legitimidad del Estado. Los resultados del trabajo explican que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos (PECIG) choca con varios principios de la Constitución Política.

La promesa democrática de la constituyente fue más participación y más derechos; sin embargo, los diseños del PECIG van en contravía de esos principios. Se trata de una política supremamente centralizada en instancias controladas por el gobierno. Además, tiene una gran concentración operativa en la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional”, dice Bryan Triana, uno de los autores del informe.

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El informe presenta tres aspectos clave para sustentar su tesis. El primero tiene que ver con la poca participación de las comunidades más afectadas. Los investigadores señalan que el programa está diseñado y es modificado únicamente por el poder ejecutivo y las fuerzas militares, bajo la influencia del gobierno de Estados Unidos.

Esto indica que las comunidades étnicas y campesinas, así como las autoridades y gremios locales, siempre han sido excluidos e ignorados en el modelo de toma de decisiones de la política. Además, la mayoría de estos grupos no cuentan con un canal efectivo para presentar sus peticiones. 

Nilson Estupiñán, representante legal de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y líder social de Tumaco, asegura que se debe consultar “a los verdaderos afectados de la fumigación y recorrer las regiones, pues tan solo en Tumaco hay 365 veredas”.

Para los investigadores, la falta de participación es más grave debido a la gran opacidad con la que los gobiernos adelantan las fumigaciones. Al concentrar toda la operación en la Dirección de Antinarcóticos de la Policía (DIRAN) y amparándose en la figura de “reserva legal”, el Estado “impuso un velo que no le permite a la ciudadanía conocer la toma de decisiones detrás de la fumigación”.

El segundo punto central de la investigación habla de los daños a la democracia por el surgimiento de fenómenos violentos. Señala el informe que en los lugares de fumigación existen varios incrementos en las cifras de desplazamiento forzado y homicidios. “Si bien estos modelos no son causales, sí podemos decir que existe una asociación, que aún no sabemos si es directa o indirecta”, comenta la investigadora Margarita Marín.

Por último, el informe asegura que la aspersión aérea con glifosato incumple los mandatos constitucionales del Acuerdo Final de Paz. Según lo pactado, la fumigación es la última opción si fallan recursos como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS).

En suma, dice el informe que “si durante décadas los gobiernos pudieron rociar veneno sobre miles de hectáreas y personas fue a costa de subvertir principios constitucionales, evadir numerosos pesos y contrapesos institucionales, pasar por encima de gobiernos regionales y locales, y excluir a cal y canto a los más afectados por la política”.

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Lo que demuestran las cifras de la fumigación con glifosato

Otro de los puntos preocupantes que revela el informe tiene que ver con la falta de claridad en los criterios de fumigación. Los investigadores denuncian que, en varias ocasiones, las autoridades han fumigado zonas con nula o poca presencia de cultivos ilícitos. 

Fumigación con glifosato en Nariño - Observatorio de Tierras
Fumigación con glifosato en Nariño – Observatorio de Tierras

Uno de los casos que ejemplifican el fenómeno es el de Nariño. En el anterior gráfico, las zonas verdes representan cultivos de coca en 2013, mientras que las zonas moradas representan los cultivos para 2014. En cuanto a los puntos azules, se trata de los lugares donde se ha aplicado la aspersión aérea con glifosato.

Esto revela que en muchos lugares se fumigó en zonas sin cultivos. Para los expertos, es posible que en esas zonas las autoridades hayan asperjado basándose no en la cantidad de coca, sino en los niveles de violencia y otros factores sociales.

Existen años en los que los registros muestran un doble fenómeno: lugares con pocas hectáreas de coca, pero que reportan una enorme cantidad de hectáreas fumigadas; y sitios con masivos cultivos y sin una gota de glifosato registrada. Lo que esto refleja es la opacidad y la falta de criterios públicos y defendibles en la toma de decisiones”, dice el informe.

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¿Por qué insisten en la fumigación?

Para el profesor Francisco Gutiérrez Sanín, otro de los autores del informe, la política de fumigación se asemeja a “cortar el pasto de un jardín”. Con esta estrategia, según el investigador, el problema nunca acabaría, pues la fumigación es una política de contención, más no de eliminación. 

Aun así varios gobiernos han concentrado sus esfuerzos en la fumigación, sin éxito alguno. Gutiérrez Sanín cita un ejemplo del gobierno de Álvaro Uribe, cuando su ministro del Interior, Fernando Londoño, aseguró que para 2003 no quedaría ni una sola mata de coca en el país. 

¿Qué tan efectiva es la fumigación con glifosato?
¿Qué tan efectiva es la fumigación con glifosato? – Observatorio de Tierras

Los investigadores señalan que es difícil explicar cómo los gobiernos colombianos han perpetuado una política con tantos efectos negativos y tan poco aceptación en otros países. Aseguran que la influencia de Estados Unidos, mediante su política de guerra contra las drogas, es un factor clave para entender lo que pasa.

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Asimismo, dicen que es probable que las diferentes administraciones hayan optado por esta estrategia al considerarla menos costosa. Gutiérrez Sanín dice que si bien es cierto que durante la seguridad democrática disminuyeron las hectáreas de cultivos, esto trajo otros costos. El investigador habla de costos humanos, financieros y de sostenibilidad.

El político que impulsa las fumigaciones lo hace a sabiendas de que los costos sociales de estas no se traducen en costos políticos a nivel nacional porque los directamente afectados (los campesinos cocaleros) hacen parte de un sector estigmatizado y están de facto excluidos de la vida pública”, asegura el profesor.

El regreso del glifosato

Todo este debate se encuentra enmarcado en la intención del gobierno de Iván Duque por revivir las fumigaciones. Desde 2018 el mandatario ha demostrado su interés en apoyar el mecanismo como parte de una estrategia de su políticas antidrogas.

A finales de ese año, el gobierno lanzó la estrategia contra el narcotráfico, a la que bautizó como Ruta Futuro. En la propuesta se plantean cinco estrategias principales: la intervención de la fuerza pública para la recuperación de la seguridad., la reactivación de la aspersión aérea, la erradicación manual voluntaria, la sustitución y la aplicación de la investigación y tecnología para la reducción de cultivos ilícitos.

Lo anterior indica que la prioridad del Ejecutivo está en las medidas tradicionales, entre ellas el regreso del glifosato. “Desde estas directrices de política pública, se omiten las determinaciones del Acuerdo Final de Paz sobre la jerarquía de las estrategias y la prioridad de la sustitución”, señala el informe.

Por ahora, el regreso de la fumigación con glifosato está en los debates de los órganos judiciales. Los expertos aseguran que uno de los puntos más urgentes es incluir en el debate a los más afectados. Para ellos, quienes deben decidir son los miles de campesinos que se encuentran entre la espada y la pared, pues durante muchos años han subsistido como cultivadores de coca mientras soportan las presiones del Estado y los grupos armados.

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